Durante décadas, el Estado de Israel dispuso de un activo político singular que complementaba de manera efectiva a su capacidad material, su densidad tecnológica y su vínculo privilegiado con Estados Unidos. Nos referimos al capital moral-diplomático derivado de la centralidad del Holocausto en la memoria política occidental. Ese capital no fue, por supuesto, la única fuente de legitimidad internacional israelí ni puede reducirse a una simple traducción automática entre tragedia histórica y respaldo diplomático. Sin embargo, sí funcionó como una reserva extraordinaria de autoridad simbólica, empatía política y excepcionalidad moral, particularmente en Europa y en América del Norte. La literatura especializada ha mostrado de manera consistente que la memoria del Holocausto ocupó un lugar central en la vida pública israelí, en la construcción identitaria del Estado y en el modo en que Israel se pensó a sí mismo frente a su entorno.
Ese capital tuvo consecuencias prácticas en el plano de la política exterior. El ejemplo más claro es Alemania. La afirmación de Angela Merkel según la cual la seguridad de Israel forma parte de la raison d’état alemana es la traducción diplomática de una responsabilidad histórica específica nacida del Holocausto. La memoria de la Shoá produjo una disposición política concreta a sostener a Israel como sujeto de seguridad y como actor cuya vulnerabilidad histórica merecía un tratamiento excepcional dentro del marco occidental. En ese sentido, puede sostenerse que el Holocausto otorgó a Israel un capital moral traducido en capital diplomático excepcionalmente poderoso.
El problema central de la etapa profundizada bajo Netanyahu es que ese activo parece estar siendo consumido a una velocidad considerable. Así, la principal amenaza estratégica para el futuro israelí no radica exclusivamente en los desafíos militares inmediatos ni en la persistencia de un entorno regional hostil. El problema más profundo es que la política israelí contemporánea, al quedar crecientemente asociada con castigo colectivo, devastación civil masiva, segregación racial, posibles crímenes de guerra y acusaciones de genocidio, está degradando ese capital simbólico que permitió a Israel sostener durante décadas una porción sustantiva de su legitimidad internacional. En un sistema global menos occidental-céntrico, más fragmentado y disputado en términos narrativos, esa erosión puede tener costos estratégicos más severos que muchas de las victorias tácticas o militares de corto plazo.
La discusión, por lo tanto, no pasa por establecer analogías equívocas entre el Holocausto y Gaza o Cisjordania. Esa operación, además de conceptualmente pobre, banaliza hechos históricos de naturaleza y escala distintas. El punto central es que esa memoria deja de funcionar con la misma eficacia legitimadora cuando el Estado que la capitalizó comienza a ser asociado, cada vez más, con prácticas incompatibles con los valores universalistas surgidos del trauma del siglo XX.
Desde esta perspectiva, el deterioro de la legitimidad israelí no debe leerse sólo en términos jurídicos y morales. Se trata, sobre todo, de un problema estratégico.
1) El capital moral
La centralidad del Holocausto en la vida política y simbólica israelí es un dato ampliamente reconocido por la literatura. Más allá de los diferentes enfoques que podamos encontrar, el punto común es claro: la memoria del Holocausto fue una pieza constitutiva de la autoimagen israelí y de su inscripción internacional.
En el ámbito occidental la tragedia judía del siglo XX dotó a Israel de una densidad moral extraordinaria que se tradujo en apoyos de diversa índole. Un ejemplo de ello es Alemania, aunque no el único. Cuando Merkel sostuvo que la seguridad de Israel formaba parte de la razón de Estado alemana, lo que expresó fue la institucionalización política de una responsabilidad histórica que excedía cualquier cálculo coyuntural. La excepcionalidad memorial del Holocausto se convirtió, así, en excepcionalidad diplomática. Ese dato resulta central porque permite comprender que la legitimidad israelí no descansó sólo en variables históricas, materiales, militares, económicas o geoestratégicas, sino también en un andamiaje moral acumulado durante décadas.
Ahora bien, todo capital político puede degradarse. Cuando ese capital es de naturaleza moral, su deterioro suele ser especialmente costoso, porque no se recompone con rapidez ni mediante mera coerción. La paradoja israelí contemporánea radica precisamente allí: al intentar maximizar seguridad inmediata mediante el uso intensivo de la fuerza, el Estado puede estar consumiendo el principal activo simbólico que históricamente fortaleció su inserción internacional. En este escenario, si bien los horrores del holocausto no se relativizan; pierden su capacidad de ordenar la interpretación del presente en favor de Israel cuando la conducta estatal aparece crecientemente asociada con prácticas que el derecho internacional y el lenguaje de los derechos humanos colocan en el máximo nivel de gravedad.
2) La densificación de acusaciones jurídicas y normativas
El deterioro del capital moral israelí no puede comprenderse sólo a partir de cambios de sensibilidad o de opinión pública. También debe analizarse a la luz de la creciente densidad de acusaciones jurídicas y normativas formuladas por tribunales, órganos internacionales y organizaciones de derechos humanos de alta visibilidad. En el plano interestatal, la Corte Internacional de Justicia colocó a Israel bajo un nivel de escrutinio excepcionalmente alto al considerar plausibles los derechos invocados por Sudáfrica bajo la Convención contra el Genocidio y al ordenar medidas provisionales sucesivas destinadas a prevenir daños irreparables sobre la población palestina de Gaza. Más tarde, la Corte endureció ese encuadre al ordenar la interrupción de la ofensiva en Rafah en la medida en que pudiera agravar esas condiciones. Todo ello no equivale aún a una sentencia, pero marca un umbral jurídico a ser considerado.
En el plano penal internacional, la situación se volvió todavía más grave cuando la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. La decisión no implica una condena final, pero sí supone que los jueces encontraron fundamentos razonables para avanzar respecto de presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad vinculados a la campaña en Gaza. Desde el punto de vista político, esto tiene una importancia mayor: ya no se trata sólo de denuncias formuladas por adversarios o por espacios militantes, sino de procedimientos abiertos en una institución jurídica con vocación universalista.
A ese proceso se suma el endurecimiento del lenguaje empleado por organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch sostuvo que las autoridades israelíes cometen los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución, mientras que Amnesty International concluyó que el sistema de dominación ejercido sobre los palestinos constituye apartheid. La ONU, por su parte, ha venido describiendo en términos cada vez más severos la discriminación sistémica y la lógica de segregación que afecta a la población palestina en el territorio ocupado. El punto relevante para este artículo no es zanjar aquí cada controversia jurídica, sino registrar que la acumulación de estas caracterizaciones modifica de manera estructural el clima normativo en el que Israel intenta justificar su conducta.
En el caso de Gaza, el lenguaje se volvió todavía más extremo. Amnesty concluyó que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, mientras otras organizaciones han hablado de exterminio y de actos genocidas en relación con la destrucción sistemática de las condiciones de vida. Estas calificaciones pueden y deben ser discutidas con precisión jurídica. Pero sería un error subestimar su efecto político. La acusación de genocidio dejó de ser un eslogan periférico para convertirse en parte del núcleo del debate internacional sobre Israel. Y cuando una discusión entra en ese terreno, el costo para el capital moral acumulado durante décadas es necesariamente muy alto.
3) Opinión pública, legitimidad y dependencia estratégica
La erosión de la legitimidad israelí no se agota en el plano institucional. Distintos relevamientos recientes muestran un deterioro pronunciado de la imagen de Israel en buena parte del mundo y un aumento de las percepciones desfavorables incluso en sociedades que históricamente habían mostrado niveles relativamente altos de comprensión o simpatía.
Ese punto adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa que la seguridad israelí continúa fuertemente anclada en su relación privilegiada con Estados Unidos. Washington mantiene un compromiso material considerable con Israel, tanto en financiamiento militar como en cooperación en defensa antimisiles. Sin embargo, la fortaleza institucional de esa relación convive con señales de desgaste en su base social. Sondeos recientes en Estados Unidos sugieren que el apoyo a Israel ya no es tan significativo como en décadas anteriores y que la simpatía pública se ha desplazado de manera sensible. Por esto, sostener la alianza puede volverse políticamente más costoso para quienes la promueven.
En otras palabras, el deterioro en la imagen israelí condiciona a sus socios, quienes encuentran cada vez más difícil respaldarlo sin afrontar costos cada vez más altos. La política exterior puede, durante un tiempo, sobrevivir a la opinión pública, pero no indefinidamente, y menos aún en democracias donde los costos reputacionales se traducen en costos electorales. Desde esta perspectiva, la degradación del capital moral israelí no es una cuestión ética abstracta sino un problema concreto de sostenibilidad estratégica.
4) La interdependencia regional como alternativa racional
Si el principal riesgo de largo plazo para Israel es quedar cada vez más dependiente de garantías externas, la salida racional es la construcción de mayores niveles de interdependencia regional. Esa interdependencia no implicaría un abandono de la seguridad, sino exactamente lo contrario: reducir la densidad de amenazas futuras mediante vínculos económicos, diplomáticos y políticos que vuelvan más costoso el enfrentamiento y más rentable la moderación. Desde una perspectiva estrictamente estratégica, un Israel menos dependiente de la protección occidental y más integrado regionalmente dispondría de una base de seguridad probablemente más sostenible que la ofrecida por una coerción permanente sin horizonte político. Algo que comenzó a gestarse en los acuerdos de Abraham pero que se vio truncado tras la escalada regional.
Sin embargo, la principal dificultad está en que la propia conducta israelí contemporánea erosiona las condiciones de posibilidad de esa salida. Una publicación reciente de Arab Barometer sobre opinión pública árabe muestran un enfriamiento marcado de la disposición social a normalizar vínculos con Israel y sugieren que cualquier arquitectura regional construida exclusivamente desde las élites encuentra límites severos mientras la cuestión palestina siga asociada a devastación, ocupación y ausencia de horizonte político creíble. Dicho de otro modo, Israel necesita más interdependencia con la región, pero la política que despliega hace cada vez menos viable esa interdependencia.
Esta contradicción es central para evaluar el legado estratégico de Netanyahu. Aun suponiendo que el gobierno logre parte de sus objetivos tácticos en Gaza o en otros frentes, el costo podría ser la consolidación de una región donde las élites mantengan vínculos pragmáticos con Israel, pero sin base social suficiente para profundizarlos o sostenerlos ante crisis futuras. Un esquema de alianzas sostenido sólo por acuerdos de cúpula, inteligencia compartida y cálculo anti-iraní es inherentemente más frágil que uno apoyado también en interdependencias densas y en cierto grado de aceptación pública. La erosión del capital moral israelí actúa, en este punto, como un multiplicador de fragilidad.
5) Radicalización normativa reciente: la ley de pena capital
La aprobación por parte del Parlamento de Israel, el 30 de marzo de 2026, de una ley que establece la pena de muerte como pena por defecto para palestinos condenados en tribunales militares por ataques letales profundiza todavía más el problema. Más allá de su alcance jurídico inmediato, la norma fue rápidamente leída como una medida de carácter asimétrico y de facto discriminatorio, precisamente porque no coloca a israelíes judíos y palestinos bajo un mismo estándar penal frente a hechos comparables. La reacción europea posterior, marcadamente crítica, mostró que el episodio no fue leído como un detalle legislativo menor, sino como un nuevo paso en una trayectoria de endurecimiento político y normativo.
El valor político de este episodio es considerable. Es una señal institucional que refuerza la idea de una dualidad jurídica y política entre poblaciones sometidas a órdenes normativos diferentes. En un contexto donde ya existen acusaciones sustantivas de apartheid, persecución y segregación racial, una ley de estas características no opera como un hecho aislado, sino como confirmación de una trayectoria. Desde el punto de vista del argumento aquí desarrollado, su relevancia radica en que acelera la degradación del capital moral israelí al asociar al Estado no sólo con violencia militar masiva, sino también con formas explícitas de excepcionalidad penal de carácter étnico-político.
6) La sociedad israelí frente a un poco claro horizonte estratégico
El último punto exige prudencia. Sería demasiado simple suponer que la sociedad israelí desconoce por completo los costos de la estrategia en curso o que actúa únicamente bajo manipulación. Los datos disponibles muestran un cuadro más complejo. Sondeos recientes indican una caída marcada en la expectativa de una paz duradera con los palestinos y una profundización del escepticismo respecto de cualquier salida negociada. Eso sugiere una sociedad marcada simultáneamente por trauma, miedo, endurecimiento securitario y ausencia de una salida política de amplio consenso.
La cuestión, entonces, no tiene que ver con que la población israelí “no entiende” lo que está en juego sino hasta qué punto una sociedad sometida a una percepción intensa de amenaza puede priorizar racionalmente la supervivencia inmediata aun a costa de incrementar su vulnerabilidad diplomática futura. Allí reside buena parte de la disyuntiva estratégica: la coerción puede ser políticamente rentable en el presente y estratégicamente corrosiva en el largo plazo. Una seguridad basada casi exclusivamente en la fuerza, y aplicada del modo en que hoy se la ejerce, puede producir victorias tácticas pero no resolver el dilema estructural de la inserción regional de Israel, al tiempo que erosiona su posición internacional.
Resumiendo
La política israelí contemporánea está produciendo un desacople cada vez más visible entre rendimiento táctico y sustentabilidad estratégica. Aun si el gobierno de Netanyahu logra degradar a sus adversarios inmediatos, restaurar parte de la disuasión militar o postergar riesgos de corto plazo, la contrapartida puede ser la erosión acelerada del principal activo que sostuvo durante décadas buena parte de la legitimidad israelí en el sistema internacional: el capital moral-diplomático derivado de los horrores del Holocausto en la memoria occidental. Ese capital no desaparece ni pierde su fundamento histórico; simplemente deja de funcionar con la misma eficacia cuando el Estado que lo portaba pasa a ser asociado con crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, segregación racial y posibles actos genocidas.
Desde esta perspectiva, el problema de fondo no es exclusivamente jurídico y moral. Es también estratégico. En un mundo menos estructurado por la hegemonía occidental, más fragmentado y más competitivo en narrativas, Israel necesitará en el futuro más densidad diplomática, más legitimidad acumulada y mayores niveles de interdependencia regional. Sin embargo, la política desplegada en los últimos años parece empujar exactamente en la dirección contraria: deteriora la opinión pública sobre Israel en sus socios fundamentales, debilita la viabilidad social de la normalización regional y refuerza la dependencia de garantes externos cuya base social de apoyo ya no es tan sólida como antes. La paradoja es severa: una estrategia concebida para garantizar el futuro puede estar comprometiéndolo.
En consecuencia, la discusión relevante no debería limitarse a si Netanyahu puede obtener una nueva victoria operativa ni a si Israel mantiene hoy superioridad militar sobre sus adversarios inmediatos. La discusión de fondo es si esa superioridad, ejercida sin un horizonte político creíble y sin una estrategia de reinserción regional negociada, no está consumiendo el principal capital simbólico que permitió a Israel sostener una posición internacional excepcional. Si esa tendencia se consolida, el saldo histórico del presente podría ser paradójico: un Israel quizás más duro en el corto plazo, pero más aislado, más dependiente y menos legitimado en el largo.
