México volvió a pedir un salvoconducto para el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2018), que hace más de un año fue asilado en su embajada en Quito, retirado por fuerzas policiales violando la Convención de Ginebra y ahorarecibió otra condena del poder judicial de Ecuador.

«El Gobierno de México ha solicitado nuevamente al Gobierno de Ecuador un salvoconducto en favor del señor Jorge David Glas Espinel, asilado diplomático mexicano, en términos de los artículos IX, XII y XIII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, tratado vinculante para México y Ecuador», comunicó la Secretaría de Relaciones Exteriores el lunes.

El ente diplomático pidió asimismo a Ecuador «las medidas humanitarias necesarias» para que Glas sea custodiado en un lugar seguro mientras se emite el salvoconducto y es trasladado a México o a un tercer país.

El Gobierno mexicano reiteró esa solicitud luego de que un tribunal de Ecuador pidiera 13 años de prisión para Glas y el exsecretario del Comité de Reconstrucción de la provincia de Manabí, Carlos Bernal, encontrados culpables de «uso excesivo de fondos públicos».

Según el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, Glas y Bernal «abusaron de fondos públicos» recaudados por la Ley de Solidaridad para apoyar a las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.8 que azotó la costa ecuatoriana en abril de 2016, y que dejó 671 muertos. Tras el dictamen del tribunal, ambos podrán presentar un recurso.

La medida fue duramente criticada por el expresidente Rafael Correa, a la sazón jefe político de Glas. «Acá no hay delito, están condenando a Jorge Glas, a Carlos Bernal (…) por construir obras: el Parque Las Vegas de Porto Viejo; el Puente Binacional de Esmeraldas, porque se le ocurrió a la Fiscalía decir que no eran obras de reconstrucción cuando la ley habla de reconstrucción y reactivación económica, y qué mayor reactivación económica que la inversión pública», expresó Correa ante el canal RT.

Glas ya cumplió más de seis años de una pena acumulada por dos procesos por presunta corrupción en una investigación por supuestas coimas de la brasileña Odebrecht y pudo salir de la cárcel mediante el régimen de pre-libertad (con requisitos), hasta que ingresó en la delegación diplomática mexicana tras alegar persecución política en su contra y la judicialización de su caso.

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