El Banco Central formalizó un nuevo paso en la agenda de flexibilización y desregulación económica dispuesta por el Poder Ejecutivo. Mediante la Comunicación “A” 8460, la autoridad monetaria incorporó formalmente al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en las cuentas sueldo del sistema financiero. La disposición abarca tanto a los trabajadores enmarcardos en el Régimen de Contrato de Trabajo como a aquellos no alcanzados por dicha normativa, consolidando una dolarización laboral por goteo que responde a la matriz de reformas promovida desde la Casa Rosada.
La medida se fundamenta en la cuestionada Ley 27.802 de «Precarización Laboral», una de las herramientas centrales del programa oficialista para desarmar el marco protector del derecho del trabajo. Con esta reglamentación, las patronales quedan facultadas a acreditar las remuneraciones directamente en moneda extranjera, un mecanismo que en la práctica amenaza con profundizar la fragmentación social entre una minoría de asalariados con acceso a divisas y una inmensa mayoría golpeada por la devaluación y los ingresos en pesos licuados por la recesión.
Según lo especificado en la resolución oficial, las cuentas sueldo en dólares mantendrán la gratuidad formal en servicios básicos como apertura, mantenimiento, transferencias y extracciones, igualando la condición de las cuentas tradicionales en moneda nacional. Sin embargo, detrás del anuncio de «costo cero», la letra chica del documento expone severas limitaciones operativas: si bien los bancos deberán garantizar billetes en la sucursal de origen, la disponibilidad de dólares en el resto de las dependencias, cajeros o terminales quedará sujeta a la discrecionalidad y «disponibilidad de numerario» de cada entidad.
El diseño de este esquema refleja el intento del equipo económico por canalizar dólares al circuito formal a expensas de la estabilidad laboral, en un contexto donde el salario real continúa en mínimos históricos y el poder de compra no deja de deteriorarse. Al permitir la fragmentación de la moneda de pago, el Gobierno le otorga una nueva ventaja a los sectores empleadores para renegociar condiciones contractuales bajo la falsa premisa de la «libertad de partes», mientras desatiende las demandas de recomposición urgente para el conjunto de los trabajadores.
La habilitación de los haberes en dólares se suma a una seguidilla de iniciativas —como el envío al Congreso del proyecto de «Inocencia Fiscal»— orientadas a desregular los flujos financieros y eximir de responsabilidades al capital privado. Con esta maniobra, la gestión libertaria avanza en la transformación del mapa laboral argentino, transfiriendo los riesgos de la inestabilidad cambiaria a la clase trabajadora y promoviendo un modelo de competencia desigual que acentúa la disparidad en los ingresos.
