El 8 de julio, el gobierno nacional oficializó la modificación profunda del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) mediante el decreto 462. Aunque no lo disuelve formalmente, el nuevo marco legal implica una intervención directa y la desarticulación de buena parte de su estructura. Según especialistas, el cambio rompe con la razón de ser de uno de los organismos clave del Estado en materia agropecuaria y desarrollo rural.
El INTA es una de las instituciones científicas más relevantes del país y tiene un impacto directo en los territorios, en la producción agropecuaria, en la vida rural y en la articulación con provincias, universidades y organizaciones. En diálogo con Tiempo Rural Héctor Espina, director nacional entre 2015 y 2019, explicó que “el INTA nació con una visión de desarrollo regional, integrando investigación, extensión y educación rural, esa combinación lo hace único y fue pensado para mejorar la competitividad en las regiones pero también la calidad de vida rural”.
Ese enfoque hoy desaparece ya que el decreto elimina las agencias de extensión rural y con ellas la descentralización, que era uno de los rasgos fundamentales del INTA. “Las regiones definían sus prioridades, ahora todo se concentra en Buenos Aires, pero el algodón se hace en Chaco, la vid en Cuyo, las ovejas en la Patagonia, no se puede hacer política agropecuaria desde Capital Federal” detalló.
Otra preocupación es la eliminación de los mecanismos de participación que eran los consejos regionales, donde confluían provincias, productores y universidades, y ya no forman parte de la estructura porque “hoy decide un presidente que en realidad es un interventor, eso no es el INTA y nunca lo fue”. El ex director también critica las contradicciones del gobierno ya que “hablan de meritocracia, pero en el nuevo consejo técnico que define qué se investiga y qué no, la mitad puede no tener título universitario, incluso pueden haber terminado sólo la primaria, y esas personas van a decirle a un director con doctorado qué hacer, no tiene sentido”.
En su análisis Espina sostiene que el vaciamiento del INTA implica también un fuerte retroceso económico. A lo largo de su historia el instituto demostró ser altamente rentable y en 2019, un estudio conjunto del INTA y la universidad CEMA, realizó una estimación cuantitativa rigurosa del impacto de la investigación pública. Ese estudio demostró que en los últimos cincuenta años “el índice de crecimiento de la productividad total de los factores (PTF), que mide la relación entre los insumos utilizados y la producción obtenida, creció de un valor base de 100 en 1973 a 275 en 2016”. Este aumento del 175% “es el resultado de una innovación tecnológica que se visualizó en el desarrollo de nuevas variedades de semillas, mejoramiento genético animal y prácticas avanzadas de cultivos” detalló.
Para Espina, nunca antes se intentó un vaciamiento de esta magnitud ya que “no quieren achicar el Estado, quieren achicar la Argentina, y el golpe más duro lo van a sentir las provincias. En la ciudad tal vez no se entienda bien qué hace el INTA, pero en los territorios lo conocen, porque ahí trabaja con productores, comunidades indígenas, escuelas rurales y todo eso se está perdiendo”.
También responde a las burlas que ridiculizan la tarea de la institución por parte del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quién en la conferencia de los anuncios de vaciamiento del estado “se mofó de un recetario wichí, y nosotros estamos orgullosos de ese trabajo, porque sabemos que hay desnutrición y que para que esos pequeños productores puedan producir necesitan comer, tener agua, mejorar su salud”. Espina detalla que el instituto a lo largo de los años realizó proyectos en las zonas más pobre del país, capacitando tejedoras, incorporando diseñadoras, y lograron que los trabajos realizados hoy se vendan en ferias internacionales. “Eso también es desarrollo, aunque a algunos les resulte muy complejo de entender” detalló.
Frente al escenario actual, insiste en la necesidad de una respuesta política y propone redoblar el trabajo con legisladores de la Comisión Bicameral y con los gobernadores, que se expresaron a favor del instituto. “Seguramente habrá recursos de amparo porque esto viola la ley bases, de eso no tenemos dudas y es ahí donde hay que actuar, porque el INTA no puede ser reemplazado”, explicó.
A pesar de todo, Héctor Espina apuesta al futuro y sostiene que el INTA debe ser reconstruido ya que “si no existiera, habría que crearlo” y denuncia que con las medidas del gobierno nacional “lo único que queda es una estructura intervenida, con un presidente que define qué centros sobreviven y cuáles no. Eso no es el INTA, y nunca debería serlo”.
Espina trabajó durante 37 años en el organismo. Desde que se jubiló, colaboraba ad honorem como Profesional Asociado, un rol que, según él mismo relata, asumió “movido exclusivamente por el amor a la institución”. Sin embargo, tras la publicación del decreto, presentó su renuncia a ese rol. “El INTA que teníamos dejó de existir”, afirmó en una carta enviada al actual director del instituto, Ariel Pereda. “Hoy siento que me retiro, con mucho pesar” detalla en el texto y denuncia que el nuevo marco impone un modelo centralizado y unitario, sin articulación con provincias ni cadenas de valor, y donde la extensión y las agencias territoriales tienden a desaparecer, porque “pasamos a un organismo alejado de la verdadera conducción”.
