Hay violencias que son evidentes, como la de la docente en el video que se viralizó hablando de una niña con autismo. Y hay otras que se construyen en silencio, en la omisión, en la falta de respuesta, en la burocracia que reemplaza la acción. A veces, sin embargo, como en este caso, ambas se encuentran.
El caso de una niña neurodivergente en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires —que se hizo público a partir de un video difundido en redes sociales donde su docente -desde una indignante crueldad, falta de respeto y empatía- celebraba que hubiera dejado la institución, afirmando que era “uno menos” entre varios estudiantes con discapacidad y calificando a la niña como “una carga”— expone con crudeza una realidad que no es nueva, pero sí profundamente alarmante.
No se trata de un hecho aislado. Existen múltiples situaciones en las que niñas y niños con discapacidad —y especialmente aquellos neurodivergentes— son excluidos del sistema educativo común, de manera directa o indirecta, a través de prácticas que van desde la falta de apoyos hasta el maltrato, la estigmatización o la ausencia total de intervención estatal.
Un derecho humano
El video que vimos en las redes es la punta de un iceberg lleno de fallas y violencias institucionales. En este caso, los antecedentes son claros y fueron documentados por la familia en presentaciones formales ante el Ministerio de Educación. Desde el inicio del ciclo lectivo se registraron situaciones graves: una niña que estuvo desaparecida durante un recreo sin que nadie supiera su paradero, la reducción arbitraria de su jornada escolar por falta de acompañante, ausencia de respuestas a las comunicaciones familiares y actitudes de destrato y desinterés por parte de docentes, entre muchas otras.
La familia advirtió reiteradamente lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Educación se limitó a la elaboración de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), sin garantizar una intervención efectiva frente a los hechos denunciados, que incluían desde situaciones de negligencia hasta expresiones despectivas por parte de la docente.
Reducir la inclusión a un instrumento formal no solo es insuficiente: es una forma de encubrir la exclusión. Porque la inclusión no es un trámite. No es un papel. No es una adaptación marginal dentro de un sistema que permanece intacto. Es un derecho humano.
Una obligación estatal
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en la Argentina, establece el derecho a una educación inclusiva dentro del sistema educativo general y obliga al Estado a garantizar los apoyos necesarios y los ajustes razonables para que ese derecho sea efectivo.
Esto implica algo muy concreto: todos los niños y niñas deben ser recibidos en la escuela común, y es el Estado quien tiene la obligación de generar las condiciones para que esa inclusión sea real.
Más allá de la crueldad del caso concreto, que merece una sanción ejemplar, la pregunta no es si la escuela y los docentes están preparados. La pregunta es por qué el Estado no garantiza las condiciones para que lo estén. Porque la falta de recursos, de apoyos o de formación no puede convertirse en un argumento para excluir. No puede trasladarse esa responsabilidad a las familias ni, mucho menos, a los propios niños y niñas.
En algunos casos, esta exclusión se expresa de manera directa y dolorosa. Como cuando una docente se refiere a una niña en términos despectivos, incluso en un espacio público como una red social. Esas conductas son inaceptables, repudiables y deben ser abordadas con la seriedad que corresponde. La docente debe ser sancionada y se debe garantizar que no continúe reproduciendo estas prácticas en otras instituciones.
Un factor estructural
Pero sería un error reducir el problema a responsabilidades individuales. Porque en la gran mayoría de los casos, las y los docentes también enfrentan condiciones que dificultan el ejercicio de una inclusión efectiva. Trabajan sin los recursos necesarios, sin formación suficiente en educación inclusiva, sin equipos de apoyo, sin acompañantes, sin tiempo institucional para planificar, sin herramientas para abordar situaciones complejas. Se les exige incluir, pero no se les garantizan las condiciones para hacerlo.
La falta de acompañantes, por ejemplo, es el resultado de un sistema profunda y no casualmente burocratizado, donde las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y, en muchos casos, el propio Estado, demoran o dificultan la autorización de prestaciones esenciales. A esto se suma un nomenclador desactualizado y aranceles insuficientes, que desalientan a profesionales a desempeñar estas tareas, generando una escasez estructural de acompañantes.
En este contexto, las familias quedan atrapadas entre la urgencia de garantizar la escolaridad de sus hijos e hijas y un sistema que responde tarde o directamente no responde.
Este escenario no puede desligarse de un contexto más amplio. En la Argentina atravesamos una situación de emergencia en discapacidad, agravada por políticas regresivas a nivel nacional que han implicado recortes, desfinanciamiento y debilitamiento de los dispositivos de apoyo. Esto impacta directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y, de manera particular, en sus trayectorias educativas.
Por eso, el foco no puede ponerse exclusivamente en las personas. Tiene que ponerse en las condiciones. Porque la inclusión no depende solamente de la buena voluntad individual, aunque por supuesto también es necesaria: depende de políticas públicas, de financiamiento y de decisiones concretas.
Esto se vuelve especialmente evidente en el caso de las infancias neurodivergentes. Las niñas y niños no necesitan ser “adaptados” a la escuela: necesitan que la escuela garantice las condiciones para que puedan aprender y participar en igualdad.
La inclusión no es solo una obligación frente a los niños y niñas con discapacidad. Es una condición para educar a toda la sociedad. Una escuela que incluye no solo garantiza derechos individuales: también enseña a convivir con la diversidad real, a construir vínculos en igualdad, a reconocer al otro como parte. Si esa convivencia no ocurre en la escuela, difícilmente ocurra después. Y que no ocurra en la escuela lo que hace es condenar a las personas con discapacidad a vivir en una sociedad que no aprendió -ni siquiera en la escuela- a convivir en la diversidad.
Sostener que los niños y niñas con discapacidad deben estar en la escuela común no es solo una reivindicación de derechos individuales. Es una decisión colectiva sobre qué sociedad queremos construir. La educación especial debe ser una opción para las personas con discapacidad y sus familias cuando consideren que es la mejor alternativa para sus trayectorias educativas. Muchas veces, esa elección está atravesada por las dificultades que aún persisten para garantizar una inclusión plena en las escuelas comunes. Pero esa realidad no puede naturalizarse ni convertirse en un destino predeterminado: es, en todo caso, una expresión de las deudas que todavía tenemos como sociedad en materia de igualdad e inclusión.
El objetivo debe ser claro: que todas las niñas y niños puedan ser incluidos en cualquier escuela, con los apoyos necesarios. Y eso requiere decisión política. Requiere financiamiento educativo suficiente y sostenido. Requiere docentes formados, equipos interdisciplinarios, acompañantes, recursos materiales, capacitaciones y dispositivos de acompañamiento institucional.
La inclusión no se resuelve respondiendo solo a un caso individual. Se garantiza como política pública, para todos y todas, todos los días. Cuando eso no ocurre, lo que aparece es la expulsión. Y esa expulsión, que hoy vemos por un reel que se viraliza en una red social, es la misma que, desde hace años, viven en silencio miles de niñas y niños en nuestras escuelas. Una deuda estructural que el Estado aún no ha saldado y que ya no puede seguir siendo ignorada.
