Además del Presupuesto 2021, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tratará otros proyectos de ley favorables a los desarrolladores inmobiliarios y la especulación financiera con la tierra pública.  Este jueves se realizará la segunda lectura para aprobar dos convenios urbanísticos para ampliar la capacidad constructiva de dos predios ubicados en Villa Crespo y en Palermo. Los proyectos establecen convenios que permiten construir edificios de más metros y locales comerciales a cambio de dinero que, según argumenta el Gobierno porteño, será destinado para afrontar la Emergencia Sanitaria por la pandemia del coronavirus.

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Se trata de los terrenos pertenecientes a Sastrería Militar, ubicados entre la avenida Dorrego y las calles Clay, Báez, Huergo y el Campo Argentino de Polo, que habilitan a las empresas Kilómetros S.A y Arkinver S.A, dueñas de los terrenos, a construir una torre de 96 metros de alto a cambio de 2.5 millones de dólares y la cesión de una de las parcelas para construir una plaza.

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El otro es por el polígono ubicado en Fitz Roy, Vera, Ramírez de Velasco y las vías del ferrocarril San Martín. Allí le da lugar a la empresa Koolhaas S.A a incrementar la superficie de construcción de 40 mil a 51 mil metros cuadrados con una altura de 37, 60 metros por un 1 millón de dólares y una parcela destinada a espacio público.

También se debatirán tres proyectos presentados por el legislador de UCR Evolución Martín Ocampo que les otorga la exención de Ingresos Brutos a las empresas de los Distrito Audiovisual y de las Artes, de Diseño y Tecnológico. La norma establece la figura de Crédito fiscal transferible para las empresas que se instalen en la Ciudad por un equivalente al 50% del valor correspondiente a las inversiones.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad calificaron a la norma como “una regulación para los paraísos fiscales porteños”.  “No sólo se lleva al 100% la exención del impuesto a los IIBB hasta el 2035 sino que también el GCBA financiará el 50% de la inversión de las empresas a través del otorgamiento de un crédito fiscal que podrá ser vendido a otras empresas que sí paguen IIBB. Un doble estímulo, no pagarán impuestos y la mitad de la inversión la financia la sociedad porteña”, indicaron desde la organización.

Otra de las leyes es la 2763 de Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras llevadas a cabo en contravención al Código de Edificación y al Código Urbanístico por el plazo de 6 meses que establece la posibilidad de prórroga por única vez. Desde el Observatorio calificaron la norma como una amnistía para los desarrolladores inmobiliarios. “La legalización de las ilegalidades se realiza pagando un monto de dinero en 12 cuotas sin intereses. Es un Ahora 12 para los negocios inmobiliarios ilegales. Solo se exige que se pague un anticipo del 20%”, indicaron.

Por último, también se tratará la actualización del Código de Edificación que fue presentado el primero de diciembre. Según la Fundación Rumbos, el proyecto evidencia una desregulación solapada. “El Gobierno y los legisladores oficialistas y sus aliados adecuan el Código a los intereses de los grandes capitales (inmobiliarios, financieros, tecnológicos) tanto en lo que atañe a nuevas obras como a las materializadas a lo largo de los últimos años”, indicaron.