A 50 años del golpe, avanzamos lento pero sin pausa

Los 50 años del golpe de Estado llegan en un momento en que los juicios por crímenes de lesa humanidad continúan con total normalidad. ¿Qué significa esa normalidad? Naturalizados por un sector de la población y, tal vez, desconocidos por la mayoría. Hay diez debates orales y públicos que siguen su camino y después de 20 años de juicios orales hay 1.208 condenados y sólo 84 de ellos se encuentran en prisión. La mayor parte está alojada en la Unidad Penitenciaria 34, montada especialmente para ellos en Campo de Mayo, con cancha de tenis incluida. Es una prueba palpable de que el Estado puede respetar los derechos humanos de las personas detenidas… cuando quiere.

En los tribunales, las audiencias intentan retomar la presencialidad, casi siempre a elección de quien quiera estar de ese modo y con chance de conectividad para quien lo prefiera. Por supuesto, casi todos los genocidas prefieren estar en sus casas. Eso no sería un problema si prestaran atención a las audiencias o evitaran levantarse de sus cómodas sillas, respetando las normas como si estuvieran presentes en la sala. Nadie se levantaría en medio de un juicio presencial sin pedir permiso, pero la virtualidad tiene esos privilegios. Por cierto, nadie les llama la atención por ese tipo de actitudes.

Aun así, con todas las imperfecciones que pudiéramos señalar, estos juicios son históricos. No solo porque implican que el Estado juzgue sus propias acciones que configuran crímenes contra la humanidad. También lo son porque pueden significar para las víctimas algún tipo de reparación para el dolor incesante de un delito que se sostiene en el tiempo, como lo es la desaparición forzada.

Juicios para no olvidar el golpe

Gozan de tan buena salud los juicios por esta temática que permanecen inmutables incluso ante los rumores de indulto masivo, que por ahora no pasa de ser un deseo de abogados de genocidas. Algunos de ellos son hijos de condenados, que sostienen un lobby permanente en búsqueda de una libertad que difícilmente se dé en los términos reivindicatorios que pretenden. Son los mismos sectores que organizaron la reunión de diputadas y diputados de La Libertad Avanza con condenados por estos crímenes en el Penal de Ezeiza. El gobierno debe haber tomado nota de los costos que pagó, hoy que casi todo lo que quiere le sale con cierta facilidad.

Lo que se escucha cada mañana en las audiencias es un pedazo importante de nuestra historia reciente. Transmitidos en vivo por el medio comunitario La Retaguardia en su canal de YouTube, en colaboración con otros medios autogestivos, los testimonios de sobrevivientes dan cuenta de lo que sufrieron dentro de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Desde todo tipo de torturas a delitos sexuales sistemáticos con las mujeres y también con varones; desde el robo de bebés a perversos encuentros entre personas secuestradas y familiares en lugares públicos; desde el robo de propiedades a la impactante solución final de los Vuelos de la Muerte. Son apenas unas pocas muestras de lo que se puede ver en estos relatos de la historia en primera persona. 

Que se puedan ver. Que permanezcan en un archivo público, de acceso libre, fácilmente ubicables y exentos de las tentaciones de administraciones con miradas permisivas sobre aquellos años, también es un logro de la sociedad civil. Tan solo una pequeña cuota de ese material componen los dos tomos del libro 50 Historias de juicios por la dictadura en Argentina, que La Retaguardia Ediciones publica en este marzo en el que habrá espacio en los medios para abordar estas cuestiones.

Desde el lugar de haber cambiado la historia de la comunicación de los juicios en nuestro país, los relatos surgidos en los tribunales, de escritura colectiva, prevalecen una vez más, inagotables, intentando que no haya goma que pueda borrar el trazo de la historia ya escrita a costa de tanta angustia.