Seis centrales sindicales que representan a los trabajadores de Francia y están agrupadas en la denominada “intersindical” emitieron un comunicado mediante el cual manifiestan su solidaridad con los trabajadores y sindicatos de la Argentina. Allí expresan su preocupación por la democracia y los derechos fundamentales en nuestro país y convocan el mismo 24 de enero a una concentración en la embajada argentina en París.
Se trata, prácticamente, del mismo bloque de organizaciones que actuaron en forma coordinada contra la reforma previsional que impuso por decreto su presidente Emmanuel Macron en marzo de 2023. En el encabezado del manifiesto lucen los logos de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération générale du travail (CGT), Force Ouvriere (FO), Fédération Syndicale Unitaire (FSU), la Unión nationale des syndicats autonomes (UNAS) y la Union Sindicale Solidaires.
En el texto que difundió la secretaría de prensa de la CGT argentina las centrales firmantes aseguran que el DNU 70/23 y la Ley Ómnibus “atacan más de 300 disposiciones que afectan a la base de los derechos individuales y colectivos. Estas medidas cuestionan los fundamentos democráticos del país, rompen con la separación de poderes y violan la Constitución argentina”.
?? Comunicado de la Intersindical francesa
— cgtoficial (@cgtoficialok) January 15, 2024
❗❗❗En Argentina la democracia y los derechos fundamentales están amenazados pic.twitter.com/wMcpcwNV8y
A la vez señalan que el “decreto también pretende desmantelar los servicios públicos y la protección social, con el despido ya de miles de funcionarios argentinos, e implantar una austeridad que devastará el modelo social argentino y los derechos e intereses de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina”.
El texto la emprende también contra el protocolo promovido desde el ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich que, según los dirigentes sindicales galos, está “destinado a criminalizar la protesta social, en particular permitiendo el uso indiscriminado de la represión estatal contra todas las formas de lucha”.
Para las entidades gremiales el endurecimiento de las herramientas represivas está destinado especialmente a “los trabajadores y las trabajadoras (que) están en primera línea cuando se trata de estas reformas, que incluyen la voluntad de eliminar la justicia laboral, el menoscabo de la libertad sindical y del derecho a afiliarse o no a un sindicato, el refuerzo de las prerrogativas de los empresarios para reprimir diariamente la actividad sindical, la introducción de un periodo de prueba de 10 meses, la eliminación en práctica del derecho de huelga y la supresión del derecho a indemnización por despido sin causa real y grave”.
Las organizaciones destacan que “la política de Milei atestigua la naturaleza profunda de la extrema derecha, un peligro mortal para el mundo del trabajo, para los servicios públicos y para el medio ambiente, y un desprecio por los principios democráticos más elementales”.
Por eso señalan que se trata de «una ofensiva contra las conquistas de varias décadas de luchas sociales y sindicales en Argentina” y se posicionan en apoyo a “la convocatoria de huelga nacional para el 24 de enero por parte de las tres centrales sindicales del país” a la vez que convocan a una “concentración el miércoles 24 de enero a las 18hs frente a la embajada argentina para manifestar nuestra solidaridad”.