Sin embargo, el informe también sostiene que el consumo es más responsable.

Sin embargo, el estudio —realizado sobre una muestra de 1.200 casos en todo el país— arroja un dato que desafía los prejuicios: la crisis no anuló la conciencia ambiental y social. Al contrario, la restricción económica convive con una búsqueda de mayor sentido de responsabilidad al momento de comprar.
Uno de los hallazgos más potentes del informe rompe con la idea de que el «consumo responsable» es un privilegio de las élites. Los datos muestran que los niveles más altos de conciencia se registran en los sectores de menores recursos, donde más del 50% de los encuestados declara priorizar criterios sociales o ambientales de forma sistemática al elegir alimentos y bebidas.
En total, el 75% de la población asegura considerar el impacto de lo que consume, y un 70% manifiesta estar dispuesto a pagar un costo adicional si el producto proviene de empresas con compromiso social verificado. De hecho, ocho de cada diez consultados ya lo han hecho en la práctica, lo que demuestra que la ética sobrevive incluso cuando el bolsillo aprieta.
El estudio también pone el foco en las deudas del mercado. Para los consumidores, el principal obstáculo para profundizar estas prácticas no es necesariamente el bolsillo, sino la opacidad de las empresas.
En términos de políticas públicas, el informe destaca un contraste evidente con el discurso desregulador vigente. La Ley de Etiquetado Frontal se consolida como una herramienta de soberanía alimentaria con resultados irrefutables:
Si bien la separación de residuos, la reutilización y el ahorro energético son prácticas extendidas en los hogares, el estudio advierte que estas acciones encuentran un techo en la falta de infraestructura estatal e incentivos adecuados.
Finalmente, el compromiso ciudadano hoy parece replegado sobre la esfera individual (donaciones o elecciones de compra) antes que en la participación colectiva. En un contexto de crisis profunda, la «resistencia» del consumidor se manifiesta en la elección de lo que todavía puede comprar, exigiendo una transparencia que el mercado —y el Estado— aún adeudan.
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