El anhelo de una reforma tributaria está presente en el gobierno de Javier Milei. De hecho, una parte del establishment argentino viene exigiendo esa medida desde hace muchos años. Discursos que se muestran quejosos de la “presión fiscal” o del desorden de los gravámenes son sólo algunas muestras de esa determinación.
Es en esa línea que desde el oficialismo empezaron a esbozar una propuesta de modificación a gran escala del sistema. Una reforma tributaria considerada “estructural”, como la previsional o la laboral. El primero que realizó un planteo al respecto fue el ministro de Economía, Luis Caputo en una entrevista en el canal de streaming La Casa. Allí afirmó que el gobierno procedería a una división del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
De aquella primera definición oficial, la Casa Rosada dejó entrever una serie de lineamientos más precisos. El Ejecutivo buscaría implementar un “Super IVA” que saldría, en primera instancia, de desanexar la alícuota de ese impuesto que hoy cobra el gobierno nacional (cercano al 10%, resultante del 46% del 21% total) con el de las provincias (el 11% restante) y, en segundo lugar, de unificar esta carga distrital con el actual Ingresos Brutos, que sería eliminado. Este tributo representa, en promedio, alrededor del 80% de la recaudación de las provincias.
El objetivo sería que la unificación del impuesto abra paso a que las provincias “compitan” para bajar sus partes del IVA provincial y así atraer inversiones o radicación de empresas. Cada gobernación fijaría su propio número. Así, el l IVA dejaría de ser coparticipable y su recaudación quedaría en manos de dos entes separados (Nación y cada provincia).
“El esquema propone que las provincias eliminen Ingresos Brutos, que se elimine el esquema de coparticipación del IVA y que cada una de las provincias aplique una alícuota que constituya una especie de IVA provincial, que se adicione a ese 10% generalizado. El problema es que eso implica que cada provincia deje de percibir Ingresos Brutos, pero también el IVA coparticipable. En la práctica, las más perjudicadas van a ser las provincias que tienen una porción de IVA coparticipable mayor. Es allí donde reside el objetivo de destruir el concepto solidario de la coparticipación”, indica a Tiempo Hernan Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En efecto, según un informe realizado por ese grupo de estudios, en 22 de las 24 provincias el “Super IVA” debería ser superior al 20%. En algunos casos, muy superior. “Según nuestros cálculos, haciendo algunas proyecciones, implicaría, por ejemplo, que la provincia de Formosa tendría que aplicar una alícuota de IVA del 111%, más el 10% generalizado. El 121% no tiene ningún sentido. Es inviable. Este gobierno cree que hay provincias que tienen que dejar de existir. Y la propuesta del Super IVA va en ese sentido”. En provincias como Santiago del Estero o La Rioja, esta cifra supera el 90% y el 74% respectivamente.
El objetivo de Milei sería pasar la motosierra por las cajas provinciales, instadas a un recorte del presupuesto y a un nuevo esquema de recaudación. El pasado martes, en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con la única ausencia del gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, la mayoría de los mandatarios provinciales se reunieron y pidieron una audiencia en bloque con el presidente. El punto de mayor preocupación fue casi unánime: la distribución de los fondos y la reforma fiscal.
Letcher indica que la iniciativa del Super IVA responde a una lógica de ajuste general, discutida dentro de la Argentina, con influencia de afuera. “La propuesta tiene dos finalidades centrales. La primera es eliminar el esquema de coparticipación y librar a su suerte a cada una de las provincias en materia de recaudación. La segunda es generar un ajuste fenomenal en el erario público de las provincias que es una exigencia que le ha hecho el Fondo Monetario Internacional o es parte del acuerdo suscripto con este organismo”. «
PROYECTO
Pasado mañana arrancará el debate del proyecto de ley de «Inocencia fiscal» en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. El dictamen podría estar listo una semana después, luego de las exposiciones de especialistas y podría ser tratado sobre fin de mes.
