El jueves 11, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) volvió a publicar un informe tras casi 10 días de apagón informativo ordenado por la Comisión Supervisora que dirige el libertario Alberto Benegas Lynch.
La OPC es un organismo técnico de elevado prestigio, que en forma periódica publica informes sobre cuestiones fiscales, financieras y administrativas tanto de la administración pública nacional como de las provinciales. Además, elabora informes específicos en función de los debates parlamentarios como soporte técnico de los legisladores.
Pero dos semanas atrás se constituyó una Comisión Supervisora parlamentaria que como primera medida emitió una serie de resoluciones que dispusieron, entre otras cosas, una auditoría y la reformulación del plan de trabajo anual de la OPC.
La exigencia de la presentación de un plan de trabajo reformulado tuvo como derivación la imposibilidad de publicar nuevos informes ya que éstos se dan a la luz en función del plan en tanto éste está aprobado.
Así las cosas, y ante la presión de legisladores y otros interesados, la Comisión Supervisora autorizó la publicación de los informes periódicos, con lo que este jueves se distribuyó el “Análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional” correspondiente al mes de mayo. Pero la OPC no puede hacer lo propio con los informes específicos que acompañan la coyuntura y sirven de respaldo técnico de los legisladores.
Por otro lado, continúa una auditoría impulsada por los libertarios. Sobrevuela la sospecha de que en realidad el oficialismo busca recortar los informes de la OPC dado que muestran la realidad de la marcha de la economía y del estado de las cuentas fiscales, bastante alejada del relato ultraderechista.
Además, el recurso de la “auditoría” ha sido empleado en muchas ocasiones por la Casa Rosada como excusa para desfinanciar sectores enteros o programas públicos, desde las universidades nacionales hasta los planes sociales, pasando por los hospitales nacionales (el caso del Garrahan es el más notorio) y las políticas destinadas a la población afectada por discapacidades.
