En agosto de 2025 el gobierno de Javier Milei firmó la cesión de la Central Hidroeléctrica Río Escondido a Hidden Lake S.A., empresa del magnate Joe Lewis, señalado por la apropiación indebida de Lago Escondido en la Patagonia argentina. Esa central hidroeléctrica comenzó a inyectar energía en el sistema nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2017, cuando ingresó al programa de Energías Alternativas RenovAr, promovido por el exministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren (cabe recordar que Lago Escondido, a su vez, fue el destino elegido por el grupo Clarín para reunir a Julián Ercolini –juez que instruyó la causa contra Cristina Kirchner–, Diego Barroetaveña –juez de Casación que falló en contra de la expresidenta– y Carlos Mahiques –padre de Ignacio Mahiques, fiscal en la causa Vialidad).
La dinámica de sesión de negocios energéticos tuvo su inicio en el año 2016, cuando Macri y Aranguren, por medio de la resolución 21/2016, licitaron centrales termoeléctricas en las que se vieron beneficiados amigos, socios y aportantes de campaña.
Eso fue lo que sucedió con la central termoeléctrica instalada en la localidad de Barker, partido de Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires. En ese caso, Aranguren concedió la instalación de una central térmica a la empresa UGEN Energy. La misma planta quiso instalarse en Tandil, pero los tandilenses nos opusimos, y el proyecto debió trasladarse a la localidad vecina de Barker. UGEN Energy es propiedad de MSU –iniciales de Manuel Santos Uribelarrea–, una de las principales empresas agropecuarias de Sudamérica que dispone de campos en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En el año 2017 la usina se instaló en un predio 12,5 hectáreas, sobre la ruta 80. ¿De quién eran esas hectáreas? De la familia del entonces presidente Macri: la Sociedad Anónima Cabalgando, de la tía y de la prima de Mauricio, Graciela Quintana de Blanco Villegas y Luciana Blanco Villegas. ¿Y quién fue la empresa adjudicataria? MSU, de la familia Uribelarrea, aportantes de su campaña presidencial.
Una vez que Aranguren concedió las licitaciones a la familia Uribelarrea, estos consiguieron un crédito por 230 millones de dólares otorgado por los bancos Galicia, ICBC, Macro, y también por el banco Hipotecario de Eduardo Elsztain, donde empezó su exitosa vida de negocios el empresario Marcelo Mindlin.
En su momento, Macri entregó a sus amigos de MSU un negocio redondo del que participaron otros amigos y aportantes: una licitación firmada por Aranguren, un crédito otorgado por el Banco Hipotecario de Eduardo Elsztain y un beneficiario “privado”, amigo de Mauricio y aportante a su campaña. Y, como si faltaran vínculos cercanos en esa fiesta, la prima y la tía del entonces presidente le vendieron a MSU el predio donde la termoeléctrica se instaló.
Más allá del negocio de la energía
Además del negocio energético, MSU (de la familia Uribelarrea) y Cresud (de Eduardo Elsztain), entre 2016 y 2017, ganaron la licitación del 45% de las hectáreas militares de todo el país. Al mismo tiempo, Macri dio de baja un convenio que se había firmado en el año 2013 –durante el gobierno de Cristina Fernández– entre el ministerio de Defensa y el INTA, que permitía que las tierras de las Fuerzas Armadas fueran producidas por el Estado.
El mismo accionar se repite hoy con las 27 mil hectáreas del INTA, tierras productivas que serán arrendarlas con similares mañas.
El robo de guante blanco de nuestra energía se expandió durante el gobierno de Macri, donde se hicieron centrales térmicas chicas por parte de empresas que, sin plata, se financiaron presentando un proyecto –que se pagó solo– a fondos de inversión o a bancos. Presentaron, a la vez, los contratos en la secretaría de Energía, los cuales tuvieron prioridad de despacho al tratarse de energías renovables, desplazando a otras energías más baratas como la hídrica y teniendo prioridad de pago: es decir que, aunque estuviera congestionada la línea, el Estado les pagó la energía igual.
Tanto en el gobierno de Macri como en el actual gobierno de Milei hubo un Estado presente, pero para favorecer a amigos y familiares, a quienes se les garantizó un negocio redondo con habilitaciones, créditos y venta de bienes, y asegurándoles un precio elevado por la energía que el Estado –es decir, toda la sociedad– se comprometió a pagar.
Quienes sostenemos la necesidad de llevar adelante un proyecto nacional tenemos que empezar a dar esta discusión a fondo: el verdadero Estado bobo no es el Estado que paga asignaciones y planes sociales a las familias más necesitadas, sino el que gestionan estos gobiernos que le sirven en bandeja negocios millonarios a amigos, familiares y aportantes de campaña.
* Ingeniero agrónomo y productor agropecuario (zona Tandil).
