La crisis migratoria en América del Norte no para de crecer en los últimos años a niveles que se superan en cada medición. Además del desastre humanitario que genera, de los conflictos sociales y económicos, el tema es de tal magnitud y gravedad que amenaza con la estabilidad política de los dos principales Estados involucrados: Estados Unidos y México, este último, corredor obligado en el que se concentra todo el flujo migratorio regular e irregular del Río Bravo hacia el Sur.

El tema desvela a sus gobernantes, al punto de que en los últimos meses hubo reuniones de alto nivel y se terminó acordando una agenda de diez puntos en una reunión del pasado 19 de enero entre funcionarios estadounidendes, encabezados por el secretario de Estado Antony Blinken, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Joe Biden se juega su reelección en el conflicto, más aún teniendo en cuenta el ascenso de Donald Trump como candidato, autor del cuestionado muro fronterizo y promotor de políticas de control y expulsión de migrantes.

El mexicano, por su parte, sostiene que hay que atacar las «causas» que motivan a miles de latinoamericanos a buscar un mejor destino en los Estados Unidos, exponiéndose a perderlo todo. AMLO quiere que su vecino del Norte apoye una política regional para mejorar las condiciones de vida en algunos países con situación económica extrema.

En la agenda acordada la semana pasada, consiguió algunos puntos que tibiamente se acercan a esta demanda. Entre ellos, colaborar de forma bilateral y regional en el combate de redes de trata y tráfico de personas y hacer una visita al estrecho del Darién, en Panamá, junto con autoridades panameñas y colombianas, «a fin de revisar el tráfico de personas y ayudar a migrantes». Además se proyecta una reunión trilateral entre autoridades de México, Guatemala y Estados Unidos. Quedó también fijada una nueva reunión bilateral para febrero.

Números escalofriantes

Muy activo e interesado en el tema, el presidente de México se encontró esta semana con tres diputados estadounidenses del lindero Estado de Texas, dos republicanos y un demócrata, para seguir avanzando en esta agenda.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), alrededor de 2,7 millones de inmigrantes cruzaron ilegalmente las fronteras de Estados Unidos entre enero y noviembre de 2023, la mayoría a través de la frontera con México. La cifra constituye un nuevo récord anual.

Todavía pesa el estigma del llamado “título 42” de Donald Trump, que permitió la expulsión de casi 3 millones de personas a ciudades de México, sin estructura para contener a semejante colectivo, causando una crisis de proporciones, según Médicos sin Fronteras, debido a que “no cuentan con la seguridad ni los recursos necesarios para atender sus necesidades”. Esta organización asegura que si bien la normativa caducó, la política migratoria de Biden no se termina de diferenciar de su antecesor, pese a que en campaña se mostraba dispuesto a “humanizar” esa gestión. Incluso el gobierno aprobó en octubre una ampliación del famoso muro. En diciembre último, la CBP registraba unos 250.000 cruces ilegales en la frontera, apenas por debajo del récord mensual de septiembre con 269.735 detenciones.

Antes de que finalizara el 2023, se produjo la primera reunión entre el Secretario estadounidense y AMLO, en México. El presidente de mexicano ya le había hecho saber su posición al propio Biden en una charla telefónica previa y lo recordó públicamente antes de su encuentro con Blinken. “Siempre hemos hablado de que hay que atender las causas, que lo ideal es que se ayude a los países pobres», advirtió en su conferencia matutina ese día. «Lo que se tiene que buscar es que la gente pueda tener trabajo, ingreso, ser feliz donde nació, donde están sus familiares. Eso es lo ideal, no la contención, sino el que la gente no salga de sus comunidades», agregó. Por su parte, México ya se había comprometido a reforzar las medidas de control en la frontera ante el crecimiento aluvional de los últimos tiempos, que saturó el flujo habitual, y está siendo el principal contenedor de los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos en busca de un posible bienestar, no sólo de los que buscan cruzar sino también de los expulsados por el país del Norte.

AMLO fue crítico también de que el gobierno de Biden especule con esta crisis con fines electoralistas. Acaso por la cuestión de transitar esta circunstancia, Blinken no mostró todas sus cartas. Apenas destacó esos días que «la sociedad entre EE UU y México es crucial para la prosperidad y la seguridad en nuestros países y en toda América».

Una muestra dramática de la dimensión del problema fue la imagen de una caravana de 10.000 personas que partió desde Chiapas, al sur de México, con destino a los Estados Unidos, en coincidencia con las conversaciones oficiales. Denominada «éxodo de la pobreza», esta caravana contiene personas que se identifican como originarias de Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití, Cuba, Perú, Colombia y Nicaragua, pero también hay de países como Tailandia y Azerbaiyán.

«Esta caravana representa desafíos para la garantía y respeto de los Derechos Humanos de las personas que la integran, por lo que llamamos a ambos Estados a cumplir sus obligaciones de protección internacional y debido proceso sin discriminación en los procedimientos migratorios, así como prestar asistencia inmediata y auxilio humanitario», advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La ruta de la muerte

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la ONU, la frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. En un informe publicado a fines de 2023 sobre datos del año anterior, señala que 686 personas migrantes murieron o desaparecieron en ese paso fronterizo. «La mencionada cifra representa casi la mitad de las 1457 muertes y desapariciones de migrantes documentadas en las Américas en 2022, el año más fatal que se haya registrado desde que el Proyecto Migrantes Desaparecidos (MMP) de la OIM comenzara con sus actividades en 2014», explicó la OIM. Se presume que esta organización tendrá un rol relevante en los próximos tiempos en este conflicto en particular, debido a que su directora general desde octubre pasado es Amy Pope, quien fuera la principal asesora en estos temas del presidente Joe Biden. Pope, además de ser la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia, es una ferviente defensora de los movimientos migratorios porque cree que contribuyen al desarrollo de las comunidades. Una de sus preocupaciones centrales, es, justamente, la seguridad de las rutas y las posibilidades de desarrollo que se abren para los migrantes desde el sector privado.
Según el informe de la OIM, casi la mitad (307) de las muertes en la frontera entre los Estados Unidos y México estuvieron vinculadas a peligrosos cruces de los Desiertos de Sonora y de Chihuahua, muchas más que otras regiones desérticas del mundo en las que la migración irregular prevalece, por ejemplo en el Desierto del Sahara, donde «al menos 212 personas fallecieron en 2022».
El tema de los peligros a los que se exponen los migrantes, entre ellos el de ser víctimas de redes de trata, quedó contemplado en uno de los diez puntos acordados entre el gobierno de México y altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos el secretario de Estado, Antony Blinken (ver nota principal). El presidente Andrés Manuel López Obrador, venía advirtiendo sobre este tema en meses anteriores. «Tenemos que evitar que se ponga en riesgo a la gente, porque son travesías muy peligrosas y hay traficantes de personas y también organizaciones alentadas con ese propósito», había dicho en una de sus conferencias matutinas previas al primer encuentro con Blinken realizado a fines de 2023.