El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó su informe de ejecución presupuestaria de los primeros cinco meses de 2026 del Gobierno nacional, de enero hasta el 31 de mayo. Los números reflejan varias cuestiones: por un lado, el superávit ficticio porque la gestión de Javier Milei literalmente dejó de destinar dinero a partidas sensibles como obra pública o proveedores, pero por otro lado exhibe cuáles son las prioridades para La Libertad Avanza. Mientras destina el 12% del gasto solo a deuda, ese número supera a Educación, Salud, Ciencia, Vivienda y Trabajo, todo junto.
Entre las principales conclusiones, el informe de CEPA detecta una caída real del gasto total de la APN del orden del -31% interanual respecto a 2023, lo que refleja un ajuste significativo en áreas sensibles de la administración.
Hay pocas áreas que subieron: «Sobresale el incremento de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, con un aumento del 34% respecto a 2023. Por otra parte, los Servicios de Deuda Pública representan el 12% del gasto total, manteniendo un peso relevante en la estructura presupuestaria».
En cambio, Educación significa hoy el 4,84%, muy alejado del mínimo de 6% que establecía la Ley de Educación que el Gobierno buscó derogar con la sanción del Presupuesto 2026.
Salud también es de 4,80%, Ciencia apenas el 1,11%, Trabajo el 0,78% y Vivienda y Urbanismo la nada misma: 0,008%.
Otros sectores también bajaron su incidencia: Promoción y Asistencia Social (en plena crisis) solo es el 2,2% del presupuesto, Agua Potable y Alcantarillado, el 0,113%, y Transporte el 1,92%. ¿Industria? Únicamente el 0,092%. Y Defensa, el 1,76%.
Subejecuciones en áreas sociales
En cuanto a subejecuciones presupuestarias, en materia de organismos públicos se observan fuertes recortes en varias áreas. El Instituto Malbrán (-33%) y la ANMAT (-41%) presentan caídas significativas, mientras que la Superintendencia de Servicios de Salud muestra una baja de -64%. En contraste, el INCUCAI registra un incremento muy elevado (+85%) en su ejecución. Es el único organismo de Salud con números positivos. Los hospitales nacionales con caídas que van del 33% al 51%.
En el sector científico, los recortes son generalizados, con caídas importantes en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-85%), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (-65%), el CONICET (-32%), la Fundación Miguel Lillo (-32%), el Servicio Geológico Minero Argentino (-29%), la CONEAU (-27%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-27%).
El ajuste implica consecuencias concretas. Desde el cuerpo de trabajadores del SMN denunciaron que el despido de 140 compañeros, de los cuales 83 son observadores meteorológicos «implica que hay una ventana de entre 9 y 12 horas que más de 60 estaciones meteorológicas no realizan observación».
«Los organismos de Seguridad Social muestran disminuciones relevantes: ANSES registra un recorte del 7%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del (-75%), y el INAES del (-82%). En los programas de Desarrollo Social se observa una caída casi total en Economía Social (-100%) y el Plan Nacional de Protección Social (-99%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-100%) y Comedores Comunitarios y Merenderos con una caída del -61%«, destaca el informe.
La situación angustiante en comedores
En Posadas, Misiones, está Gionnatan Borboy, coordinador de la Red Alimentar y asesor de la Red de Cocineras Comunitarias. Cuenta que de los 54 comedores relevados en barrios populares de la ciudad, solo un 15% recibe apoyo de Nación. La consecuencia es inmediata: “Hubo una merma impresionante. Antes cocinaban tres veces por semana, hoy lo están reduciendo a una vez”. ¿Qué comen los que ya no tienen qué comer?
A pocas cuadras, Miriam Morales, cocinera del comedor y merendero “Manantial de Vida”, explica que la situación se agravó durante 2025, también con recortes de la Gobernación de Misiones: “Hoy día nos alcanza para cocinar una vez por semana”.
La demanda en la mayoría de los comedores consultados se duplicó. Pero los recursos son cada vez menos. El presupuesto 2026 prevé $ 67.104 millones para Políticas Alimentarias: una reducción del 15,8% frente a los $ 79.700 millones que se destinó a los comedores en 2025. Todo con una inflación de alimentos que viene superando el 3% los últimos meses.
En enero la Justicia habilitó la feria para tratar un pedido del CELS y UTEP, que reclaman que no se interrumpa el proceso de relevamiento e inclusión de comedores en el plan Alimentar Comunidad. La primera respuesta del Ministerio de Capital Humano fue oponerse. Ya en julio de 2025 la cartera de Sandra Pettovello había anunciado el cierre del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. Y en septiembre el Gobierno reconoció que nunca existió la auditoría de los comedores con la que justificaron el quite de fondos.
En Jujuy, la falta de recursos obligó a suspender la atención en distintos momentos del año. Delia Eugenia Vargas, del merendero “A Pulmón”, en San Salvador, relata que durante la pandemia llegaron a asistir a unas 350 personas, «pero hoy intentamos sostener a cerca de 190 para no desbordarnos». En 2025 debieron parar cinco veces: «Fue porque no teníamos mercadería para realizar la merienda o el almuerzo”.
En Corrientes capital, Emilce Villalba sostiene el merendero “Pancitas Llenas” al que asisten 200 personas. Los fines de semana, el espacio recibe desde niños hasta adultos mayores que “vienen a buscar la comida y la leche”, muchas veces provenientes de otros barrios. “No puedo decirles que no, porque no quiero que los chicos de mi barrio sufran lo que yo pasé”, explica.
Sin industria nacional
En materia de desarrollo productivo, los recortes afectan a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (-81%), al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) (-42%) y a otros organismos como el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (-31%) y el Instituto Nacional de Semillas (-47%). También se registran caídas en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (-36%).
Nadie de la Unión Industrial (UIA) salió a rechazar el ajuste en el sector, con pérdidas de cientos de miles de puestos de trabajo formales y el cierre de más de 24.000 empresas.
Pero hay más. Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas también experimentan recortes significativos, a pesar del discurso punitivista y represivo del Gobierno: Policía Federal (-34%), Gendarmería (-30%), Prefectura Naval (-31%), Ejército (-15%), Armada (-19%) y Fuerza Aérea (-18%).
La educación no es prioridad en el presupuesto
En el área educativa, los programas críticos registran ejecuciones casi nulas, como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%), Fortalecimiento edilicio de Jardines Infantiles (-100%), Becas y Gestión Estudiantil (-87%), Acciones de Formación Docente (-89%), Infraestructura y Equipamiento (-97%) y Desarrollo de la Educación Superior (-28%).
«En salud, se destacan programas virtualmente paralizados, como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100%), Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas (-83%), Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (-14%), Prevención de Enfermedades Endémicas (-68%) y Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra (-70%)«, remarcan.
En transporte y obra pública, la ejecución es extremadamente baja, con caídas que van del -89% al -100%, reflejando una virtual paralización de los programas. Lo que significa un boomerang: el econoimista Emmanuel Álvarez Agis habló de una “tragedia macroeconómica” y al señalar problemas groseros en el cálculo oficial del superávit destacó la paralización de la obra pública. Advirtió que al no estar destinandoi fondos para obras se acumulan problemas de infraestructura (por ejemplo, las rutas nacionales) que, cuando estallen, redundarán en mayores gastos.
Hoy no se está destinando dinero para Infraestructura en Municipios (-100%), Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (-95%), Construcción de Rutas Seguras (-94%), Túneles y Puentes Grandes (-100%), Obras de Seguridad en Rutas Nacionales (-100%), Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios (-100%) y el Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo (-96%). En este último caso cuentan con el aval de la Corte Suprema, que cerró la Causa Matanza Riachuelo con la asunción de Milei, aduciendo que ya estaba todo hecho. El Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (-87%) y el Desarrollo de Obra Pública (-98%) también muestran reducciones casi absolutas.
En el territorio son las comunas las que deben lidiar con el ajuste nacional. Cae la coparticipación y se clausuraron los aportes de Nación. Las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios muestran un ajuste casi total. La cooperación y asistencia técnica a municipios cae -97%, la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios retrocede -99%, y los fondos a entes de Obras Públicas (-86%), Transporte (-49%) y Energía (-88%) también se reducen drásticamente. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires el recorte es total (-100%). Representan más de 200 mil millones de pesos.
«En síntesis –concluye el informe–, la administración Pública Nacional atraviesa una reducción marcada de su ejecución presupuestaria, afectando programas clave de salud, educación, desarrollo social, transporte y obra pública, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia. La magnitud de los recortes en programas de impacto social y productivo plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico desafiante».
