El martes en horas de la tarde se conoció un preacuerdo alcanzado por los rectores de las universidades nacionales agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional y el gobierno nacional. Si bien, según aseguran los sindicatos, el entendimiento no anularía el diferendo legal por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario la propuesta implica la resignación de más de 20 puntos porcentuales de aumento y el cobro del retroactivo que debería asumir el gobierno según los dispuesto por la norma que se encuentra vigente.
Es que el preacuerdo implica un incremento salarial para todos los docentes de un 21,33% para los salarios del mes de junio sobre el básico de mayo 2026. A la vez se actualizaría en un monto similar la denominada garantía salarial que depende de la paritaria nacional docente. Para para los cargos de dedicación semi exclusiva (20 horas semanales) alcanzaría los $749.000 en términos brutos. La propuesta incluye además una suba del 3% para los salarios del mes de octubre el compromiso de convocar a una nueva paritaria nacional cada tres meses “contemplando” la evolución del IPC aunque sin cláusula gatillo.
La ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso Nacional con mayoría especial luego del veto presidencial cuenta, además, con dos medidas cautelares favorables a los trabajadores que esperan una definición de la Corte Suprema. La letra de esa ley dispone la recuperación del poder adquisitivo a diciembre de 2023. Para eso el incremento salarial debería rondar el 55%. Pero además, según la norma, el cobro de ese diferencial debiera producirse de manera retroactiva, al menos, desde la aprobación de la norma a la fecha.
La propuesta, con todo, no ha sido todavía formalizada por el gobierno a las federaciones que se reunirán el miércoles con las autoridades nacionales. Allí, adelantaron, no estarán en condiciones de dar una respuesta en tanto deberán consultar primero a sus sindicatos de base y a los trabajadores que son los que han venido sosteniendo las medidas de fuerza.
Desde una de las dos federaciones más representativas, la CONADU, lanzaron una consulta a los docentes. Su secretaria general Clara Chevallier explicó a Tiempo que “por ahora estamos en una consulta. Presentaron la propuesta y todo el frente universitario tuvo la mirada de que es una propuesta en consideración de ser puesta en consideración. El trabajo de los sindicatos de base es ir haciendo las consultas e ir construyendo un mandato para el plenario de mañana (por el miércoles) de donde emergerá la posición que debe llevar la CONADU a la paritaria”.
En diálogo como Somos Radio, la dirigente había señalado que “el gobierno es un actor esquivo y no podemos dar por ciertas las afirmaciones hasta que eso no se formalice. Ya tenemos una ley vigente y no se cumple. La paritaria se tiene que abrir y allí escucharemos formalmente si hay una oferta. Ya han llamado a paritaria nacional docente para no ofrecer nada”. Con todo, adelantó que “tenemos el acuerdo de que las acciones judiciales promovidas no se van a dar de baja. El gobierno plantea un escenario extorsivo en el que exige que se bajen esas acciones, pero se trata de una ley que se tiene que cumplir”.
Desde la otra federación, la CONADU Histórica, señalaron que “el Gobierno abrió una negociación con el Frente Universitario” y adelantaron que la “CONADU HISTÓRICA convoca a Congreso Extraordinario” donde “analizará colectivamente la oferta el próximo 11 de junio”. En la declaración que difundieron celebran que la propuesta “incorpora los elementos centrales que contemplamos en la Ley de Financiamiento Universitario: salarios, becas y gastos para sostener las misiones sustantivas y hospitales universitarios”.
Con todo, señalan que “el Gobierno Nacional había planteado como condición para avanzar en las negociaciones retirar la demanda judicial. Tanto el CIN, como las organizaciones sindicales que, como CONADUH, hemos también realizado acciones judiciales, informamos al Gobierno que no se retirarían las demandas”.
La federación afliada a la CTA Autónoma relata que “el Gobierno Nacional cerró el diálogo después de esa comunicación, y el viernes de la semana pasada lo reanudó”.
Finalmente, informan que “la CONADU Histórica resolvió por ello convocar a sus tres instancias deliberativas y resolutivas: la Mesa Ejecutiva Nacional, el Plenario de Secretarías Generales con la finalidad de informar el estado de la cuestión y un Congreso Extraordinario de la Federación que evalúe y resuelva en torno a la propuesta realizada por el Gobierno”.
La organización recuerda que “es importante tener la siguiente información de referencia: el Gobierno Nacional quería imponer modificando la Ley de Financiamiento Universitario desde febrero y hasta antes de iniciar esta negociación una recomposición salarial del 12,3 %”.
Francisca Staiti, su secretaria general, explicó a Tiempo que “en el plenario hubo distintas posiciones sobre cómo se da está negociación inédita. Haremos lo que nos mandaten nuestros congresales el jueves 11 a las 8 de la mañana”.
La conducción de la AGD- UBA, el sindicato de base de la CONADUH más representativo y numeroso aunque en manos de la oposición, adelantó su rechazo a la propuesta aunque deberá debatirlo en sus asambleas de base. En una declaración señalan que “frente al acuerdo del gobierno y los rectores, que se cumpla la ley”.
Más abajo, puntualizan, “hay que rechazar un nuevo apriete del gobierno y la entrega de los rectores” que, dicen, “negociaron una propuesta a espaldas del movimiento docente, que se enteró por los medios”. Más en detalle denuncian que “ofrece un aumento nominal que no llega a la mitad de lo conquistado por la Ley de financiamiento universitario (LFU), representa menos del 8% de la deuda acumulada a junio según la misma ley, y profundizará a futuro la pérdida del poder adquisitivo”.
La lista que conduce la AGD-UBA, liderada por Laura Carboni, señala que “la propuesta incluye un 3% adicional recién para octubre, muy inferior a la inflación estimada del cuatrimestre junio-septiembre”. Por último, dicen, “nuestra exigencia es clara: no pedimos nada que no nos corresponda ni que no hayamos conquistado en las aulas y las calles. No entregamos ni derechos ni nuestra lucha. Que la Justicia se expida sin más dilaciones y que Milei cumpla con la ley”. Con todo, la posición oficial del sindicato se definirá el miércoles en una asamblea de base.
Ambas federaciones ya tienen convocado un paro de una semana para la próxima semana cuyo sostenimiento también estará bajo consideración de los plenarios y Congresos.
