La Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado en el que afirma que son “los poderes del Estado los que tienen el deber de proteger a todos los ciudadanos”.
El organismo encabeza y justifica su comunicado en la falta de información, presenta su posición a través de cuatro puntos. En el primero hace referencia a los altos costos que ha pagado la sociedad argentina en defensa de la vida, la legalidad y la plena vigencia de las instituciones por lo que concluye: No podemos quedar indiferentes ante situaciones que podrían significar un retroceso en esta materia.
El segundo apartado pide apartar todo juicio de valor sobre las actividades que Santiago desarrollaba en el Sur, del hecho concreto de su desaparición.
Aunque no menciona un destinatario, es claro que se refiere a las simpatías de Santiago por las causas mapuches que han sido reiteradamente utilizadas por funcionarios para desacreditarlo y ligarlo a lo que llamaron y aún llaman actividades terroristas.
En este punto, además, confronta con las operaciones mediáticas que se han desarrollado en torno al tema, y destaca su relevancia específica, literalmente expresa: Tampoco pueden admitirse manipulaciones informativas que tiendan a subestimar lo sucedido o a utilizarlo políticamente. La resolución de este caso es independiente del repudio que merecen todas las formas de violencia.
En un tercer párrafo, llama, tanto al oficialismo como a la oposición, la defensa de la vida humana pero hace hincapié en que son los poderes del Estado los que tienen el deber de proteger a todos los ciudadanos y la responsabilidad de actuar inmediatamente y con todos los medios legales disponibles para esclarecer los hechos ocurridos. El comunicado, canalizado por la Comisión Nacional de Justicia y Paz del organismo eclesiástico, finaliza con el pedido de acelerar y comprometer todos los esfuerzos para encontrarlo.
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