Los delitos contra las infancias, un nuevo paradigma en las causas de lesa humanidad

Dos requerimientos para dar inicio a investigaciones sobre crímenes cometidos contra las infancias, durante hechos de terrorismo de Estado, pueden dar inicio a un nuevo paradigma en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad.

En Mendoza, fiscales federales pidieron la imputación de 24 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por 58 casos en los cuales las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes. En tanto que en el juicio de la causa de la Comisaría 8va, que se sigue en los tribunales federales de La Plata, la querella que representa a la provincia de Buenos Aires pidió ampliar las acusaciones a efectivos que participaron en operativos de represión ilegal donde menores de edad padecieron diversas situaciones de apremios y abusos.

Representantes del Ministerio Público Fiscal que trabajan en las causas de lesa humanidad desarrolladas en la región de Cuyo, pidieron a principios de mayo que sean investigados policías provinciales y militares del Ejército y la Fuerza Aérea que formaron parte de las unidades de inteligencia del D-2 y el Destacamento 144. Las dos operaron en Mendoza durante la última dictadura militar.

El fiscal federal Daniel Rodríguez Infante, integrante de la Oficina de Asistencia en Causas de Derechos Humanos cometidas en Mendoza, indicó que los 24 acusados son exuniformados que participaron en operativos donde los niños y niñas fueron precintados, violentados y golpeados, entre otros delitos.

“No se trata de pedidos de imputación que permitirían  iniciar una nueva causa sobre los delitos de tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad y sustituciones de identidad en el caso de menores que fueron dejados como NN en instituciones como la casa cuna”, explicó en diálogo con Tiempo Argentino.

Y agregó: “Se trata de darle visibilidad a casos que se conocían de otras causas. Es algo parecido a lo que ocurrió con los casos de delitos sexuales. Queremos cubrir el aspecto de lo que sufrieron las niñas y niños en los operativos en los cuales resultaron secuestrados sus padres”, fundamentó Rodríguez Infante.

Las imputaciones comprenden al personal que actuó en los centros clandestinos de detención –como el que funcionó en las instalaciones del D-2– y a quienes formaron parte de las estructuras jerárquicas que diseñaron el plan represivo que se aplicó en Mendoza.

En esa línea, en el juicio que se desarrolla por los crímenes que se cometieron en 1 y 60 y en la Comisaría 8va. de La Plata, la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense pidió una ampliación de la acusación al entender que deben ser considerados también como víctimas a las niñas y las niñas que estuvieron presentes en los operativos en los cuales se realizaron secuestros ilegales.

Entre los acusados que deberían responder por los delitos que sufrieron niñas y niños durante la última dictadura en los centros clandestinos que funcionaron como parte del denominado Circuito Camps se encuentra el multicondenado Jaime Smart, ministro de gobierno provincial durante la última dictadura militar y otros exmilitares y policías que formaron parte de la estructura de inteligencia del aparato represivo.

“Creemos que es tiempo que se reconozcan los delitos que sufrieron los más chicos, que muchas veces fueron tomados como rehenes en los operativos. Es un paso importante de dar, sobre todos en tiempos en los que impera un negacionismo de parte del Gobierno nacional”, subrayó Verónica Bogliano, abogada integrante del equipo legal de la Subsecretaria de DD HH bonaerense.

Víctimas y antecedentes

Entre septiembre y noviembre de 1977, Marcela Quiroga estuvo secuestrada en los centros clandestinos de detención ilegal de El Vesubio y Sheraton, ubicados en el partido bonaerense de La Matanza. Fue capturada tras un operativo en el que resultaron muertos su madre, María Nicasia Rodríguez, y su padre, Arturo Jaimez, ambos militantes de la organización Montoneros.

Durante su cautiverio, Marcela declaró haber convivido con Héctor Germán Oesterheld, el guionista y creador de El Eternauta y otras célebres obras de la historieta argentina. Tras años de silencio, inició a principios de este siglo el camino para buscar reparación y justicia. Declaró en varias causas de lesa humanidad y asegura que “el cautiverio deja consecuencias emocionales” que marcan para siempre la vida de las víctimas, sobre todo de las niñas y niños que debieron presenciar situaciones de torturas y asesinatos, señaló Marcela a Tiempo Argentino en relación a los requerimientos que se impulsan desde Mendoza y La Plata.

Nacimientos en cautiverio, apropiaciones, supresiones de identidades, secuestros, cautiverios, torturas y desapariciones forman parte de las historias de las infancias que la dictadura genocida victimizó como parte de su plan criminal de exterminio.   

Pero los casos más emblemáticos sobre menores victimizados por la represión ilegal son los de Pablo Míguez y Floreal Avellaneda, quienes permanecen desaparecidos.

Con 14 años, Pablo estuvo secuestrado en El Vesubio junto a su madre, Irma Beatriz Márquez Sayago, militante del ERP, y su pareja. Fueron conducidos allí en mayo de 1977. En ese lugar se vio obligado a presenciar la tortura de su progenitora, quien según testigos sufrió violencia sexual en reiteradas ocasiones. Los represores lo llamaban “Pablito” y lo obligaban a retirar los baldes de orina de los prisioneros.

Estuvo luego en la Comisaría de Valentín Alsina, en Mansiñon Seré y en la ESMA, donde su rastro se pierde. Se cree que pudo ser víctima de los vuelos de la muerte. En la actualidad, una escultura en su homenaje flota en el Río de la Plata como parte del acervo del Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires.

Floreal “El Negrito” Avellaneda tenía 15 años y militaba en la Federación Juvenil Comunista cuando en abril de 1976 fue secuestrado en Munro, junto con sus padres, integrantes de ese espacio. Los tres terminaron en Campo de Mayo. Su madre, Iris, militante en organismos de Derechos Humanos asegura que escuchó cuando lo torturaban.

El cuerpo de Floreal apareció en mayo de ese año en las costas de Uruguay, arrojado desde un avión que partió de Campo de Mayo en uno de los vuelos de la muerte. Su cuerpo fue identificado por las iniciales de su nombre (FA), que llevaba tatuadas en su cuerpo. Rodolfo Walsh denunció su caso en la «Carta Abierta a la Junta Militar», escrita con motivo de cumplirse un año del golpe de Estado.

Los restos del Negrito fueron trasladados a un nicho del Cementerio Norte de Montevideo, donde manos anónimas borraron los registros de su ingreso en esa necrópolis. Desaparecido, arrojado al Río, identificado y vuelto a desaparecer.     

En 2009, el genocida Omar Riveros recibió una condena por parte del Tribunal Oral Federal Número 1 como principal responsable de la muerte de Floreal.