La modificación fue sin diálogo con los gremios y abre un nuevo frente de resistencia. Restringe derechos adquiridos, limita la carrera docente y perjudica a las maestras jefas de hogar.

Mientras el país festejaba la victoria de Argentina contra Inglaterra y a pocas horas del inicio de las vacaciones de invierno, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, publicó en el Boletín Oficial un decreto que modifica el Estatuto Docente porteño.
Un criterio general de este “nuevo estatuto” es que el gobierno porteño responsabiliza de la calidad educativa al docente y excomulga las políticas impuestas por el propio Ministerio. Entre los ítems más polémicos: pone en riesgo la estabilidad laboral, introduce trabas para la continuidad de la carrera docente y presiona a los trabajadores para que no tomen licencias médicas.
En este último punto es necesario recordar que existen miles de docentes y estatales que denuncian que, al tomarse días de licencia, la Ciudad solo les reconoce la mitad y, en algunos casos, retiene más de un 40% del salario. En agosto del año pasado, Tiempo publicó un informe donde detallaba que una empresa privada —denunciada por administración fraudulenta— maneja las licencias médicas porteñas y el gobierno le paga más de $ 7000 millones.
De acuerdo a datos oficiales, solo en 2025 de “un total de 2591 revisiones, el gobierno tuvo que admitir 1843 casos en los que estaban mal rechazadas las licencias”.
Todos los casos consultados coinciden en que el decreto de Jorge Macri es un mar de incertidumbres, ataca derechos adquiridos y viola los pasos legales al no pasar por la Legislatura.
“Desde la Comisión de Legislación del Trabajo de la Legislatura porteña, observamos modificaciones que limitan el ejercicio de algunos derechos adquiridos de los docentes, tales como el tope de dos años a la licencia por cargo de mayor jerarquía, la reducción de los días consecutivos para licencia por examen y la modificación en el cómputo de la licencia por razones particulares, que puede afectar particularmente a los docentes del nivel medio”, explicó a este medio el diputado porteño Matías Barroetaveña que preside la Comisión laboral de la Legislatura.
Para el legislador, la nueva reglamentación abre la puerta a que un docente pueda ser cesado en su cargo, sin sumario previo, por tener una calificación deficiente o dos calificaciones regulares consecutivas.
“Si se implementa de esta manera, no solamente corre riesgo la estabilidad laboral de los docentes, sino que también podría derivar en reclamos judiciales por incumplimiento de la estabilidad laboral prevista en el Estatuto y en la normativa local y nacional”, terminó Barroetaveña.
La diputada porteña Maru Bielli, que preside la Comisión de Educación en la Legislatura, aseguró: “La reforma quita el puntaje por permanencia en la misma escuela, por la presentación de publicaciones y no actualiza el valor de posgrados, maestrías y doctorados”, y recordó que “las reformas del estatuto se votan en la Legislatura” y no se hacen por decreto.
Desde el Ministerio de Educación porteño hicieron girar el mismo paper y bajada de línea a todos los medios. Desde la cartera sostienen que el objetivo es fortalecer la permanencia de los maestros en las escuelas, dar mayor peso al mérito que a la antigüedad y ordenar el régimen de licencias, ante irregularidades. La actualización alcanza a toda la carrera docente, desde el ingreso al primer cargo hasta el acceso a puestos de conducción en las instituciones.
“Nosotros como CTE (Corrientes de Trabajadores de la Educación) estamos construyendo una mirada común como espacio sindical. En el primer aspecto de esta modificación, las docentes que no alcancen el 90% de presentismo por licencias por cuidado de familiar enfermo, se verán perjudicadas a la hora de concursar porque le bajarán la evaluación anual”, contó a este medio Carolina Brandaris, titular de la CTE.
Para la referente educativa este punto es el más grave de toda la iniciativa, porque “las docentes que tienen hijos a cargo, que ya las castigan salarialmente cuando faltan por enfermedad de ellas o de sus hijos, también se verán perjudicadas en la carrera de ascenso por qué sólo con el 90% de asistencia podrán tener las mejores calificaciones anuales”, destaca.
En pocas líneas, desde la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) rechazan esta iniciativa porque se realizó de manera inconsulta y presentaron un planteo administrativo para que se deje sin efecto el decreto del Gobierno local.
Desde la Asociación ADEMYS hicieron una caracterización: “Es una reforma laboral como la que quiere Milei y que Jorge Macri está llevando adelante en CABA. No les importa la calidad educativa: nos quieren disciplinados. Hay que unirse con los estudiantes secundarios del Yrurtia y del Lola Mora que con tomas pelean contra la política educativa del gobierno”, dijo a Tiempo Federico Puy, secretario adjunto del sindicato.
El maestro y referente sindical afirmó que con la reforma del estatuto, los títulos y trayectoria no valen absolutamente nada: “Si no cumplís con el chantaje del 90% del presentismo. Si te enfermás, tenés un imprevisto, querés estudiar o ejercer tu derecho a huelga te hunden la calificación y te bloquean de un plumazo los traslados y ascensos. Esto nos empuja a una situación perversa donde ir a trabajar enfermos se está volviendo la norma y estudiar o perfeccionarse pasa a ser un lujo inalcanzable”, concluyó. «
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