La violencia digital basada en género no es nueva, pero sí se ha vuelto más sistemática y grave. El informe “Hackeá la violencia digital”, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONU Mujeres y Amnistía Internacional, define esta violencia como aquella perpetrada mediante tecnologías digitales, dirigida contra personas por razón de su género. Incluye desde amenazas hasta la difusión no consentida de imágenes íntimas, y afecta principalmente a mujeres, adolescentes y personas LGBTQIA+.
Por ejemplo, durante la primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales en México, se sufrió un ciberataque durante una transmisión en vivo. La agresión ocurrió durante la mesa de diálogo ‘Memoria histórica de la Ley Olimpia’ en el arranque de actividades del segundo día de la cumbre, cuando infiltrados proyectaron imágenes con contenido sexual explícito.
“Siempre apelan a lo mismo: contenido sexual extremo, imágenes de abuso. Buscan disciplinar discursos democráticos, feministas y de derechos humanos”, denunció Victoria Vaccaro, oficial de programas de UNFPA.
Esta violencia no solo genera miedo; limita activamente la participación pública. “Lo que se hackea es eso: las bases mismas de la democracia”, dice Victoria. La sensación de amenaza se traslada incluso a los eventos presenciales, donde hoy se exigen listas de invitados, identificación previa, y mayor seguridad para evitar ataques.
El acceso a herramientas de ciberseguridad no es igual para todas las personas. “Los que nos atacan tienen conocimiento técnico que nosotras no tenemos. Ellos están programando mientras los activismos están en la calle”, explica Victoria. Así se abre una nueva brecha entre quienes pueden seguir hablando, y quienes deben protegerse en silencio.
Desde la pandemia, estas violencias aumentaron. El espacio digital se convirtió en el escenario principal de la vida social y política. Los ataques son más organizados, masivos y dirigidos. Temas como salud sexual, ESI, aborto o igualdad de género disparan alarmas entre estos grupos, que responden con agresiones sincronizadas.
La violencia digital y el rol de las empresas tecnológicas
Las empresas tecnológicas tienen una responsabilidad ineludible en la prevención, contención y reparación de la violencia digital. Sin embargo, en lugar de asumir un rol activo, muchas han optado por retirarse del debate público o incluso desmantelar sus mecanismos de protección.
El viraje es preocupante: empresas como X (ex Twitter) han eliminado filtros de contenido violento en nombre de la “libertad de expresión”, permitiendo la proliferación de discursos de odio, violencia de género y discriminación.
Las herramientas para denunciar contenido nocivo dejaron de ser eficaces, o simplemente ya no están disponibles. “En vez de mejorar sus sistemas de moderación, algunas plataformas directamente han decidido no actuar. Esto deja a las víctimas solas y sin herramientas, y transforma a las redes sociales en zonas liberadas para el odio”, afirma Victoria.
Además, se suma un obstáculo jurídico: al estar radicadas fuera del país donde operan —generalmente en Silicon Valley—, las empresas responden ante otras jurisdicciones y muchas veces ignoran los oficios judiciales locales.
En este escenario, el avance de iniciativas regionales resulta clave. El mecanismo MESECVI de la OEA está trabajando en una ley modelo regional para prevenir la violencia digital, que obligue a las empresas a tener presencia jurídica local en los países donde operan. El objetivo: que los Estados puedan intervenir con mayor eficacia y exigir responsabilidad. Mientras tanto, existen herramientas tecnológicas desarrolladas por terceros —como marcas de agua inteligentes o sistemas de alerta frente a imágenes íntimas compartidas sin consentimiento—, pero su uso sigue siendo limitado y poco difundido.
La prevención de la violencia digital basada en género implica trabajar desde múltiples frentes, pero hoy la mayor carga recae sobre la sociedad civil. En Argentina, la Ley Olimpia —sancionada en 2023— establece lineamientos para prevenir y erradicar esta forma de violencia, incluyendo su incorporación en la Educación Sexual Integral (ESI) y campañas de sensibilización. Sin embargo, aún no se ha definido una autoridad de aplicación clara, y no hay un plan de acción público. “Desde UNFPA venimos trabajando desde 2019, con campañas, cursos para docentes y alianzas con Amnistía y ONU Mujeres”, cuenta Victoria.
Para adolescentes y jóvenes, es fundamental recibir herramientas prácticas: cómo cuidar su privacidad y por qué es importante no replicar contenidos sin consentimiento. “Hay que enseñarles cómo cuidarse, cómo identificar señales de alerta y cómo proteger a sus pares”, explica Victoria.
¿Qué hacer cuando la violencia ya ocurrió? En muchos países de la región, como Argentina, la falta de tipificación penal específica de la violencia digital deja a las víctimas desamparadas. Las denuncias muchas veces no son tomadas o se archivan sin tratamiento. “A veces hay que encuadrar el hecho bajo otras figuras legales, como amenazas, hostigamiento o violación de la privacidad para que se garantice el acceso a la justicia”, dice Victoria. Frente a esto, las organizaciones de la sociedad civil son clave: brindan acompañamiento psicológico, asesoramiento legal y redes de contención entre pares.
El acompañamiento también implica reconocer que el daño no termina con el ataque. Muchas víctimas sufren efectos en su salud mental, su trabajo, sus relaciones, y abandonan espacios de participación pública. Por eso, visibilizar los casos, construir redes, exigir que las plataformas actúen y que los estados legislen, no es solo reparación: es defensa activa del derecho a estar en lo público.
*Artículo elaborado por Florencia Tuchin en Otra Economía
