La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) presentó en las últimas semanas sus argumentos para pedirle a la Justicia que rechace un pedido que busca suspender las modificaciones de la ley de inteligencia. Se trata del célebre DNU 941/2025, que fue objetado ante el Fuero Contencioso Administrativo, entre otras cosas, por habilitar detenciones sin orden judicial. En ese marco, los representantes legales del organismo invocaron el atentado que sufrió la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como uno de los argumentos para que se sostengan la normativa.

La presentación de la SIDE, a la que tuvo acceso Tiempo, fue en el marco de un expediente iniciado por la diputada nacional Mónica Frade junto a sus pares Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro. Tiene la firma de los abogados Nicolás Vinuesa y Sofía Ansalone.

Tras la publicación del DNU 941/2025, firmado por el presidente Javier Milei en un acuerdo general de ministros del 31 de diciembre de 2025, los legisladores pidieron que se dicte una medida cautelar que suspensa la vigencia y los efectos de la normativa, además de todo acto dictado en su cumplimiento.

Como ocurre antes de resolver ese tipo de planteos, la jueza Rita Ailán pidió un informe a la parte demandada que fue contestado semanas atrás. Allí, pidieron que se rechace la pretensión por improcedente y sostuvieron, entre otras cuestiones, que “la desidia en la gestión del aparato de inteligencia estatal, el abandono en materia de producción de inteligencia y la falta de efectividad de las capacidades de seguridad del Estado se visibilizó en los distintos eventos terroristas en los cuales nuestro país fue víctima”.

En ese punto, los representantes de la SIDE enumeraron los atentados a la Embajada de Israel y a la Amia, pero también incorporaron “otros eventos de gravedad institucional tales como la muerte del fiscal general Natalio Alberto Nisman y la tentativa de magnicidio a la ex presidente de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner”.

La mención del atentado y de los mencionados episodios fue para defender la normativa y diferenciarla de reformas anteriores que, desde la óptica oficial, “implicaron un notorio retroceso institucional” para la inteligencia estatal.

En una defensa más general, los representantes del organismo de inteligencia defendieron el proceso de reforma que encaró la gestión libertaria de la mano del presidente Javier Milei con el asesor Santiago Caputo a la cabeza. Plantearon, entre otras cuestiones, la necesidad de “transparentar sus actividades y contar con sistemas de control efectivos”.

Es notable la preocupación de la SIDE por transparentar sus actividades cuando en dos años de gobierno libertario abundaron sospechas por el uso de los abultados fondos reservados asignados al organismo. Sospechas y señalamientos que tuvieron entre sus capítulos más resonantes el que ocurrió a mediados de 2024 cuando el Ejecutivo le asignó por decreto $100 mil millones adicionales, algo que fue rechazado por el Congreso.

La SIDE es uno de los pocos organismos cuyo control todavía retiene Santiago Caputo. Esto hace que la Secretaría sea una de las tantas aristas de la interna libertaria que parece no tener fin y que tiene a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la vereda del frente. En ese marco, recientemente se supo que el diputado nacional Sebastián Pareja, armador y ladero de la hermana del presidente, se quedó con la conducción de la estratégica Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, a cargo del control y supervisión del organismo.

Múltiples cuestionamientos

Más allá de la interna gubernamental, lo cierto es que el organismo de inteligencia usó episodios como el atentado a Cristina Kirchner para intentar mantener vigente una cuestionada reforma de la ley de inteligencia. Críticas que van desde el hecho de que todas las actividades de inteligencia nacional pasan a ser encubiertas hasta la facultad de detención de personas sin necesidad de orden judicial.

“Estaremos, de habilitarse este DNU, ante un Estado que no vea al ciudadano como titular de derechos, sino como un ‘sospechoso’, cuando así convenga al organismo o así lo decidan las autoridades del momento”, señalaron los diputados que impulsaron una de las acciones judiciales contra el DNU que existen ante el Fuero Contencioso.

Tras el informe de rigor, la jueza a cargo del expediente giró días atrás las actuaciones a la fiscalía para que dictamine si corresponde hacer o no lugar a la petición de los legisladores. Es por eso que se espera para los próximos días un pronunciamiento del fiscal Miguel Ángel Guilligan.