“Está clarísimo que la Ley de Salud Mental no sirve”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, como antesala para la presentación de un protocolo específico sobre el tema en territorio porteño. Apuntó especialmente a una población: “las personas en situación de calle con algún problema de salud mental o consumo problemático de sustancias”, quienes podrán ser internadas si “presenta un riesgo para sí o para terceros” y “aunque sea que no preste consentimiento”.

El anuncio de Macri

El sucesor de Horario Rodríguez Larreta se sumó así a las críticas a la Ley 26.657, y anunció que el nuevo protocolo busca “mitigar sus efectos negativos”. Sin embargo, especialistas advierten que lo que presentó como nuevo representa, de hecho, la esencia de la ley nacional. Y advierten por el peligro de que avancen con internaciones compulsivas de personas en situación de calle, al no conocerse aún quiénes ni cómo decidirán cada caso particular.

Contradicción o torpeza

“La primera cuestión que nos interesa resaltar es que bajo el título de que la Ley Nacional no sirve lo que enuncia es un protocolo que va en línea con la Ley Nacional de Salud Mental”, señaló Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es algo que celebramos, porque incorpora contenido de la Ley en términos de tratamientos, de respeto de derechos. Es evidencia de que está de acuerdo con los contenidos de la ley”.

Sabin Paz consideró que la presentación del protocolo “es un avance” teniendo en cuenta que CABA “siempre tuvo un desapego fuerte hacia la Ley Nacional y poco respeto por la 448 (normativa local de salud mental)”, donde además “hay antecedentes complicados a adecuarse a la Ley y tienen cuatro psiquiátricos: considerando todo el contexto y los antecedentes, que hagan un protocolo apegado a los estándares de garantía de derecho que plantea la Ley es un avance”.

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Foto: Télam (Archivo)

“Lo que parece una contradicción –observó la especialista- es que eso se enuncia como que la Ley Nacional no sirve. Hay una contradicción que parece casi una torpeza. Porque enunciar que no sirve y traer el espíritu de la ley parecería torpe desde el punto de vista de la comunicación”. Y concluyó: “Lo que deja muy en claro la comunicación de este protocolo es que la Ley no necesita ser reformada, sino implementada”.

Internaciones y estigmatización

Una de las principales críticas que suele hacerse a la Ley Nacional de Salud Mental es que supuestamente imposibilita las internaciones de pacientes que no presten voluntad para ello. El jefe de Gobierno destacó como novedad que su flamante protocolo sí permitiría esas internaciones y apuntó específicamente a personas en situación de calle, cuando representen un riesgo para sí mismas o para terceros.

Lo cierto es que el artículo 20 de la normativa nacional establece, precisamente, que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

“Siempre fue ese el argumento para pensar en una reforma de la Ley: que con esta ley no se puede internar y hay que reformarla. Pero como dice el jefe de Gobierno, la Ley Nacional permite las internaciones tanto voluntarias como involuntarias. Para hacerlo tiene que estar el criterio de riesgo sobre la vida propia y la de otros. Por lo tanto, otro mito que queda desterrado. La Ley Nacional permite internar de manera involuntaria cuando exista riesgo. Celebramos que esté ayudando a aclarar los alcances de la Ley”, insistió Sabin Paz.

Pero la coordinadora del área en el CELS advirtió sobre un punto del anuncio porteño que sí preocupa: su focalización en las personas en situación de calle. “Este protocolo que señala ordenamiento para atención en crisis en la vía pública debería ser para la población en general. Cualquier persona es susceptible de tener crisis en la vía pública, indistintamente de si está en situación de calle o no”.

“Señalar que esto es para personas en situación de calle tiene dos riesgos –advirtió Sabin Paz- Por un lado, asumir que las personas en situación de calle tienen problemas de salud mental. No es así, esto refuerza estigmas y discriminación. Y por otro lado, dejaría sin tratamiento a quienes no cumplan con esa condición”.

No es la primera vez que el mandamás porteño apunta a la población en situación de calle de forma estigmatizadora. A mediados del mes pasado responsabilizó a la gente sin techo por la suciedad de las calles capitalinas, al decir que revuelven “mal” la basura. Previamente, durante la campaña electoral, había dicho que iba a cerrar los cajeros automáticos por las noches ya que las personas en situación de calle “habían transformado en monoambientes”.

En las últimas horas Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, dijo que en CABA a casi tres meses de la asunción de Javier Milei como presidente hay un fuerte aumento de la población sin techo: “Solo en Ciudad de Buenos Aires hay más de 12.000 personas en situación de calle”, aseguró en diálogo con AM 750. “Es un número realmente exorbitante y que, lamentablemente, tenemos que decir que va aumentando y no hay respuesta del Estado”.

Quiénes deciden

De acuerdo al protocolo anunciado por Macri, cuando se detecta una situación de crisis en la calle, “la Dirección Integral de Atención Inmediata o la Policía se acercan para determinar si es necesaria la derivación al Hospital General de Agudos. A partir de ahí, un equipo interdisciplinario de salud mental hace una evaluación más profunda, informa sobre el tratamiento y las consecuencias de no hacerlo. Si consideran que el paciente presenta un riesgo para sí o para terceros se lo interna aunque sea que no preste consentimiento. Si no presenta riesgo y no es necesaria la internación de le da seguimiento profesional, algo que antes no sucedía”.

Una vez más, el protocolo se ajusta al contenido de la normativa nacional. “Lo que dice el protocolo en apego a lo que dice la Ley es que la evaluación la tiene que hacer un equipo de un centro de salud”, indicó la coordinadora de Salud Mental del CELS. Destacó la importancia de que así sea, “porque cuando interviene una fuerza de seguridad habilita en muchos casos el uso de armas de fuego e incluso hubo situaciones de muertes evitables. La Policía tiene que asegurar la integridad de todas las personas en la escena y ponerse al servicio del equipo de salud”.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, también apuntó a las coincidencias entre el protocolo anunciado por Jorge Macri y la Ley 26.657 que tanto criticó: “Esto es justamente la Ley de Salud Mental, pero no solo para la gente en situación de calle, sino para todas las personas que atraviesan un padecimiento. Además la Ley obliga a erradicar los manicomios y generar nuevas formas de atención. En PBA ayer cerramos el primero”.