Distintos órganos del Poder Judicial Nacional fallaron contra de la Resolución 372/25 del Ministerio de Seguridad de la Nación que dirige Patricia Bullrich. La medida prohíbe el funcionamiento de centros de estudiantes en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El juez Mariano Iturralde, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, resolvió parcialmente el habeas corpus colectivo y de carácter correctivo presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). Se trata de un incidente que este organismo de control interpuesto en favor de los Centros de Estudiantes de Ezeiza y Devoto.
Iturralde, en su fallo de 39 páginas, primero resolvió no hacer lugar al pedido de nulidad del artículo uno de la resolución ministerial 372/25 que inhabilita a los presos a organizarse y formar centros de estudiantes. En segundo lugar, ordenó al SPF que permita a las y los detenidos que concurran a los centros de estudiantes durante «todo el tiempo que sea necesario, para que puedan realizar actividades académicas y extracurriculares». Es decir, que solo estén en el espacio educativo cuando cursan materias de las carreras o talleres.
Otro fallo en favor de los que estudian
Por su parte, el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°2 falló a favor de lo solicitado por la defensora oficial Flavia Vega, que representa a un detenido que estudia en el Centro Universitario Devoto (CUD) y que se encontraba con su derecho a la educación vulnerado.
Ordenó al Servicio Penitenciario Federal: «Garantizarle las condiciones de detención que tenía con anterioridad a la Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación NRO. 372/2025,
permitiendo su permanencia en el CUD de lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas para que trabaje y estudie, conforme Programa de Tratamiento Interno». También solicitó «que se ponga en conocimiento de lo resuelto al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro.16 CABA, a sus efectos».
Además, el Juzgado N°2 pidió informes a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Mariana Arias. La académica brindará datos precisos y detallados sobre el Programa UBA XXII, sobre educación en cárceles federales, que fue creado hace 40 años -en 1985- y es un espacio ganado por la democracia argentina, luego de haber atravesado la última dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia, 1976-1983.
También solicitó información respecto de las actividades de extensión universitaria propuestas en el CUD, que están aprobadas por la autoridad correspondiente. Incluyendo «actividades culturales, recreativas, artísticas, cursos de capacitación o formación profesional».
Asimismo, solicitó información detallada sobre los estudiantes y el cuerpo decente. El fallo de este Juzgado Nacional -de 22 páginas- hace todo un recorrido legal que muestra la inconstitucionalidad de la resolución ministerial.
Resolución de Bullrich
La Resolución 372/25 de la ministra Bullrich fue sancionada el 20 de marzo y publicada en el Boletín Oficial el 25 del mismo mes. A partir de ese momento cerraron todos los centros de estudiantes en todos los penales dependientes del Servicio Penitenciario Federal, los detenidos solo pueden ir en los horarios de cursada.
Desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, el decano Guillermo Durán, dijo a Tiempo: «En el Consejo Directivo nosotros resolvimos que era inadmisible la determinación que tomaron las autoridades nacionales tienen que dar marcha atrás con eso». Y completó: «Para eso, nosotros recurrimos a los Órganos Políticos de nuestra Casa de Altos Estudios».
Centro Universitario Ezeiza
Pablo Escobar, es vocal del Centro Universitario Ezeiza (CUE), del Complejo Penitenciario Federal N° 1, en diálogo con este diario sostuvo: «Celebramos los fallos del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°2. Sabemos que las universidades tienen autonomía y que deben respetarla, sinceramente, es por eso que la resolución de Bullrich sólo nos trae a la memoria los momentos más tristes de nuestra sociedad, las oscuras noches dictatoriales de nuestro país».
Escobar estudia cuarto año de Trabajo Social y explicó que junto a sus compañeros «entendemos que la ministra cerró los centros de estudiantes porque son lugares de organización y lucha permanente para que la educación se siga expandiendo. Para que le llegue a todas y todos nuestros compañeros y no vuelvan más a las cárceles«, concluyó.
