En el marco del 70 aniversario de la llamada Masacre de José León Suárez, la Justicia Federal sanmartinense reconoció este lunes la responsabilidad del Estado argentino en los asesinatos perpetrados por miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, durante la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956.
La sentencia es el resultado del «Juicio por la Verdad» que realizó el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence. Fueron tres jornadas distintas que tuvieron lugar en el auditorio municipal Hugo del Carril, de ese distrito bonaerense. Allí, los familiares de las víctimas contaron a este medio lo que sintieron tras haber sostenido una lucha de generación en generación durante siete décadas.
Resultaron víctimas de la Masacre: Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Mario Brión, Francisco Garibotti y Carlos Lizaso. Otros siete lograron escapar y sobrevivir a la balacera policial. Uno de ellos, Juan Carlos Livraga, brindó su testimonio por escrito, que fue leído en voz alta por la jueza Vence en la primera audiencia que se realizó el miércoles pasado. Fue de esa manera, porque el hombre -de 95 años- vive en California, Estados Unidos.
Alberto Palacios y Walter Arias son los abogados querellantes, miembros de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia local; organismo hasta hace poco presidido por la ciudadana ilustre Evita Morales, recientemente fallecida. «Ella luchó hasta el último día de su vida, fue la principal impulsora del reclamo para que la justicia eleve la causa a juicio y por eso quiero honrarla, estoy muy agradecido«, expresó a Tiempo, Daniel Brión, escritor e hijo del asesinado Mario.
Y aclaró: «Pero quiero remarcar que esta sentencia es un logro colectivo, es memoria activa, porque la única batalla que se pierde es aquella que no se da. Siento que tuvimos un poco de justicia, pero la lucha continúa».
Leonardo Muñoz tiene 50 años, es nieto de Nicolás Carranza. Su abuelo era ferroviario y trabajaba de camarero en los trenes de larga distancia. Su mamá, Julia, tenía 45 días de vida cuando su padre fue asesinado. «Es una sentencia muy importante, no solo para los familiares que estuvimos esperando setenta años, sino para todo el pueblo argentino, hoy es un día histórico», expresó a Tiempo.
Y completó: «Esto quedará plasmado en la memoria de todos. Considero que el más importante de los resultados es que se tendrá que agregar en los programas de educación en todos sus niveles. Para que las nuevas generaciones sepan que un grupo de patriotas dieron sus vidas por la justicia social y el retorno de la democracia«.
Una mochila menos
Alicia Rodríguez, de 80 años, hija del asesinado Vicente, contó a Tiempo. «Me saqué una mochila muy pesada de encima, la tuve en mi espalda durante setenta años. Porque durante todo ese tiempo estuvimos silenciados, no nos dejaban hablar, entonces hoy me liberé, no lo digo políticamente, estoy hablando de sentimientos del corazón«.
La mujer -que tenía 10 años cuando asesinaron a su padre- expresó: «Siento mucha felicidad y creo que después de esto ya estoy hecha. Porque siempre anhelé que la sociedad sepa que mi papá y sus compañeros fueron inocentes y buenas personas asesinadas ilegalmente«.
Majo Carranza tiene 40 años, es la nieta del asesinado Nicolás, hija de Berta: «Estamos muy contentas, fue una sentencia histórica. Porque después de tantos años de ver a mi mamá y a su hermana Delia -su tía- luchando, ahora las pude ver abrazadas, emocionadas y agarradas de las manos«.
También dijo que si bien los culpables ya están muertos, de todos modos para ella y sus familiares es un alivio por todo lo que lograron. Porque los asesinatos serán incluidos en el listado de víctimas de lesa humanidad como corresponde.
Majo aseguró que siente mucha nostalgia cuando recuerda a los familiares que quedaron en el camino, por ejemplo, Susana Valle -hija del general Juan José Valle, su nieta Soledad estuvo en el juicio- que no pudo estar para presenciar el momento de la sentencia que tanto deseaba.
La mujer recordó: «Anoche en charla con mi compañero le decía, tantas cosas que tenemos hoy para hablar con Susana, a quien extraño mucho, entre muchas otras personas que me hubiese gustado que estén en este momento tan importante y significativo, disfrutando de este gran logro».
Majo enfatizó: «Ahora tenemos que seguir luchando más que nunca, para que los 31 asesinatos que fueron perpetrados desde el 9 al 12 de junio de 1956, también sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad, porque es lo que corresponde».
Leonardo Grosso, exdiputado nacional y militante del Movimiento Evita, también estuvo acompañando a los familiares en el juicio: «Pienso que es un hecho histórico que da cuenta de que luchar, caminar y militar tiene sentido y da resultados positivos«, consideró el exlegislador que en la actualidad se desempeña como funcionario en la Municipalidad de Moreno.
Grosso continuó. «Los familiares de las víctimas insistieron durante 70 años y hoy podemos ver que consiguieron el reconocimiento del Estado en términos de Justicia. Todos los responsables -directos e indirectos- de esta masacre fueron condenados por haber cometido esos crímenes de lesa humanidad«.
Víctor Hugo Gómez, actual presidente de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de San Martín -organismo querellante en el juicio- charló con Tiempo y contó: «La sentencia es muy importante, porque reafirma lo que siempre dicen las Madres de Plaza de Mayo, ‘la única lucha que se pierde es la que se abandona’, y aquí la lucha de los familiares fue durante setenta años y hoy se ve coronada con un triunfo«.
Y agregó. «Porque los asesinatos fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, no solamente triunfaron los familiares, lo hizo el pueblo que no olvida y sigue peleando por la memoria, verdad y justicia«.
También dijo que la sentencia es un cachetazo que la historia le está pegando a aquellos como el expresidente fallecido Carlos Menem y sus funcionarios, que se sacaban fotos abrazados con Issac Rojas, uno de los principales responsables del bombardeo en Plaza de Mayo en el ’55 y de los asesinatos en los basurales en el ’56.
Gómez valoró. «La sentencia también señala que se pueden realizar los juicios en otras jurisdicciones donde se cometieron los otros asesinatos; porque en total fueron 31 en distintas partes de la provincia de Buenos Aires».
Y concluyó. «Esto tiene que servir para proyectar el campo popular, sobre cuál va a ser la salida a la situación económica-política actual. Nos tiene que permitir recuperar un modelo de país como por el que lucharon nuestros compañeros que fueron asesinados«.
Sobre la sentencia judicial
La jueza Vence consideró en el veredicto que «doce personas fueron secuestradas por miembros de la policía en una casa de la localidad de Florida». Y que luego los uniformados «cometieron cinco homicidios y siete tentativa de homicidio», estos últimos los que sobrevivieron a la balacera policial.
Ordenó medidas reparatorias y adjudicó la culpabilidad de los terribles hechos cometidos a los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas. Y de los jefes policiales Desidero Fernández Suárez, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; de Rodolfo Rodríguez Moreno, jefe regional de San Martín y de Juan Constantino Guaranta, jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
El veredicto también señaló que si todos estos responsables estuviesen vivos hubieran recibido penas a prisión perpetua. Vence leyó la parte dispositiva de la sentencia, en la que declaró que los hechos narrados por Rodolfo Walsh en su libro «Operación Masacre», fueron crímenes de lesa humanidad de esa dictadura cívico militar.
También estableció -entre otras- medidas reparatorias, como la publicación de la sentencia en las páginas web del gobierno nacional y bonaerense. La construcción de un sitio de memoria donde estaban basurales donde fueron asesinados los militantes peronistas, allí están los homenajes a las víctimas, sobre 9 de Julio y Avenida Márquez. Y que se difunda lo que pasó y de ese modo preservar la memoria histórica.
La Masacre de José León Suárez ocurrió entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956. En total fueron 31 los militantes asesinados entre el 9 y el 12 de junio de 1956 en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires por la misma causa.
Los fusilamientos se produjeron como represalia contra el levantamiento del General Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. Los militares pretendían el regreso a la presidencia Juan Domingo Perón, quien había sido derrocado y se había exiliado tras el bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955.
