El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 14 absolvió a los seis profesionales imputados por la muerte de Matías Carbonell, de 23 años, el juicio se realizó durante nueve meses. La víctima era paciente del hospital neuropsiquiátrico Borda, su fallecimiento ocurrió hace doce años. Ahora esperan que se conozcan los fundamentos en los que se basaron los jueces para tomar la decisión.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aseguran que las muertes ocurren a diario en estas instituciones de encierro “pero no son visibilizadas”. Además denunciaron que estos crímenes también ocurren en comunidades terapéuticas “pero esa información nunca circula”.
“Las muertes en instituciones psiquiátricas suceden a través de un conjunto de situaciones que tienen que ser trabajadas en manera conjunta, como primer paso hay que hacerlas visibles y problematizar el asunto”, recomendó Macarena Sabin Paz, coordinadora del Equipo de Salud Mental del CELS, en diálogo con Tiempo. Continuó aseverando que “el Órgano de Revisión en un protocolo de 2014 estableció la obligación de investigar todas las muertes ocurridas en instituciones psiquiátricas e instituciones de encierro bajo tutela del Estado y considerarlas a todas ellas dudosas”.
“Por eso el primer paso es la desnaturalización de estas muertes, empezar a pensar que muchas de estas personas que resultaron víctimas estuvieron encerradas en estos lugares durante muchos años de sus vidas”, llamó a la reflexión Macarena. También señaló que estas instituciones funcionan de manera contradictoria y están “muy lejos de revertir la problemática de salud mental que padecen estas personas y mucho menos de brindarles una rehabilitación”.
Causales de muertes, la mirada del CELS
“Lo único que hacen es agravar la situación inicial y, además, añadir otras enfermedades, como ser en términos generales el consumo frecuente de medicaciones, la sobremedicación es una práctica habitual en estas instituciones”, denunció Sabin Paz. Siguió alertando que “el consumo desmedido de fármacos y psicofármaco en dosis combinadas, traen unos correlatos y deterioros mentales que muchas veces derivan en muertes”.
“Otro factor de muerte tiene que ver con la asfixia por obstrucción de la vía superior, son personas que por la supresión del sistema nervioso central, sumado a la falta de cubiertos adecuados para almorzar y cenar en condiciones dignas padecen distintas dificultades”, detalló la coordinadora a este diario. Señaló que los usuarios de estas instituciones “se ahogan comiendo y mueren, porque hay distintas situaciones que derivan en diferentes cuadros que conducen a la muerte”.
“Es decir, son una serie de cuadros que tienen que ver con el propio deterioro de la salud, producto de estar encerrados en estos lugares”, denunció Sabin Paz. Advirtió que son algunas “de las cosas que hay que empezar a visibilizar, problematizar e investigar de manera adecuada y eficiente”.
Cartera de Salud Mental
Según la Ley 26.657 de Salud Mental, el presupuesto se tiene que ir incorporando desde el 1% hasta cubrir la pauta del 10% de toda la cartera de salud: “Hoy a nivel nacional los datos presupuestarios que prácticamente se desconocen, porque se desglosan en diferentes lugares de las partidas presupuestarias, pero sabemos en forma clara y precisa que el porcentaje debería ser del 10% y no llega ni al 2%”, reclamó la coordinadora.
“Una de las consecuencias de que las muertes sean naturalizadas en estas instituciones psiquiátricas, es justamente, que no se visibilicen y se conozcan otros casos sobre muertes como la de Matías”, se quejó Sabin Paz. También subrayó que “hay ciento y miles de muertes que ocurren a diario en condiciones muy similares y hasta aún peores a la que sufrió este joven”.
“Nosotros hemos constatado muchas muertes en los manicomios, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Provincia de Buenos Aires”, remarcó la coordinadora. Aseguró que hay otras organizaciones “con las que trabajamos en conjunto, que han registrado muertes en otros psiquiátricos del interior del país”.
“Lo que ocurre es que -por la absolución de los seis profesionales del Borda imputados en la causa- la Justicia no investiga de oficio, no interviene como corresponde”, denunció Sabin Paz. Contó que en términos generales es muy difícil “que las familias de las víctimas vayan a reclamar justicia y que se constituya una querella que pueda llevar adelante una investigación como fue en el caso de Matías”.
“Sabemos fehacientemente que estos casos ocurren a diario”, puntualizó y denunció la coordinadora. El año pasado tomaron conocimiento “de casos similares en comunidades terapéuticas de la provincia de Buenos Aires, de jóvenes con consumos problemáticos, pero como dije antes, son datos que muy poco se conocen, no circula esa información”, concluyó.
El caso
La muerte de Matías Carbonell, de 23 años, ocurrió el 19 de octubre de 2010. Primero fue trasladado de urgencia al Hospital Penna; estaba inconsciente y en estado de salud muy crítico. Allí, el personal médico cuando constató varias lesiones físicas y quemaduras compatibles con pasaje de corriente eléctrica dio aviso a la policía. El organismo de la víctima había sufrido daños irreversibles y finalmente falleció tras agonizar veinticuatro días en el nosocomio.
En diciembre de 2009 la víctima fue trasladada en forma violenta desde el Servicio 25-B al 14-22 del hospital neuropsiquiátrico Borda. A pesar de que había una medida cautelar que indicaba en forma clara y precisa que ese sector permanecía en condiciones peligrosas y humillantes para las personas internadas, pero seguía con normal funcionamiento al momento que sucedieron los hechos.
Matías, en 2010, atravesó una internación en condiciones denigrantes y fue víctima de malos tratos, torturas, soportó distintas formas de violencia y hostigamiento por parte de los profesionales de la institución. Justamente, Matías había sido elegido como delegado por sus compañeros de encierro, era quien encabezaba los reclamos ante las precarias condiciones de internación.
