El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un pedido formal ante la Justicia para que se habilite la feria judicial de invierno, con el objetivo prioritario de acelerar una sentencia firme en la causa por el financiamiento de la educación superior. La decisión de las autoridades universitarias responde a la sistemática parálisis ejecutiva impuesta por la Casa Rosada, que continúa sin instrumentar los mecanismos fijados por la normativa vigente para garantizar el funcionamiento básico de las casas de alto estudio.
La medida busca destrabar de manera urgente el trámite del expediente luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme una cautelar que ordena al Estado nacional dar cumplimiento parcial a la ley. A pesar del respaldo de la máxima instancia judicial, desde el CIN remarcan que el Poder Ejecutivo incurre en un desacato de hecho, dilatando los tiempos procesales mientras el sistema de educación pública atraviesa una crisis estructural que compromete el inicio del segundo cuatrimestre.
Entre los puntos de mayor fricción, los rectores denuncian que la administración central se niega a aplicar las recomposiciones salariales adeudadas para el personal docente y no docente, además de congelar la actualización de las becas estudiantiles. Esta parálisis no solo erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores de la ciencia y la enseñanza, sino que empuja a miles de estudiantes a la deserción ante la falta de los sostenes económicos previstos por la norma votada en el Congreso.
En su escrito, los representantes de las universidades nacionales solicitaron expresamente que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial que pretende supeditar la validez de la ley a la existencia de una «fuente de financiamiento específica». Para el organismo universitario, dicha maniobra reglamentaria constituye un exceso del Poder Ejecutivo que arremete de forma directa contra las atribuciones del Poder Legislativo, distorsionando el espíritu de la norma aprobada por mayoría parlamentaria.
La resolución queda ahora en manos del fuero judicial, que deberá determinar si hace lugar al pedido de habilitación del receso invernal para dictar una sentencia de fondo. El pronunciamiento resulta determinante para poner un límite a las estrategias dilatorias del oficialismo y definir si el Estado nacional finalmente acatará las garantías presupuestarias que exige la comunidad universitaria en todo el país.
