El Gobierno Nacional habilitó que cualquier taller pueda realizar la VTV: riesgos, dudas y cuestionamientos

Bajo el disfraz de «modernización», el Gobierno Nacional avanzó en la desregulación de otro sector del transporte, esta vez del automotor. Con foco en la VTV, estableció la actualización del régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial (Resolución 32/2026), y estipula que cualquier taller que figure en el Registro podrá realizar las inspecciones a los autos.

El Ejecutivo habla de «simplificar los procesos administrativos, ampliar la oferta de servicios para los usuarios, garantizar las condiciones técnicas indispensables y mantener los estándares de seguridad vial en un marco más flexible y eficiente«.

Las inspecciones y el registro

Las verificaciones de vehículos podrán realizarse ahora en cualquiera de los establecimientos inscriptos en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. Esto incluye particulares, comerciales, de pasajeros o carga, antiguos y especiales.

El proceso de inscripción en el Registro será «a través de un procedimiento más ágil, previsible y accesible«, según se anunció. Funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). 

«Permitirá la inscripción de todos los talleres que acrediten capacidad técnica suficiente, incluyendo concesionarias e importadores», publicaron. Aunque no se detalló cómo sería esa «capacidad técnica suficiente», cómo se definiría y cómo se evaluará.

Los talleres presentarán una declaración jurada. El Gobierno asegura que se «continuará exigiendo la presencia de un Director Técnico y el cumplimiento de los procedimientos de revisión establecidos en la normativa vigente». Aunque la pregunta que se hacen todos en el sector es quiénes o en qué magnitud harán los controles, ante un Estado recortado hasta el extremo y una Secretaría de Transporte que carece de personal y de inspectores suficientes.

Las críticas

Ya en marzo, cuando el Gobierno anunció la medida hoy publicada, la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y casi 30 empresas del sector rechazaron la reforma, argumentando que los cambios ponen en riesgo la seguridad vial y afectan la “independencia de criterios” de las inspecciones.

La CATRAI y diversas empresas fundamentaron su reclamo en que la extensión de plazos no tenía sustento técnico y que permitir que una concesionaria inspeccione el auto que ella misma vende genera un conflicto de intereses.

Sin embargo, el Ejecutivo descartó los reparos del sector. En cuanto a los plazos, esgrimió que los vehículos modernos poseen mayores garantías de seguridad, por lo que inspeccionarlos con tanta frecuencia es, según el Gobierno, una «burocracia innecesaria».

En el plano de la seguridad vial, la explicación gubernamental citó estudios internacionales que señalan que la mayoría de los siniestros viales ocurren por errores humanos (alcohol, velocidad, distracciones) y no por fallas mecánicas. La respuesta del sector es que justamente ocurren menos siniestros por fallas mecánicas porque hasta hoy estaba siendo más controlado y evaluado profesionalmente. Ahora cualquier taller podrá hacerlo.

En Provincia no entraría la reforma nacional

Se espera que los cambios anunciados por el gobierno nacional no impacten en el territorio bonaerense. En marzo de este año, las autoridades de la VTV ratificaron que no adhieren a las modificaciones: “La VTV sigue siendo obligatoria y se mantiene el esquema de revisiones anuales para vehículos de más de dos años”.

En el mismo sentido se manifestó Martín Marinucci, el ministro de Transporte provincial, cuando a fines de marzo declaró: «La Provincia es una jurisdicción autónoma, como el resto de las provincias. Tenemos una ley que tiene que ver con la verificación técnica vehicular y nosotros sostenemos el mismo régimen“.

“Las verificaciones técnicas vehiculares de vehículos particulares no son potestades de la nación son potestades de las provincias y de los municipios; lo que decía el gobierno nacional no rige en ningún lado que no adhiera”, aseguró a InfoCielo Fabián Pons, titular del Observatorio Vial Latinoamericano.

Respecto a la propuesta de abrir el juego a talleres particulares, Fabián Pons planteó dudas sobre la viabilidad económica del negocio bajo las exigencias de rigor. Explicó que realizar una verificación seria requiere una inversión importante en maquinaria, como frenómetros y sistemas hidráulicos para amortiguación: “Si yo te digo que te podés poner una VTV tenés que cumplir con todo el equipamiento técnico, pero yo no te garantizo cantidad de flujo vehicular”.

Para el experto, el riesgo de este modelo es que las concesionarias se transformen en “juez y parte”, restando credibilidad a un sistema que, según su análisis, ya se encuentra profundamente deslegitimado ante los ojos de los conductores bonaerenses: “Hoy es un trámite burocrático para sacarnos plata y no para decir ‘tengo un buen estado’ del vehículo”.