Todo comenzó durante la noche de este martes, en la cárcel de Devoto, los detenidos aplicaron una medida de fuerza ante la arbitraria Resolución 372/25 de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, que prohíbe el funcionamiento de los centros de estudiantes en todos los penales dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).  Hicieron un ruidazo, quemaron colchones y frazadas para reclamar un derecho humano elemental como es la educación.

En este marco, Tiempo mantuvo un diálogo con uno de los estudiantes detenidos que encabeza el reclamo: «No fue un motín. Hicimos un ruidazo para expresar nuestro reclamo  por la reapertura de los centros de estudiantes. Si la ministra quiere cercenar derechos y aplicar torturas, primero tiene que legislar, no lo puede hacer por medio de resoluciones ministeriales, porque es inconstitucional», explicó.

Continuó remarcando. «Lo que la ministra está haciendo va contra todas las leyes legítimamente constituidas. Uno de los casos es la Ley Nacional 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertar, que fue modificada por Ley 26.813, porque lo que ella aplicó, rompe con la progresividad de la pena impuesta que estipula esta norma».

«La misión de la Ley es que las personas -argumentó el universitario- detenidas reconozcamos que hemos cometido un error y que aprendamos a respetar las normas que están establecidas en la sociedad para poder convivir en comunidad. En las cárceles necesitamos educación, formación y capacitación, no castigo y represión».

Cabe destacar que está totalmente comprobado que la educación en contexto de encierro es una herramienta superlativa y que todas las personas que acceden a ella, empiezan a leer a la sociedad en la que viven de un modo distinto. Además, baja el índice de reincidencia, este es un dato que surgió de la práctica y la experiencia.

«Obviamente que nosotros vamos a continuar con nuestro reclamo. La mayoría de las personas que estamos acá militamos la educación en contexto de encierro hace muchos años; somos históricos luchadores ideológicos y culturales».

«Nos cortaron los teléfonos»

En esta línea, cabe recordar, que la Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene el Programa UBA XXII en cárceles federales, que acaba de cumplir 40 años. Se trata de un espacio que fue creado en 1985. Además, el Centro Universitario Devoto, cuenta con decenas de graduados que hoy están ejerciendo carreras en la sociedad. Uno de los abogados es Fabio Galante, que estuvo 12 de sus 57 en prisión, en la actualidad representa legalmente a varios detenidos.

La protesta de los estudiantes en situación de encierro tuvo lugar este martes, entre las nueve y las diez de la noche, en los pabellones 1 y 5. «Ahora nos cortaron los teléfonos para que no hablemos con nadie, nos mandaron la requisa para que nos golpeen y nos rompan todas nuestras pertenencias, como lo hacen siempre que ingresan», denunció el universitario.

«Necesitamos que las autoridades internacionales intervengan -imploró el estudiante- ante esta terrible situación. La ministra no puede lesionar el derecho a la educación y aplicar la tortura en los penales, porque la democracia exhibe -en forma ininterrumpida- más de 41 año en nuestro país», subrayó.

La Resolución 372/25 de la ministra Bullrich fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 25 de marzo. A partir de ese momento fueron suspendidos los centros de estudiantes en las cárceles federales. Por este motivo se realizaron muchas denuncias ante la Justicia Federal, Nacional  e Internacional.  

Durante los últimos días la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) impugnó el fallo del juez federal Sebastián Ramos. Porque el magistrado desestimó un habeas corpus que este organismo de control presentó a favor de la continuidad de estos espacios educativos y formación.

El estudiante continuó reclamando: «Nosotros solo queremos seguir con nuestras carreras universitarias y permanecer en el centro de estudiantes, porque ahí estudiamos, leemos, organizamos proyectos para que la educación se expanda y todo eso nos hace bien«.

Y concluyó. «Ahora quedamos expuestos para que los penitenciarios nos torturen, nos trasladen. Lo peor de todo, es que a través de nosotros, también están torturando a nuestras familias que sufren por todo lo que está pasando».