Dos imputados relacionados con el Batallón 601 fueron llamados a indagatoria por el crimen contra el obispo de San Nicolás, ocurrido en 1977. Fue necesario el cambio de juez para avanzar.
El compromiso y la militancia de sectores eclesiásticos y organismos de Derechos Humanos lograron, tras una larga espera, que un magistrado activara el expediente y llamara a indagatoria a Luis Antonio Martínez y Sergio Carlos Bottini -vinculados en su momento al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército-, imputados de haber ocasionado en la ruta 9 (a la altura de Ramallo) la colisión en la que perdió la vida el religioso.
El hecho ocurrió el 11 de julio de 1977, cuando Ponce de León viajaba a Buenos Aires con documentación sobre las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en su Diócesis, que pensaba presentar ante la Nunciatura Apostólica que entonces encabezaba el cardenal Pío Laghi.
El titular de la Diócesis nicoleña tenía en su poder documentos sobre el asesinato de los integrantes de la comunidad palotina, perpetrado días antes en la casa parroquial de la Iglesia de San Patricio, ubicada en barrio porteño de Belgrano.
La instrucción comenzó en agosto de 2004, tras la derogación de las leyes de impunidad y los indultos presidenciales de Carlos Menem, y se demoró durante años en medio de pericias y medidas judiciales dilatorias.
Hasta hace poco tiempo atrás, el expediente estaba a cargo del exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quien el año pasado renunció a su cargo acusado de encubrir narcotraficantes y que en la actualidad está bajo prisión domiciliaria.
Dos años atrás, Bailaque debía resolver un pedido de indagatoria para Martínez y Bottini, formulado por el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, pero la remoción del magistrado paralizó una vez el decurso de las acciones judiciales.
El año pasado, integrantes de la Comisión Diocesana Pro Informe Testimonial sobre Ponce de León, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y otros organismos de DD HH presentaron un pedido ante la Cámara Federal de Apelaciones d de Rosario para que otro magistrado se haga cargo del expediente.
En consecuencia, el juez federal de Rosario, Carlos Alberto Vera Barros, dispuso a principios de julio que Martínez y Bottini sean llamados a indagatoria para el próximo 29 de septiembre.
Los imputados tienen más de 80 años, pero según lo establecido por Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal se encuentran aptos para declarar.
“Creemos que están dadas todas las condiciones y están reunidos todos los elementos como para que la causa avance y se eleve a juicio oral y público”, señaló en diálogo con Tiempo Verónica Bogliano, abogada a cargo de la querella que lleva en esta investigación la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
En agosto de 1976, agentes del III cuerpo de Ejército que conducía el genocida Mario Benjamín Menéndez asesinaron al obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, en un accidente automovilístico fraguado que se orquestó en la ruta 38.
La misma metodología se llevó a cabo con Ponce de León, que desde hacía meses se encontraba en la mira de los represores del área 132 del II Cuerpo del Ejército con sede en Rosario, entre ellos, Manuel Fernando Saint Amant y Luis Américo Muñoz, condenados por delitos de lesa humanidad antes de fallecer.
En la madrugada del 11 de julio de 1977, una camioneta F-100 se cruzó en la ruta y chocó contra el Renault 4 que conducía el obispo. Tras el impacto, Ponce de León murió y su acompañante, Víctor Oscar Martínez, sufrió heridas de consideración.
En una declaración formulada ante la Conadep, en 1984, Martínez negó que la muerte del sacerdote haya sido producto de un accidente.
En la pick-up que provocó el siniestro viajaban Bottini, que era directivo de la empresa Agropolo S.A, y Luis Antonio Martínez, quien era empleado de la firma y manejaba el vehículo utilitario.
Agropolo tenía su domicilio legal en Viamonte 1866 de Capital Federal, en inmediaciones del Batallón 601. Una investigación elaborada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aseguró que muchos edificios y establecimientos aledaños a esa unidad estaban bajo la órbita de ese organismo de inteligencia militar.
En 1978, la Justicia de la provincia de Buenos Aires declaró que la muerte de Ponce de León había sido un accidente. En 2021, y contra la opinión del Ministerio Público Fiscal, Bailaque determinó que no podía establecerse que la colisión se hubiera tratado de un acto intencional.
Esa resolución fue apelada y en 2023 la Cámara Federal de Rosario ordenó mantener abierta la causa. La pericia realizada por el ingeniero Jorge Geretto, que sustentó la hipótesis del homicidio, fue decisiva para que prosiguieran las actuaciones.
Ahora, sin Bailaque a cargo del expediente, la Justicia comienza a dar los primeros pasos para indagar a los imputados y establecer una verdad histórica.
“En tiempos de negacionismo y después de tanto tiempo, estamos dando un paso para establecer la verdad con estos llamados a indagatoria”, afirmó Eugenia Ponce de León, sobrina nieta del obispo y vinculada a una Comisión de San Nicolás que desde hace años impulsa la activación de la causa y la preservación del legado de Ponce de León.
Tras la muerte de Ponce de León, monseñor Justo Oscar Laguna fue designado por la Nunciatura como administrador apostólico de la Diócesis de San Nicolás. “Se trató una virtual intervención de las autoridades vaticanas que tenía como objetivo desarticular la pastoral social que Ponce de León puso en marcha en San Nicolás, y que estaba orientada en favor de los pobres, los jóvenes y los perseguidos por la última dictadura cívico militar”, recordó a este diario el fiscal federal de Rosario Juan Patricio Murray, que abrió la causa de Ponce de León en agosto de 2004.
Laguna nunca dio respuestas sobre la documentación que Ponce de León atesoraba en el Obispado sobre denuncias por la represión ilegal en la zona. El exobispo de Morón aseguró en sede judicial desconocer las amenazas que recibió la víctima por parte de las autoridades militares por sus actividades. Fue procesado por falso testimonio en julio de 2011 y en noviembre de ese año murió sin dar explicaciones.
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