El trabajo realizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) está elaborado con estadísticas del sistema penal y un relevamiento realizado en instituciones penales y policiales dentro del territorio bonaerense.
El organismo de control realiza esta tarea en forma mensual conforme lo establecido por la Ley Nacional 26.827, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Los datos relevados corresponden de principio de año hasta el mes de julio.
De estás muertes, 112 ocurrieron en cárceles, 1 en comisaría y 66 por el uso de la fuerza policial, dando un total de 179. «Nosotros venimos alertando en todos nuestros informes que la mayoría de las muertes son evitables, porque ocurren por falta de atención médica», apuntó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.
Y completó: «Esto ocurre así históricamente, nosotros no sólo identificamos el problema, sino que también recomendamos una posible solución, que las personas en conflicto con la Ley Penal sean atendidas por la salud pública. Porque la salud penitenciaria siempre funcionó de forma deficiente, esporádica y prácticamente nula».
La población en cárceles, alcaidías, comisarías y con monitoreo electrónico es de 60.287, con una variación interanual de +4%, y una tasa general cada 100.000 habitantes de 345. En tanto la sobrepoblación en cárceles y alcaidías 112%, en comisarías es del 54%.
Cipriano en esta línea recomendó: «La justicia debería implementar medidas alternativas a la prisión, como ser, el arresto domiciliario entre otros beneficios liberatorios y semi-liberatorios. Además, hay que tener en cuenta que la cantidad de personas detenidas se duplicó en los últimos 15 años«.
En esta oportunidad el organismo de control elaboró un informe especial sobre la alimentación en cárceles. Se trata de una investigación realizada durante 2023 en penales bonaerenses, se hizo en el marco del Registro Nacional de Casos de Tortura, está titulada “El hambre y la degradación al servicio del gobierno penitenciario”.
«Para este análisis se trabajó con los testimonios de 398 víctimas que padecieron falta de alimentación. Además, se realizaron treinta y cuatro entrevistas en profundidad aplicando una guía de pautas diseñada especialmente para este estudio», explicó el secretario ejecutivo.
Observaron el maltrato sistemático hacia las personas en situación de encierro en materia de alimentación. También la discrecionalidad de las autoridades penitenciarias en torno a su administración y las formas que asume la gestión de este escaso recurso en las cárceles.
En este sentido, cabe destacar que el hambre es un método de tortura reconocido a nivel mundial por todos los lineamientos internacionales en materia de Derechos Humanos. «Porque el hambre atraviesa la trayectoria en el encierro de todas las personas detenidas, existe una alimentación deficiente en términos generales», terminó el secretario ejecutivo.
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