El monitor La cocina de los cuidados que se puso en funcionamiento en marzo en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales presentó el primer informe este lunes, a un mes de su lanzamiento.

El desarrollo y seguimiento del monitor está a cargo de la economista Lucía Cirmi y la socióloga María José Rodríguez, con la colaboración de distintas áreas del CELS.

De 43 políticas de cuidado de alcance nacional, 21 ya fueron desarmadas, 15 están en estado de alerta y solo 7 se encuentran vigentes. El informe, aclaran, se realiza en un contexto de ajuste de al menos el 40% del gasto público, una devaluación del 118% y una inflación de 68% en 3 meses.

El informe plantea cinco ejes de análisis en estos primeros meses del gobierno de Javier Milei. Con respecto a la infraestructura física, las políticas de ampliación están paralizadas y sin ejecución.

El primero de ellos analiza el estado de situación de las políticas de infraestructura física del cuidado. Las tres políticas que tenían a la infancia como destinataria no tuvieron ejecución en lo que va de 2024 ni tampoco se conoce alguna planificación al respecto. Se trata del programa de Infraestructura del cuidado del ex Ministerio de Obras Públicas, la ampliación de Espacios de Primera Infancia del ex Ministerio de Desarrollo Social y la ampliación de salas y jardines del ex Ministerio de Educación

Las políticas destinadas a personas mayores también están en riesgo. Según el monitoreo, “las residencias nacionales de larga estadía corren riesgo de ser recortadas a la mitad -de 8 a 4- y aún no hay información sobre la continuidad del pionero Programa Vivienda Activa para personas mayores (del ex Ministerio de Hábitat y el PAMI)”.

Menos poder adquisitivo más gastos

El segundo eje del informa plantea la pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones asociadas al cuidado, que, junto al aumento de gastos, profundiza la dependencia económica de las mujeres.

Las jubilaciones mínimas perdieron al menos 17% y el monto del programa Progresar quedó licuado ($20 mil pesos) y hasta ahora se desconoce cómo se realiza el proceso de inscripción anual. Ambas políticas, resaltan desde La cocina de los cuidados, son las señaladas como las responsables de la “insostenibilidad del sistema previsional argentino” por el presidente y el ministro de economía.

También el acceso a la salud integral fue atacado por las políticas de Javier Milei. Se desarmó la coordinación el Plan de los 1000 días y eso cayó su ejecución en un 74%. También se interrumpió la entrega del kit de lactancia que estaba a cargo del eliminado Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Entre estas políticas, indica el informe, toma centralidad la suspensión del envío de alimentos a los 44 mil comedores y el recorte del alcance de la Tarjeta Alimentar que no alcanza a cubrir las necesidades alimentarias.

El tiempo de los cuidados

El tercer eje del documento se ocupa del uso del tiempo. En 2023 se había avanzado en la elaboración y debate de proyectos vinculados a  un sistema de cuidados igualitario, sin embargo, los planteos del DNU 70/2023 pusieron en peligro todas las políticas vinculadas al  uso del tiempo.

“De no mediar el amparo logrado por la CGT sobre el DNU, las licencias por maternidad serían recortadas a 10 días previos sin retomar la ampliación planteada para maternidad y paternidad en el proyecto Cuidar en Igualdad que ya había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados”, expresa el monitoreo.

“El programa Igualar que comprometía a 436 empresas con la agenda de los cuidados quedó desarmado. En la línea de las obligaciones empresariales para con el cuidado, sólo se mantiene vigente el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre guarderías y reintegros por cuidados – logrado en 2022”. Aclara que esta última política no tiene promoción ni acción gubernamental para garantizar su implementación.

El desamparo de las trabajadoras

El cuarto eje se vincula con las trabajadoras del cuidado. El sector, de acuerdo a lo que se plantea en el DNU, tuvo un grave recorte en las políticas de remuneración, formación y formalización del sector.

Si bien, hubo un aumento para el sector, no cuentan hoy con el programa Registradas cuya eliminación planteó una interrupción de pagos a beneficiarias vigente. Tampoco cuentan con una multa que reproche a los empleadores la no formalización de las trabajadoras.

La situación también impacta en el cuidad de personas mayores. El subsidio de auxiliar por cuidado de PAMI está vigente pero la formación en cuidados domiciliarios de la Dirección Nacional de Personas Mayores prácticamente no ofrece nuevos cursos.

El Programa Potenciar Cuidados, del que eran parte 143.000 cuidadoras comunitarias, también está en desarme. “En la nueva visión del programa, ellas estarían en la dimensión ‘no productiva’: como si la economía del cuidado no fuera un sector económico”, expresa el informe.

Conocer y debatir

Por último, en un quinto punto, el informe analiza la necesidad de debatir las políticas de cuantificación de los cuidados como “herramientas claves para la discusión que viene sobre quién contribuye y cómo a la riqueza”.

La cocina de los cuidados afirma que la canasta de crianza, que cuantifica el costo de cuidar y sirve de referencia para las demandas por cuota alimentaria, sigue publicándose según el calendario estadístico de INDEC. “Sin embargo han sido paralizadas las tareas de recolección y actualización de la información. La encuesta nacional de uso del tiempo, obligación derivada de la ley 27.532, fue realizada en 2021 pero se adeuda su realización 2023 y la ley establece que debe ser realizada cada 2 años.”

También destaca que queda pendiente la incorporación de la cuenta satélite de cuidados al sistema de cuentas nacionales (art. 10 Ley 27.532). Esto “marcaría oficialmente el aporte del trabajo no remunerado al producto bruto interno y sería una foto inquebrantable del aporte a la riqueza del país, hecho por las mujeres y diversidades que cuidan”.

La mesa intersectorial de «La cocina de los cuidados» está integrada por representantes de alrededor de 30 organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, la academia, funcionarias y legisladoras de distintas fuerzas políticas. La mesa pone en discusión