El valor de la Canasta Básica Total para una familia integrada por dos adultos y dos menores en febrero llegó hasta los $690.901 según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata de una suba del 15,8% con relación a su valor del mes de enero que la ubica por encima del nivel general de precios que lo hizo en un 13,2%. El dato sirve para confirmar los pronósticos de una suba senisble de la pobreza en los primeros tres meses del actual gobierno.
En forma interanual la canasta que establece la línea de pobreza se incrementó un 290,2% en tanto en el mismo mes del año pasado la misma alcanzaba los $177 mil.
De ese modo, una familia de esas características necesitaría reunir el equivalente a 3,85 salarios mínimos que, por disposición ministerial, llegó a $180 mil en el mes de febrero. Dicho de otra forma, el salario mínimo vital y móvil equivale a apenas el 26% de la Canasta Básica Total que mide el umbral de la pobreza. Se trata de la relación más baja desde que el INDEC normalizó sus informes estadísticos y que encontró el punto más alto en enero de 2017 cuando, el salario mínimo vital y móvil equivalía al 60,5% de la CBT.
De entonces a esta parte el haber mínimo perdió un 57% de su poder adquisitivo con relación a los bienes y servicios incluidos en la Canasta Básica Total. Si bien en el período se registró un lento deterioro del haber mínimo, fue en el último año cuando se produjo un drástico retroceso que implico una caída en términos reales del 32% con relación a la CBT. Sólo desde diciembre la caída en términos reales fue del 17%.
Todavía peor resulta el análisis de la evolución del salario mínimo con relación a la Canasta Básica Alimentaria que es la que establece la línea de indigencia y que en febrero de este año llegó hasta los $322.851 luego de un incremento mensual del 13,1% e interanual del 301,1%.
De este modo, un salario mínimo alcanza para cubrir apenas un 55% de la canasta alimentaria cuando, en enero de 2017, servía para afrontar el valor de 1,45 canastas de indigencia. La pérdida de su poder adquisitivo con relación a los bienes alimentarios desde entonces acumula un 62%.
