En septiembre de 2010, Fátima tuvo que atravesar una cesárea porque su cuerpo no estaba en condiciones para un parto natural. Tenía 13 años y había sido abusada por su profesor y director del Centro de Atención Integral de Huehuetenango, Guatemala, un espacio destinado a la protección de la niñez. Cuando supo de su embarazo, la nena venció el miedo (estaba bajo amenaza) y logró decir quién había abusado de ella. También dijo que no quería tener ese hijo, producto de la violación. El Estado de Guatemala no la escuchó.

A pesar de las denuncias, Fátima y su familia sufrió amenazas, y sobre todo el hostigamiento de docentes y personal de la escuela. Tuvo que dejar sus estudios aunque era una de las mejores alumnas. Cuando quiso regresar, le pidieron que contrajera matrimonio y tampoco la dejaron llevar la bandera en las fiestas porque no querían que vieran a una niña embarazada. Pudo transitar esos años escolarizada gracias a  un acompañamiento legal.

Quince años después de aquel parto forzado y seis de que se haya comenzado el litigio internacional, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una condena en contra del Estado de Guatemala por violación de los Derechos Humanos. Se llegó a ella por medio de el Movimiento Son Niñas, No Madres, que reafirma un principio fundamental: ninguna niña debe ser forzada a enfrentar un embarazo y una maternidad no deseada.

Qué dice la condena

El Comité destacó que al forzar a Fátima a mantener un embarazo con el que explícitamente manifestó no querer continuar, el Estado violó sus derechos a una vida digna, a decidir de manera autónoma sobre su cuerpo, a recibir información, y a la igualdad y no discriminación. También resaltó que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, educativos y profesionales de las niñas, y restringe gravemente su derecho a una vida digna.

En otro punto, el Comité reconoció que la violencia sexual, el embarazo y la maternidad forzada que Fátima tuvo que enfrentar le causaron un sufrimiento extremo, que incluyó intentos de suicidio. La negativa del Estado a prestarle los servicios de salud reproductiva a los que tenía derecho constituyó un trato cruel e inhumano, y una forma de discriminación basada en estereotipos sobre la función reproductiva de la mujer.

Medidas de no repetición

Uno de los puntos fundamentales que establece el Comité Internacional por los Derechos Humanos es la medida de no repetición para evitar que ocurran casos similares a lo de Fátima.

Esta decisión, destacan desde el movimiento Son Niñas, no Madres, es “especialmente relevante dado el preocupante panorama guatemalteco en materia de embarazo infantil”.

Las cifras al respecto indican que entre 2018 y 2024, el Registro Nacional de las Personas (RENAP) documentó más de 14.000 partos en niñas de 10 a 14 años (un promedio de 2000 partos por año). Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR), la tendencia se mantiene: entre enero y marzo de 2025 documentó 556 nacimientos en niñas del mismo rango de edad.

Entre las medidas que se le exigen al estado de Guatemala están garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, eliminando barreras médicas, judiciales y administrativas, y fortalecer los protocolos para el aborto terapéutico existentes; emprender acciones para prevenir la violencia sexual, incluyendo el acceso a educación sexual integral. Además, crear una política pública de reparación para sobrevivientes de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada, abarcando educación, salud y acompañamiento psicosocial.

Otra medida es la de crear un sistema nacional de registro unificado que documente casos de violencia sexual y embarazos forzados para diseñar políticas públicas efectiva y capacitar obligatoriamente al personal de salud, justicia y educación en temas de género, niñez y derechos humanos.

El caso Fátima se suma a condenas previas contra Ecuador, y Nicaragua (casos Norma, Lucía y Susana, 2025), y Perú, (caso Camila, en 2023)

A causa de los abusos sexuales y el embarazo no deseado Fátima tuvo ideas suicidas. Aún enfrenta las graves consecuencias de una maternidad forzada y de no haber obtenido justicia y reparación en su caso. Ella desea que a ninguna niña se le arrebate su infancia.