El Senado aprobó  por 43 votos positivos, 2 en contra y 7 abstenciones, el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la Emergencia Territorial Indígena y evita los desalojos. Con modificaciones, la iniciativa deberá ser tratada en Diputados antes del 23 de noviembre, plazo de vencimiento de la ley.

Fue una votación dividida en Juntos por el Cambio. Hubo senadores como Julio Cobos UCR o Gladys González que acompañaron el proyecto, mientras Ernesto Martínez y Julio Martínez votaron en contra. En tanto que Humberto Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, Pamela Verasay, Oscar Castillo se abstuvieron, así como también los integrantes del Bloque Federal Roberto Basualdo, Juan Carlos Romero y la santafesina Alejandra Vucasovich.

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Si bien se esperaba un debate con discursos cruzados entre oposición y oficialismo por la situación que atraviesa la provincia de Río Negro, el oficialismo pidió a la oposición actuar con prudencia y “no mezclar” el accionar de grupos vandálicos en el sur del país con las necesidades de las comunidades indígenas.

Como miembro informante, e impulsora del proyecto, la senadora Nora del Valle Giménez (Frente de Todos) consideró que se trata de “una deuda histórica y una responsabilidad como política de Estado”. Y una “herramienta de pacificación” para evitar conflictos por tierras.

La legisladora explicó que se trata de “una responsabilidad garantizar la paz social y que no se reabran estos conflictos (por las tierras) a lo largo y ancho del país y que esta sea la última prórroga que se otorga”. “Otorgamos esta herramienta para completar los relevamientos técnicos” sobre la cantidad de tierras de comunidades originaras en el país. Y abogó en favor de que “la próxima discusión sea el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar la entrega definitiva de la tierra”.

El discurso más duro fue el del senador Ernesto Martínez quien criticó las prorroga: “No solo se trata de cuestiones administraciones que se demoran desde el 2006. Esto no puede ser así porque ante el desafío de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), votar esta prórroga es un suicidio institucional para nuestro país”.

“Hay que excluir a Río Negro, Neuquén y Chubut y capaz que lo podría votar favorablemente, pero así voto negativamente porque ya la voté en 2013 y 2017-agrgeó Martínez-. Y siempre escuché el mismo argumento: esta vez es la última y se terminará de censar para saber quiénes son los pueblos originarios y que tierras ocupan y que no sigan apareciendo nuevas organizaciones que se proclaman como originarias como pasa en la Patagonia y que pretenden poseer tierras”.

Por su parte, el chubutense Alfredo Luenzo manifestó a la oposición que “al negarse a avanzar y aprobar esta ley. Están negando una reparación histórica a los pueblos originarios. Bajo ningún punto de vista esta prórroga le da consentimientos a grupos que no representan a las comunidades”.

Rodríguez Machado explicó el motivo de su abstención: “Lo que queremos hacer es una modificación que establezca que esta suspensión de los derechos procesales de los argentinos va a ser solo para los casos de que esta ocupación haya ocurrido al momento de sanción de esta ley, no después como ocurre ahora”, expresó.

En su cierre, Cobos manifestó que este es un mandato constitucional. “Hay muchos pueblos indígenas dentro de nuestro país, debemos abordar una solución. Sugerimos que se incorpore a las provincias y los municipios. Se mezclan situaciones que complican, como grupos violentos que ni siquiera reconocen a esta ley, ni a la justicia ni al Estado argentino por lo que nos tenemos que abocar es a los pueblos indígenas por mandato de la Constitución”.

Por su parte, el titular del bloque del Frente de Todos, José Mayans opinó: “Esta reparación consiste en darle a cada uno lo que le corresponde. Tenemos reconocidos, a través de la implementación de esta ley, 32 pueblos indígenas, divididos en 1.600 comunidades y con un reconocimiento de casi 6 millones de hectáreas”.

El texto aprobado prorroga los plazos de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2025, que declaran la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Se suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras.