La Rioja podría llevar a San Juan hasta la Corte Suprema de Justicia por un reclamo territorial de larga data, pero que cobró vigencia luego de millonarias inversiones en minería, que parecen corroborar el axioma de que la economía está efectivamente en la base de todo o -mejor dicho- que “es la economía, estúpido”.

El asesor general de la Gobernación de La Rioja, Pedro Goyochea, advirtió a Tiempo Argentino que se “evalúa la presentación ante la Corte Suprema” del reclamo, la que ya fue autorizada por la legislatura provincial, así como pedir audiencias a la presidencia del Senado y de la cámara de diputados, “para informar sobre el contexto de los límites”.

En réplica, el mandatario sanjuanino, Marcelo Orrego, señaló desde su cuenta de X: “Nuestra jurisdicción no está en discusión” y recordó que “los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014”. El gobernador incluso convocó a los sanjuaninos a “defender unidos» lo que les  pertenece”.

El territorio en cuestión

La región en disputa pertenece al departamento Iglesia y es la que va del cerro El Potro hasta el Valle de La Luna.  Tiene riqueza minera, es Patrimonio de la Humanidad y recibe turismo internacional, lo que supone otra fuente de ingresos.

Goyochea especificó que se trata de 2651 kilómetros cuadrados, un equivalente a “14 veces la Ciudad de Buenos Aires”.

El litigio resulta centenario, pero un decreto-ley del gobierno de Juan Carlos Onganía de 1968 lo saldó a favor de San Juan, el que además fue ratificado en 2014 por el Congreso Nacional.

El gobernador riojano, Ricardo Quintela, no obstante, anunció que acudirá a la competencia originaria de la Corte, por considerar que fue “sustraído ilegítimamente” ese territorio, bajo dicha dictadura.

En esa sintonía, la Cámara de Diputados riojana aprobó un proyecto que declara la “nulidad” de la Ley Nacional 18.004 de 1968. “Esa delimitación se realizó de manera unilateral, sin la participación del Congreso de la Nación”, planteó. Finalmente, se instruyó a la Fiscalía de Estado a “iniciar acciones legales directas” ante el máximo tribunal. El objetivo es impedir el avance de actividades de explotación de recursos hasta resolver la controversia.

“Queremos predisponer al diálogo con la provincia de San Juan sobre la cuestión de los límites, para recuperar la institucionalidad y la seguridad jurídica que fueron violadas y desconocidas por el régimen de facto de Ongania”, planteó la gobernación riojana, donde se mencionó la posibilidad de un acuerdo en base a una coadministración interprovincial de la zona

Desde San Juan, voceros de Orrego rechazaron la validez de la ley riojana y sostuvieron que los límites geográficos de su provincia están “consolidados legalmente”.

En este diferendo no puede soslayarse la reforma constitucional de 1994, que le otorgó a las provincias el “dominio originario” y por tanto la explotación de los recursos naturales. La región comprende los yacimientos mineros de Gualcamayo y área de influencia del Proyecto Vicuña, que son emprendimientos de cobre y oro sobre la cordillera, y suponen inversiones multimillonarias.

Enfático, Orrego sostuvo: “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos de Ischigualasto”.  Cerca del gobernador cuyano, se confió a este medio que “no hay preocupación” por el reclamo. En un plano más llano, se mencionó que “es una intención del gobernador (Quintela) de ganarse unos mangos de las mineras”.

“Lo que se está discutiendo es la instalación de una de las minas de cobre más grandes del mundo, con una inversión de unos 18 mil millones de dólares” se añadió, en referencia a la australiana BHP (asociada en partes iguales a la canadiense Lundin), que impulsa dos proyectos en el territorio, para desarrollar las minas Filo del Sol y Josemaría. Se espera que el Proyecto Vicuña comience a producir en 2030.

“Si La Rioja hace una presentación ante el Senado, que es el cuerpo que define límites, se trabajará políticamente; y si lo hace ante la Corte, se trabajará jurídicamente”, se evaluó.

Al respecto, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez corroboró a Tiempo Argentino que La Rioja puede apelar a la Corte, en una competencia que se llama “dirimente”, ya que “resuelve conflictos entre provincias de forma originaria, como ocurrió entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel”.

Sin embargo, Gil Domínguez objetó que en 2014, el Congreso Nacional haya aprobado el Digesto Jurídico Argentino y por tanto confirmado la vigencia de la Ley Nacional 18.004, que fijó los límites entre ambas provincias en 1968. “Si hay una ratificación democrática de una norma de facto, ya la discusión es de hecho y prueba. Se debe establecer mediante un peritaje cartográfico cuáles son los límites de una y otra provincia”, concluyó.

Hasta el momento, la resolución del litigio dependerá de un eventual acuerdo político en el Congreso o, si no, del fallo de la Corte, el que resultará -se supone- definitivo.  «