En medio del fervor mundialista avanza el proyecto oficialista de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que no solo facilitaría desalojos sino que también habilitaría la extranjerización sin límites del territorio argentino. El tema podría tratarse esta semana en el Senado, tras haber sido postergado en la sesión de hace diez días. Pero el rechazo crece: a las más de tres mil firmas en contra se sumó en las últimas horas un pronunciamiento de la Iglesia, que advirtió que la iniciativa “atenta contra la soberanía, los alimentos y los bienes comunes” de los argentinos.
“Nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas, deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas— y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales. También resultan alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido”, manifestaron Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, en una carta abierta a legisladores.
Desde las Comisiones Episcopales de #PastoralSocial y #PastoralAborigen, por medio del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (#ENDEPA); conjuntamente con la Comisión Nacional de @CaritasAR, compartimos la #CartaAbierta enviada al cuerpo de legisladores con motivo de la llamada…
— Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) June 16, 2026
“Pedimos a quienes intervengan en el debate de este proyecto, guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”, reclamaron las voces de la Iglesia católica, mediante un texto que cita la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV. “Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”, alerta el documento.
“La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico. Como nos recuerda el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’, la tierra es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija. De ella provienen los alimentos, el agua, las semillas, los paisajes y las múltiples formas de vida que hacen posible nuestra existencia. Cuidar la tierra es cuidar la vida”, plantea la carta que se puso en circulación este martes.
La normativa que impulsa el gobierno de Javier Milei incluye la derogación de aspectos clave de la Ley de Tierras, sancionada en 2011, que establece un límite del 15% a la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial. Actualmente ya hay 13 millones de hectáreas en manos foráneas: cerca del 5% del territorio nacional, el equivalente a la extensión de Inglaterra. Como demostró el Observatorio de Tierras en su Mapa de Extranjerización, pese a la vigencia de la normativa hay 36 departamentos que ya exceden el límite fijado. Eliminar ese tope habilitaría la extranjerización sin controles ni restricciones.
