La discusión sobre la mejor forma de comunicar la decisión que adoptó el Consejo Directivo de la CGT se llevó gran parte de la reunión del jueves pasado. Es que, a la luz de la envergadura de las denuncias que la delegación cegetista llevó al congreso de Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, señalando la gigantesca ofensiva que implica la reglamentación de la ley de modernización laboral, el cónclave en la calle Azopardo, como reza el refrán, “parió un ratón”.

La Secretaría de Trabajo ya envió más de 800 convocatorias para revisar convenios sectoriales y por empresa.

Jorge Sola, uno de los tres integrantes del triunvirato de conducción de la CGT, al cierre de la reunión que se extendió por casi cinco horas, anunció que  la decisión fue la de avanzar en “la iniciación de la construcción de un plan de acción conjunto junto con las otras centrales de trabajadores para ir haciendo acciones y construyendo en el tiempo un paro nacional junto con una marcha federal que irá en conjunto con la convocatoria a las regionales y al plenario de secretarios generales que vamos a llevar adelante en reclamo de una revisión de todos los hechos que viene haciendo este gobierno”.

El abuso del gerundio fue apenas uno de los recursos para dejar en claro que no habrá medidas de orden general hasta al menos el mes de agosto y una vez finalizado el Mundial de fútbol.

Su socio en la secretaría general, Cristian Jerónimo, declaró al día siguiente en Futurock que la conducción “va a ir viendo” mientras irá “acompañando algunos conflictos existentes con algunas movilizaciones”, como los jubilados. En la misma línea destacó que “estamos también con algunos conflictos como el de Granja Tres Arroyos”.

“Calentar motores”

Para la conducción de la CGT, no habría clima todavía para otro paro general. Para eso, dicen en la intimidad, hace falta “calentar motores” en las luchas sectoriales. Dirigentes explican que, a pesar de los supuestos cruces con quienes defienden la idea de ir a un paro de 36 horas, la reunión transcurrió sin tensiones ya que las diferencias se habrían saldado previamente. La conducción mantuvo reuniones con las confederaciones industrial, de la energía y del transporte y también con dirigentes más díscolos y confrontativos como Daniel Yofra, de la Federación Aceitera, y el camionero Pablo Moyano.

Con todo, no cayó bien la reunión que Héctor Daer tuvo, en el mismo momento en el que se reunía el Consejo Directivo, con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien a través del diputado José Garrido habilitó el quórum para que el gobierno aprobara la reforma laboral.

También hizo ruido la actitud que tomó el SMATA de Ricardo Pignanelli y Mario “Paco” Manrique que, sin que mediara convocatoria compulsiva alguna de parte del Ejecutivo, aceptó incluir en un acuerdo con la patronal de Mirgor (de la familia Caputo), el banco de horas pautado en la reforma laboral para sus plantas bonaerenses que representa. El acuerdo habilitó a la empresa a disponer a su criterio de qué forma deberán cumplir 200 horas mensuales sus trabajadores. Más allá del impacto sobre las condiciones de trabajo, el acuerdo ejerce una presión sobre la UOM para que traslade ese acuerdo a la planta de Río Grande que representa y, más de fondo, resulta una venia a un punto crucial de la política oficial.

Jerónimo, consultado sobre los avances concretos de la reforma laboral, sin embargo, declaró que “no me he enterado de sectores que hayan avanzado en modificar condiciones laborales”.

La cúpula asegura que existe un consenso alrededor de que hay que “construir ese calor en el llano”.

Horizonte

Con todo, prometen, se sostiene la idea de un paro nacional y una marcha federal en el horizonte: “Vamos a armar algo grande y contundente para que, a la hora de accionar, golpeemos al que le está haciendo daño a todos los trabajadores”, advirtió Jerónimo. El dirigente del vidrio reconoció que “sobran condiciones y excusas para hacer un paro nacional” pero, se atajó, “construir un paro no es de la noche a la mañana, se construye con consenso, para que tenga la contundencia necesaria”.

Salida política

La dilación, sin embargo, podría responder a motivos diferentes. El siempre influyente secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, aportó una pista: “Tiene que generarse, fuera del contexto propio del movimiento sindical, una proyección política para que haya un cambio sustancial el año que viene durante las elecciones de 2027”. Los ritmos electorales en general y los de la interna peronista en particular no coinciden necesariamente con los de las luchas gremiales y las necesidades de los trabajadores.

El mismo Jerónimo pareció respaldar esa orientación. “Hacer un paro nacional no es tampoco la salida, la salida es política”, señaló e incluso se metió en la interna del PJ al resaltar que el gobierno “tiene la complicidad de un montón de sectores del peronismo para acompañar leyes que van a contramano del pueblo argentino”.

Para el cosecretario general el desafío de fondo es el de reconstruir “un espacio que la sociedad vuelva a verlo como atractivo”. Para eso, dijo, hay que “darse la oportunidad de volver a generar una transversalidad”. Más en concreto y sin tapujos remató: “No hay que tenerle miedo a una interna”.

Ese parece ser el verdadero horizonte que orienta el accionar de los dirigentes de la CGT.«

En CABA la reforma laboral avanza por decreto

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, se esfuerza por asumir la agenda libertaria como propia. En una suerte de copia de segunda mano el intendente insiste con regimentar y estigmatizar los piquetes, la pobreza y toda lucha popular.

Piensa, es de presumir, que así logrará acumular políticamente en la base libertaria a la espera de su propia chance electoral.
El Ejecutivo porteño acaba de publicar el Decreto 230/26 en el cual no hace otra cosa que ratificar lo dispuesto por la ley 27.802 de modernización laboral libertaria en lo que hace a la reglamentación del derecho a huelga.

Allí, citando la norma nacional, dispone los mecanismos para que los organismos distritales correspondientes garanticen el cumplimiento de la esencialidad para el sector de recaudación de residuos ratificando que los trabajadores, en caso de huelga, deberán garantizar el 75% del servicio.

Al mismo tiempo, aclara que es el SBASE y las secretarías de Transporte y Trabajo distritales las que deben garantizar la prestación del 50% del servicio de subte y colectivos, ahora denominado como «trascendental».