Es en la causa iniciada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, por el hackeo de cuentas de mails de periodistas, dirigentes políticos y sociales.
Di Lello no pidió aún la indagatoria de Macri, tal como lo reclamaba la denuncia, junto con las máximas autoridades de la central de inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
El fiscal pidió una larga lista de medidas de prueba y reclamó que una vez producida se le corra una nueva “vista” para “expedirse sobre el mérito de las conductas denunciadas”.
Entre las personas espiadas ilegalmente se encuentra un periodista de Tiempo, Gerardo Aranguren, junto a otras 80 personas que sufrieron el hackeo de sus cuentas de mails entre 2016 y 2019.
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La lista de supuestos espiados incluye también a la actual ministra Elisabeth Gómez Alcorta, la ex intendenta de La Matanza y hoy vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el ex jefe de la Policía Bonaerense Hugo Matzkin, Fernando “Chino” Navarro, el diputado Rodolfo Tailhade, Martín Sabatella, Carlos Tomada, entre muchos otros. También hay una larga lista de integrantes de Juntos por el Cambio, como la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, Nicolás Massot, Ernesto Sanz y Ángel Rozas, y el conductor televisivo Luis Majul.
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Entre las medidas pedidas por Di Lello al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi figuran la entrega por parte de la AFI de los legajos de los agentes de inteligencia que operaban la computadora en la que estaba el disco rígido en el que fue hallada la evidencia del hackeo de mails.
Además, pidió la “nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019, el diagrama completo de la estructura de la secretaría en el mismo período y todas las ordenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia”.
Di Lello adjuntó la nómina de todos los presuntos espiados y pidió que declaren como testigos los agentes de inteligencia que pudieron haber recibido “instrucciones” sobre esos correos electrónicos “por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani”.
La medida de prueba fundamental para la investigación parece ser el peritaje sobre el disco rígido para determinar “qué tipo de información contiene, fecha de producción, obtención y/o almacenamiento; su origen tecnológico, y cualquier otro dato de interés”.
El peritaje deberá individualizar “a las personas que tuvieran acceso a la información al momento de su producción, almacenamiento y/u obtención; tipo de archivos hallados, su origen, utilización y/o manipulación; la individualización de los correos electrónicos y si es posible determine su titularidad”.
Di Lello quiere saber qué más había en ese disco rígido: “identifique las credenciales almacenadas en el disco, así como el historial de búsquedas de los navegadores. Asimismo, respecto a los dispositivos extraíbles que pudiera detectarse, y las rutas accedidas mediante ello. Precise fechas en cada caso”.
“Esta fiscalía recuerda haber impulsado con anterioridad este tipo de hechos, en los que se ventilaran maniobras relacionadas con tareas de inteligencia ilegal efectuadas por miembros de la AFI. Por ello con los elementos presentado en la denuncia y en el informe, corresponde iniciar la instrucción penal”, resumió Di Lello.
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