Luciano Grasso: “El problema no es la Ley de Salud Mental, el problema es la falta de inversión”

Mientras por la superficie de la opinión pública sobresalen Adorni, las universidades, la economía y las internas, por debajo avanzan iniciativas de La Libertad Avanza que pueden modificar estructuras de la sociedad de cara al futuro, con efectos concretos de imposible retorno. Una es la reforma de la Ley de Salud Mental, que le da mayor poder a jueces y psiquiatras y que vuelve sobre la idea manicomializante de las internaciones forzadas, mientras subejecutan el presupuesto del área y desmantelan organismos claves como el Sedronar, en años en los que crecen los casos de consumos problemáticos, depresión, trastornos mentales y suicidios.

Para conocer más en profundidad la situación, Tiempo habló con el ex director nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, que anticipa consecuencias: “Todas negativas. Una es que nada cambie, porque cuando vemos el problema grave que hay en el campo de la salud mental en nuestro país básicamente tiene que ver con una confluencia de dos puntos negativos que es, por un lado, es que cada vez hay más personas que tienen distintos tipos de problemas de salud mental, ansiedad, depresión, angustia y por el otro no hay una política pública que realmente aborde el problema, aumentado capacidad de atención de los centros de atención primaria, de los hospitales, de las guardias, hasta una política de promoción y trabajo con los espacios de socialización de la vida cotidiana como son las escuelas, los clubes, los espacios de trabajo. Y no hay nada de esto; el problema está ahí, no en la norma. Es un problema que no solo persiste con el paso de los tiempos sino que se incrementa, el panorama no es bueno. En lugar de un proceso de reuniones de comisiones en el Congreso lo que debería suceder es más inversión y una política pública clara, y en cambio se ve todo lo contrario”.

-¿Cómo ves al proyecto del Gobierno?

-Hay ciertos puntos que son peligrosos porque plantean un retroceso en cuestiones que si bien no estaban del todo implementadas en la ley actual, figuraban como un piso estándar de garantía de derecho muy importante. Por ejemplo la prohibición de nuevos manicomios u hospitales psiquiátricos, el hecho de que se necesiten equipos interdisciplinarios y las decisiones se tomen entre varias profesiones y que no sea imprescindible que una internación la decida un psiquiatra. Si se aprueba el texto del Gobierno sería un retroceso.

-También se destaca el objetivo oficial de otorgar más flexibilización a los criterios de internación

-En este punto, por un lado no es necesario porque hoy la ley es clara y contempla la posibilidad de internar incluso de manera involuntaria, pero si ampliamos los criterios de internación podríamos correr el riesgo de volver a aquello que históricamente pasó: que muchas veces se termina internando a alguien que no tiene criterio de internación y eso es una vulneración de derechos. No nos rehusamos al debate, pero encendemos las alarmas, y a veces estas propuestas son cortinas de humo para no solucionar el problema. No es solución patear la pelota a la tribuna.

-¿Hay también algún favorecimiento a sectores privados de donde provienen funcionarios actuales, por ejemplo el ministro de Salud, Mario Lugones? Porque las internaciones compulsivas generarían más negocio para empresas privadas en detrimento de la inserción comunitaria.

-Sí, cuando decía que la ley actual estaba insuficientemente implementada hacía foco en que cuando se dice “el riesgo de volver a un sistema de internaciones que genera ganancias a privados” en realidad es mantenernos, porque eso sigue existiendo. Si uno analiza los presupuestos mensuales de las provincias y de las prepagas y las obras sociales en materia de salud mental en cuanto a qué tipo de prestaciones están pagando más o dónde están teniendo más el dinero no hay dudas de que es en los hospitales psiquiátricos públicos y privados; en el gasto de la cama de cada internación. Hoy sigue siendo un negocio. Aún así, lo que nos tiene que importar no es tanto el gasto económico sino las consecuencias en las vidas de las personas que implican estar internado durante meses o años como todavía sigue sucediendo. Es cierto que hay manos que siempre quisieron meter cuchara en la ley para seguir permitiendo este negocio desde el mismo momento en que se sancionó hace 15 años, para intentar sostener privilegios. Y se nota en la cobertura que hicieron los grandes medios a lo largo de todos estos años donde le echan más la culpa a la ley que a la falta de inversión. La norma actual estipula un 10 por ciento del presupuesto de salud que debe ser destinado a salud mental, algo que casi ninguna jurisdicción cumplió en todo este tiempo. Y eso es un punto de riesgo porque el proyecto de ley del gobierno le quita la obligatoriedad al Estado nacional de ese piso del 10% y por lo tanto le quita las responsabilidades de ayudar o acompañar los procesos de reforma que tienen que hacer las provincias, porque la mayoría de los efectores y los servicios son provinciales. El Estado nacional tiene que intentar garantizar la implementación, traccionando con muchas acciones como la capacitación, transferencias para financiar las residencias, el acceso a psicofármacos en el primer nivel de atención. Y además es la autoridad de aplicación de la ley nacional de salud mental, algo que también se quita ahora. Directamente le dice a cada provincia (como en tantos otros temas): arreglate sola. Hay provincias como las de la Patagonia (de la Pampa para abajo) y Formosa que no tienen hospitales psiquiátricos. Mientras que las clínicas privadas son el triple de hospitales psiquiátrico públicos en nuestro país: 120 privadas y 40 públicos monovalentes que sólo atienden problemas de salud mental en general, pacientes que están viviendo hace años.

-¿Y qué habría que hacer para que realmente se pueda cumplir con la ley actual?

-Eso implica readecuar presupuestos. Las provincias que tienen hospitales psiquiátricos están poniendo mucho dinero ahí mal utilizado, gran parte del trabajo a hacer entonces es convertir el presupuesto en general de Nación (que no es más del 2% de salud mental respecto al presupuesto general de salud, a pesar de que la ley habla del 10%), con lo que llamamos “transferencias condicionadas”. Es decirle a las provincias: si ustedes van externando pacientes de los hospitales psiquiátricos, van contratando psicólogos en los centros de salud, guardias de salud mental en los hospitales, etcétera, nosotros les transferimos equis cantidad de dinero. Eso sucedió muy poco. Y si la ley actual ya obliga a las autoridades de aplicación a promover procesos para que se abran dispositivos alternativos, casas de medio camino, residencias, hospitales de día, y ese artículo de inversión se quita… si no quisieron hacerlo con la ley vigente y ahora eso deja de ser obligatorio está claro que vamos a un escenario donde se va a seguir reproduciendo esa lógica de internación. Porque seguramente muchos hospitales psiquiátricos privados no se han creado en estos años porque sabían que no podían hacerlo por la actual ley, ahora este artículo se quita por lo que es probable que se creen más. Entendemos que es difícil de explicar a la gente porque alguien puede decir “pero cómo están en contra de que se cree una clínica de salud mental”, lo que estamos diciendo es hay que garantizar más atención pero de calidad y de esos dispositivos que quienes saben de esta temática han estudiado donde hay evidencia y donde hay consenso respecto a cómo debe funcionar. Lo que se recomienda son centros de salud que atiendan problemas de salud mental, centros y hospitales de día, consultorios externos, y que las internaciones sean en los hospitales generales. En cambio se avanza en internaciones prolongadas, en muchos casos con sobremedicación y una serie de vulneración de derechos. Esto pasó históricamente y sigue pasando. La solución no es quitar la ley, sino invertir en lo que se necesita.

-También es llamativo el interés por avanzar con este tema, porque no parece una demanda social actual, hay otras prioridades en las necesidades de la población.

-No, a ver… lo urgente es que se priorice la salud mental, de eso sí hay muchos sectores de la comunidad que lo reclaman y se padecen los problemas que van creciendo, personas que ven cómo ese familiar se va deteriorando y se puede poner en riesgo, sea por consumos problemáticos, por depresión profunda, por trastorno de ansiedad, por un intento de suicidio y no saben qué hacer porque no tienen la atención adecuada: no pueden conseguir un turno, no pueden conseguir un psicofármaco, esa persona necesita una internación y fue a un hospital donde se la negaron. Y todas cuestiones así. La salud mental es un tema prioritario, pero no la modificación de la ley, sino que haya respuestas concretas en todo el país, en San Luis del Palmar en el interior de Corrientes o en Andalgalá, Catamarca, o en cualquier pueblo del interior de la provincia donde no tienen psicólogos, no tienen psiquiatras, no tienen guardias en los hospitales, donde deben hacer 200 kilómetros para que pueda haber un psiquiatra con un turno a 4 meses, esos son los problemas reales que estamos viendo hoy, no ver si cambiamos el nombre de “padecimiento” en vez de “psicopatología” en el artículo x de la ley de salud mental.

-De hecho se está viendo una muy fuerte subejecución presupuestaria del Ministerio en lo que es salud mental y se están cerrando centros de Sedronar

-Sí, absolutamente, se perdieron equipos que trabajaban en el territorio, lazos comunitarios. Equipos que eran financiados por Nación. Se están recortando las becas a profesionales, y en el medio hay personas que estaban siendo atendidas y que dejan de estarlo.

-¿Qué rol le asigna esta reforma de salud mental a los jueces y a los psiquiatras?

-La ley vigente reordena el rol de la justicia a un control de la legalidad de las internaciones, las cuales son definidas por un equipo profesional interdisciplinario. Tiene que haber por lo menos un psicólogo o un psiquiatra más otro profesional, estas dos firmas para internar voluntaria o involuntariamente a un paciente. Y cuando la internación es involuntaria, el juez interviene para controlar la legalidad, de alguna manera acompaña a la persona a resguardar sus derechos, pero el juez no puede decidir una internación por sí solo porque no es profesional de la salud. Con la modificación de ahora, la ley le da mayores facultades a un juez, permitiendo que defina una internación sin la presencia de un profesional de la salud mental. Eso sería de vuelta un retroceso.

-¿Cómo ves el panorama de los casos de intento de suicidios que en estos últimos años tuvieron una crecida alarmante?

-Ahí tenemos una ley nacional de prevención de suicidios a la que nuestra provincia adhiere, la cual plantea que hay que trabajar fuertemente en una estrategia nacional, provincial y local de prevención con distintas líneas: una es la sensibilización a la comunidad, es decir, hay que hablar de la temática, hay que ponerlo en agenda porque está probado que una conducta suicida en realidad no es una decisión que alguien toma en un instante, sino que tiene un proceso y en ese proceso hay distintos factores que pueden modificarlo, y hay señales de advertencia que quienes están conviviendo con esa persona directamente podrían conocer, obviamente con capacitación y sensibilización, y de esa manera generar un primer acercamiento para lo que nosotros decimos es la medicación fundamental en la prevención de un suicidio, que es hablar, escuchar, un diálogo que permita abrir un primer paso a lo que puede ser afrontar un malestar, cuando eso no está en general lo que sucede es que el malestar se incrementa y es lo que después puede detonar en la ideación, planificación y decisión de una conducta suicida. Hay que capacitar no sólo a los profesionales de la salud sino a distintos actores de las comunidades en donde las personas transitan su vida cotidiana, me refiero a actores del ámbito educativo en todos los niveles, clubes, sociedades de fomento, espacios laborales, fuerzas de seguridad, los medios de comunicación tienen un rol muy importante para evitar una mala comunicación y para trabajar activamente previniendo y sensibilizando. La problemática atraviesa a todas las comunidades y a todas las franjas etarias, pero por supuesto se evidencia más en dos grupos poblacionales que son adolescentes y jóvenes, y personas mayores. Lo clave es que la persona que está padeciendo un problema de salud mental pueda golpear una puerta y ser escuchada, porque cuando tuvo un intento de suicidio significa que que antes ha tenido distintos tipos de sufrimientos y que nunca tuvo en esos casos la atención del sistema.