Los dos expresos políticos se conocieron hace relativamente poco, pero son los únicos abrazados entre el público de la sesión legislativa que se desarrolla en el ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana. La jornada es histórica: a metros de donde ellos permanecieron cautivos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, en el centro clandestino de detención recuperado desde 2018 para la vida comunitaria, la Unicameral cordobesa no sólo sesionó a 48 años del Golpe sino que aprobó una capacitación obligatoria en Derechos Humanos para todos los agentes del Estado. Margarita Zeniquel y Félix Rodríguez, los nombres de los dos sobrevivientes que de seguro nunca imaginaron esta voltereta del destino: en el mismo lugar donde vivieron el terror, el miércoles 27 de marzo las banderas de Memoria, Verdad y Justicia estuvieron bien alto.
Las gestiones para que el pleno legislativo -70 parlamentarios- se trasladara a 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba las encaró Trabajadoras Unidas por la Tierra, la organización social que tiene permiso de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para gestionar parte del predio estatal. Lo bautizaron Refugio Libertad, y en estos casi seis años, además de cultivar la tierra y criar animales, el colectivo de trabajadoras rurales enrolado en la UTEP desarrolló un galpón de reciclaje, una bodega y sala de extracción de miel, un merendero, un ropero comunitario, un espacio para infancias y una biblioteca y centro cultural. Una experiencia que incluye un secundario para adultos y una granja para jóvenes en recuperación del consumo problemático de sustancias, además de un sitio de Memoria, claro, porque el predio está reconocido como CCD desde el mismo 2018, oficialmente señalizado desde el 2 de julio de 2022.
La referente Mercedes Ferrero toma el micrófono ante el salón lleno para reafirmar ante los 70 legisladores que “no se puede recuperar la tierra sin recuperar la Memoria”. La sala de audiencias se escenificó en una de las baterías o cuadras donde antaño dormían los conscriptos; en lugar de dos filas de cuchetas metálicas triples y suboficiales a cargo hay ahora 80 bancos escolares prestados por el IPET 265 de José de la Quintana. Es la única escuela secundaria de la zona, y también está de estreno: dos días antes incorporó el nombre de “Senador Luis Carnevale”, fundador del colegio asesinado por el terrorismo estatal. No es el único homenaje: la ley aprobada en la sesión lleva el nombre de Sonia Torres, referente de Abuelas de Plaza de mayo filial Córdoba y luchadora incansable por los Derechos Humanos hasta su muerte a fines del año pasado, y los parlamentarios entregan un reconocimiento a Luis Miguel “Vitín” Baronetto, ex director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, ex preso político, biógrafo de monseñor Enrique Angelelli, militante político y por los Derechos Humanos. Si algo no faltó fueron emociones en esta jornada inédita para el interior provincial.
Ferrero y la referente Jimena Ludueña fueron las encargadas de darles a la bienvenida a los legisladores que de manera extraordinaria sesionaron fuera de la capital provincial. Contextualizaron que el lugar “no fue un predio menor en el marco del terrorismo de Estado, sino cabecera de la subárea 3117 dentro del área 311 del tercer Cuerpo de Ejército” que comandaba en los años de plomo el genocida Luciano Benjamín Menéndez. Que el lugar “permaneció muchos años en silencio, y fue abandonado y después saqueado y vandalizado”; y que hoy “una de las grandes deudas de la democracia tiene que ver con la ruralidad y con que quienes producen alimentos sanos en el país están bajo la línea de pobreza”. “En materia de Derechos Humanos es necesario legislar para fortalecer el arraigo rural”, señaló Ferrero, al tiempo que Ludueña contó que desde hace un par de años vive en una casa del exbarrio de Oficiales donde su madre era trabajadora doméstica cuando el cuartel estaba activo.
Capacitación obligatoria en Derechos Humanos
Los parlamentarios tomaron nota, aunque la sesión especial tenía un objetivo central: aprobar el proyecto del legislador socialista Matías Chamorro para que todos los agentes del Estado pasen por una capacitación obligatoria en Derechos Humanos. El debate de tres horas estuvo cruzado por algunos planteos extemporáneos realizados por bancadas minoritarias y un consenso general de reafirmación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, donde el gobierno provincial de Martin Llaryora plantea una continuidad en las políticas públicas desplegadas por las gestiones anteriores. Así, Chamorro destacó que la ley finalmente aprobada “busca asegurar que la dignidad humana siga siendo el pilar de nuestra sociedad y que los agentes del Estado estén debidamente preparados para proteger y respetar los Derechos Humanos, fortaleciendo nuestra democracia”. En tiempos de reflote de la teoría de los dos demonios, negacionismos variopintos y pedagogía de la crueldad, el aliado del oficialismo provincial destacó que “esta iniciativa pretende brindar herramientas con un profundo sentido pedagógico, que redunden en un fortalecimiento democrático y sus instituciones”.
El sitio de Memoria que funciona en el Refugio Libertad desarrolla un guión con eje en lo ocurrido durante la última dictadura, pero no sólo: quienes visitan el predio conocen la historia larga del lugar, desde su creación en el primer peronismo hasta su cierre con el menemismo y los proyectos que le dan vida hoy. La parábola inicia con aquel proyecto de Argentina industrializada llamada a tener un rol en el concierto de los países del mundo, hasta el peronismo privatizador de los 90 que remató a precio vil las joyas del Estado y el proceso de recuperación material y simbólica que tiene lugar hoy.
En ese arco de 40 años operativo es que el ex GA 141 fue parte de las tropas que reprimieron el Cordobazo, participó en el Operativo Independencia en el monte tucumano y funcionó como centro clandestino de detención y tortura, en circuito con otros CCD de la zona y la capital provincial. En 1978 los soldados fueron movilizados al sur, por el conflicto por el Canal de Beagle; algún cañón pesado mandó a Malvinas y en los 80 alojó “detenido” al propio Menéndez.
Cerrado en los primeros años 90 tras la derogación del servicio militar obligatorio, en antiguos túneles construidos en los fondos del predio se almacenaron los proyectiles recolectados en la ciudad de Río Tercero, tras el atentado.
Además de secuestros y torturas, existen denuncias sobre fusilamientos y enterramientos clandestinos, y también testimonios sobre delitos de lesa humanidad ocurridos incluso antes del Golpe de Estado. Por caso, el de una niña -sobrina del enfermero- que vacacionaba allí y asegura haber permanecido cautiva durante ocho meses y quedado embarazada tras los múltiples abusos sexuales sufridos a manos de un oficial. Además de parir en las peores condiciones, su bebé -hoy un hombre de 49 años, al que sigue buscando- le fue robado.
A pesar de tamaños antecedentes, en el predio de 880 hectáreas florecen los proyectos y germinan las semillas de una mejor vida posible. “A mi el Refu me salvó la vida” cuenta uno de los jóvenes que asiste a la Granja que funciona en la ex Mayoría, donde la organización Hogar de Cristo lleva adelante una experiencia para que jóvenes con consumo problemático de sustancias puedan soñar un futuro distinto. “La reconstrucción de la historia es de qué lado de la mecha te parás. Un lugar que desamparó en los 70, ahora es un lugar que abraza” escribieron en la dedicatoria de “Drogario”, el libro de poemas que editaron el año pasado.
Es en clave de buen vivir y comunidad rural organizada que se planifican compras comunitarias, que les niñes de la zona disfrutan de un espacio de cuidado y que delegaciones de todo el país concurren a formarse en la sede de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular que funciona en el ex Casino de Oficiales. La experiencia avanza, a pesar de que en estos casi seis años las trabas no han sido pocas: dos incendios intencionales, múltiples ataques de odio presenciales y virtuales, y hasta un allanamiento en plena pandemia, tan concurrido como poco sustentado. Esas son sólo algunas de las vicisitudes que les tocó atravesar a las más de cincuenta personas que trabajan allí a diario.
La etapa que se abrió el 10 de diciembre interpela al campo popular y a los militantes de Derechos Humanos en particular. Es entonces cuando resulta necesario ensayar formas posibles para la defensa de las banderas de Memoria, Verdad y Justicia; Tierra, Techo y Trabajo. Apostando a más institucionalidad -en esa clave puede leerse lo que ocurrió el 27 de marzo, también los convenios y articulaciones con universidades y el propio Estado- y a mayor organización popular, caminos complementarios que bien pueden ser referencia para experiencias similares a lo largo y lo ancho del país. Aún ante escenarios hostiles, apelando a la creatividad y la fuerza del trabajo, para imaginar otro mundo posible y un futuro modelado con nuestras propias manos. «
