El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a indagatoria a los ex jefes de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por presunto espionaje político ilegal en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una derivación de la investigación sobre el falso abogado Marcelo D’Alessio, que se relaciona con las actividades ilegales que realizaron al menos unos 70 agentes de inteligencia contratados para el denominado “Proyecto AMBA”, el desembarco de la AFI en territorio bonaerense, con la excusa de combatir al crimen organizado. En rigor, lo que hicieron fue espiar con increíble nivel de intromisión sobre sus vidas privadas a dirigentes políticos, organizaciones sociales, comedores populares y manifestantes que reclamaban por la aparición con vida de Santiago Maldonado en 2017.

La resolución incluye la ampliación de procesamiento contra el ex policía bonaerense Ricardo Bogoliuk, el ex espía Pablo Pinamonti; el llamado a indagatoria de Arribas y Majdalani y también del ex jefe de la Bonaerense Daniel Salcedo, quien intervino en el Proyecto AMBA y, antes, había sido uno de los peritos que, en representación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, llegó a la conclusión de que el fiscal Alberto Nisman había sido asesinado.

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La cúpula de la AFI quedó comprometida en la investigación porque el propio Pinamonti dijo en su indagatoria que “él efectuaba reportes diarios de la información de inteligencia producida por las nueve delegaciones provinciales directamente a la Subdirección de la AFI, a cargo de la Silvia Majdalani”.

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La resolución, de casi 350 páginas, sostiene que “durante el año 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”.

“El llamado PROYECTO AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, a cuya tarea se sumaron otras tres bases preexistentes ubicadas en las principales ciudades de la provincia. Si bien para el discurso público se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, en la práctica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político”.

Uno de los principales objetivos políticos fue la hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La organización buscaba en los actos públicos con quién se sacaba fotos, aunque fueran circunstanciales y en el contexto de cruces ocasionales, para involucrarla con acciones ilegales. El juez definió a esa práctica como “la búsqueda de eventuales vínculos delictivos de las personas que se fotografiaron junto a Cristina Fernández de Kirchner”.

Las bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires estaban distribuidas en Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. A ese dispositivo se le sumaron en aquel tiempo, además, las tres bases históricas con que contaba la Agencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires, con sedes en las ciudades de La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. Justamente en Mar del Plata fueron halladas pruebas de espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del ARA San Juan, que fueron denunciadas por la actual conducción de la AFI en la víspera.

Los espías relevaban actividades políticas y sociales y buscaban “umbrales de riesgo”, situaciones que “eran mensuradas en función del impacto que esos hechos podían implicar para la gestión de gobierno”.  De hecho – añade la resolución – “los informes de inteligencia relevados no versan sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigación de delitos federales complejos. Estas delegaciones estaban avocadas a la producción principalmente de información sobre personas y actividades políticas, gremiales y/o comunitarias. (…)  Se enfocaron en obtener información personal de los ciudadanos que convocaban a actividades proselitistas, la identidad de las personas que asistían a dichos eventos, los vehículos en los que se trasladaban y los perfiles de redes sociales desde los que se convocaban a estas actividades o actos políticos”. Ello ocurría por “órdenes generales y programáticas directas recibidas desde la superioridad para coordinar estas tareas de inteligencia con objetivos electorales”.

¿A quiénes espiaban? La lista es desmesuradamente larga: CTD Aníbal Verón, Quebracho, Corriente Patria para Todos,  Movimiento Popular Antiimperialista, Resistiendo con Aguante, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Comisión Provincial por la Memoria, Frente Miles, La Cámpora, Corriente Javier Barrionuevo , Frente Popular Darío Santillán, Furia Feminista,  Agrupación Unidos por los Niños de Villa Golf, Frente Socialista Popular, Encuentro Popular, ONG Ayudemos a los Chicos, Cooperativa La Tribu, Corriente Pueblo Unido, Asociación Comunitaria Sur, Agrupación Néstor Kirchner, Unión de Juventudes Socialistas, Asociación Civil Latinoamericana de Vecinos de Esteban Echeverría, Organización Madres del Trueque. Y las fuerzas políticas Unidad Ciudadana, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente 1 País, Cumplir, Cambiemos, Compromiso con Vos, Partido Justicialista, Frente Renovador, Partido Obrero, Izquierda Socialista, CO.PE.BO.

“Las actividades de inteligencia se enfocaron en obtener información personal de los ciudadanos que convocaban a actividades proselitistas, la identidad de las personas que asistían a dichos eventos, los vehículos en los que se trasladaban y los perfiles de redes sociales desde los que se convocaban a estas actividades o actos políticos. (…) Se observaron múltiples documentos dirigidos a recopilar información sobre organizaciones sociales y comunitarias, tales como comedores y merenderos populares. Se trata de informes elaborados por diferentes bases que pretendían reportar la distribución geográfica de estas organizaciones, cuántos niños asistían a ellas, sus referentes y, en algunos casos incluso, sus abonados telefónicos”.

La resolución destaca a ese respecto un documento titulado “Planilla relevamiento comedores”, que “consigna la ubicación de esos establecimientos, la cantidad de personas que asisten a ellos y si reciben donaciones del Estado”. Hay decenas de fotos de niños comiendo en esos lugares.

Sobre Santiago Maldonado, el adherente a los reclamos de la Comunidad Mapuche que estuvo 82 días desaparecido después de un operativo en el sur encabezado por la Gendarmería Nacional y cuyo cadáver apareció flotando en un gélido río patagónico, la resolución sostiene que “existió una demanda específica por parte de la superioridad con un repertorio temático concreto, como también lo fueron casos de ‘gatillo fácil’. Pero hay algo que queda librado al criterio de quienes escriben los informes. Por ejemplo, la información sobre Maldonado aparece bajo distintos rótulos: político, social, psicosocial–vecinal, entre otros. Las variaciones hablan de la capacidad de valoración por parte de quien informa y también de sus recursos –o la falta de ellos– al momento de hacerlo. Queda claro que lo que se pretende con estas acciones de inteligencia es conocer la extensión del reclamo en relación a la afectación de la imagen del gobierno nacional”.

El juez aclaró que “en ningún caso el tema–objeto fue la desaparición de Maldonado en sí, sino las formas en que la población articuló reclamos en torno de ella. Por ello informan sobre misas, pintadas, volantes, marchas, todo ello con el mismo nivel de importancia, identificando organizaciones que convocan, curas que dan misas, vecinos que preguntan, etc.”.