La Corte Suprema no tiene previsto tratar durante la feria judicial la apelación del gobierno contra el fallo que suspendió el capítulo laboral del DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei. La Cámara Laboral concedió en la víspera el recurso de apelación presentado por la Procuración del Tesoro pero lo hizo con “efecto devolutivo”, esto es: manteniendo la suspensión provisoria de los alcances del decreto en materia de los derechos de los trabajadores. 

La concesión del recurso habilita la intervención de la Corte Suprema. Pero el expediente tiene una tramitación procesal que implica una serie de pasos. De hecho, si bien el fallo de la Cámara fue firmado el jueves por los jueces Carlos Pose y Alejandro Sudera, y ya fue notificado a las partes, el expediente aún no llegó al máximo tribunal. 

El único juez de la Corte que está en turno durante la feria es su presidente, Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz estuvo entre el 1 y el 7 de enero y Ricardo Lorenzetti, del 1 al 5. Ambos, junto con Juan Carlos Maqueda, están actualmente de vacaciones. 

Como presidente y juez de feria, Rosatti podría convocarlos para un acuerdo extraordinario. Pero para ello debería haber un pedido formal por parte del gobierno para la habilitación de la feria, lo cual hasta ahora no ha ocurrido. 

Fuentes de la Corte aseguraron que no hubo comunicaciones de Rosatti con el resto de los jueces para una reunión de emergencia para tratar la apelación del gobierno contra  la cautelar obtenida por la CGT. “No hay chances de que se levante la feria. Pasa todo para febrero”, dijo a Tiempo una fuente del cuarto piso del Palacio de Tribunales. 

En las últimas horas, un grupo de cámaras empresarias de Córdoba se presentaron en el expediente para apelar, en el mismo sentido que el gobierno, el fallo de la Cámara Laboral que suspendió los efectos del DNU en materia laboral, pero el tribunal rechazó el pedido de manera tajante. 

“La petición resulta inatendible ya que la figura de intervención de terceros resulta inaplicable prima facie en las acciones amparistas, salvo que se trate de un supuesto de intervención necesaria, lo que no puede predicarse en el caso a estudio”, refutaron los camaristas.