En un escenario dominado por la licuación de los ingresos y una recesión que no da tregua, los hábitos de consumo en Argentina atraviesan una transformación forzada. No solo se compra menos, sino que se reconfigura el «qué» y el «cómo». Según el último relevamiento nacional de CENARSECS, el 72% de los argentinos debió recortar sus gastos en los últimos meses como consecuencia directa de la pérdida del poder adquisitivo.
Sin embargo, el estudio —realizado sobre una muestra de 1.200 casos en todo el país— arroja un dato que desafía los prejuicios: la crisis no anuló la conciencia ambiental y social. Al contrario, la restricción económica convive con una búsqueda de mayor sentido de responsabilidad al momento de comprar.
Conciencia en los sectores populares
Uno de los hallazgos más potentes del informe rompe con la idea de que el «consumo responsable» es un privilegio de las élites. Los datos muestran que los niveles más altos de conciencia se registran en los sectores de menores recursos, donde más del 50% de los encuestados declara priorizar criterios sociales o ambientales de forma sistemática al elegir alimentos y bebidas.
En total, el 75% de la población asegura considerar el impacto de lo que consume, y un 70% manifiesta estar dispuesto a pagar un costo adicional si el producto proviene de empresas con compromiso social verificado. De hecho, ocho de cada diez consultados ya lo han hecho en la práctica, lo que demuestra que la ética sobrevive incluso cuando el bolsillo aprieta.
La barrera de la información
El estudio también pone el foco en las deudas del mercado. Para los consumidores, el principal obstáculo para profundizar estas prácticas no es necesariamente el bolsillo, sino la opacidad de las empresas.
- El 39% de los encuestados señaló la falta de información clara sobre el origen de los productos como el principal freno.
- Los precios elevados aparecen en segundo lugar con un 37,8%.
- Más atrás figuran la escasa variedad y las dificultades de acceso físico a estos bienes.
El éxito del Etiquetado Frontal
En términos de políticas públicas, el informe destaca un contraste evidente con el discurso desregulador vigente. La Ley de Etiquetado Frontal se consolida como una herramienta de soberanía alimentaria con resultados irrefutables:
- El 97% de la población reconoce los sellos de advertencia.
- El 80% modificó sus hábitos de consumo a partir de su implementación.
- Más de la mitad de los consultados redujo o abandonó directamente el consumo de productos con exceso de azúcares, grasas o sodio.
Prácticas individuales frente a la falta de estructura
Si bien la separación de residuos, la reutilización y el ahorro energético son prácticas extendidas en los hogares, el estudio advierte que estas acciones encuentran un techo en la falta de infraestructura estatal e incentivos adecuados.
Finalmente, el compromiso ciudadano hoy parece replegado sobre la esfera individual (donaciones o elecciones de compra) antes que en la participación colectiva. En un contexto de crisis profunda, la «resistencia» del consumidor se manifiesta en la elección de lo que todavía puede comprar, exigiendo una transparencia que el mercado —y el Estado— aún adeudan.