Brote histórico de dengue. Pacientes de alto riesgo sin medicamentos. La necesidad de vacunas de cara a la época de gripe. El desmantelamiento de programas claves. Todo lleva a una pregunta basal: ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud de la Nación?
La cartera sanitaria estuvo hasta último momento de la llegada de Javier Milei a la presidencia con el peligro de perder el rango ministerial. Algo que ya había hecho Mauricio Macri. Originalmente iba a formar parte de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, pero finalmente quedó separada, bajo la tutela de Mario Russo.
En este tiempo se convirtió en el funcionario con menos visibilidad del gabinete, a pesar de tener que afrontar problemáticas visibles. El mayor ejemplo es el dengue: en lo que va de 2024, se registraron 57.461 casos. Un aumento del 2153% en comparación con el mismo período de 2023. Sin embargo, anclado en la idea del ajuste fiscal y del fin de la pauta en medios, el Ministerio evitó hacer campañas a la opinión pública, lo que quedó centrado en las carteras provinciales y municipales. Tampoco giró fondos a las jurisdicciones para operativos de fumigación o refuerzo de internaciones.
“Es importante que haya una presencia mucho más activa del Ministerio de Salud. El costado técnico que no puede darle un vocero presidencial. Es fundamental que la población esté alertada, que sepa lo que está pasando, saber reconocer síntomas y qué hacer, para no automedicarse. Que el ministro hable del tema, si en todos lados comunicamos el mismo mensaje la llegada es mucho mayor”, enfatiza Sandra Tirado, ex secretaria de Acceso a la Salud en la gestión de Carla Vizzotti.
Y habla de otro punto que el Ministerio también prefirió evadir: la vacuna contra el dengue. “El año pasado se hizo la autorización de parte de Anmat de que es una vacuna segura, efectiva, que se puede utilizar. El siguiente paso evaluar a qué población va, de qué edad, en qué zona, para su incorporación al calendario de vacunación obligatorio y gratuito. Ahí el Ministerio tiene un rol muy importante, que hoy no está”. La provincia de Salta, por ejemplo, decidió avanzar ella misma en la compra de vacunas.
Colapso
El Hospital Muñiz, en el barrio porteño de Parque Patricios, especializado en enfermedades infecciosas, está colapsado. Reciben más de 150 consultas diarias. La mitad dan positivo. Debieron planificar salas de internación exclusivamente para dengue. Lo mismo sucede en otros hospitales del sur de CABA como el Álvarez o el Penna. “Lo que más preocupa es el sector pediátrico, muchos chicos con dengue grave, no vemos campaña de concientización. La gente no sabe cómo evitarlo”, se lamentan.
Ante la llegada del otoño, esta misma ausencia se teme de cara a la necesaria campaña de vacunación de gripe, Covid-19 (en el cual el gobierno descree explícitamente), o la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, para personas gestantes desde la semana 32 a la 36. Fue incluida en el Calendario Nacional tiempo atrás, es obligatoria y gratuita, pero apenas fue anunciada y difundida por el Ministerio nacional. De nuevo, la tarea recayó en Municipios y Provincias.
“No están cubriendo absolutamente nada (desde Nación). No ha habido COFESA (Consejo Federal de Salud), que tendría que ser una vez por mes. No hubo campaña de dengue, no hay Mesa Técnica de Gripe, no hay campaña de vacunación. No hay nada”, se sinceraron a Tiempo desde la cartera sanitaria bonaerense.
Vivir en incertidumbre
La otra cara de la inacción del Ministerio de Salud de la Nación se centra en los recortes de programas claves. Un informe de esta semana del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria de la administración pública en febrero detectó fuertes ajustes en el Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y hospitales nacionales: “El Ministerio de Salud ejecutó $71 mil millones, lo que equivale al 2,4% del proyectado”.
Denuncian que existen “programas críticos que están virtualmente paralizados” por falta de fondos. El de “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” tuvo un recorte de 92%. Abordaje de Curso de Vida sufrió un recorte del 80%. “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” reporta una caída en su ejecución de 54%: es clave para garantizar remedios y tratamientos de alto precio, medicación oncológica, de salud mental, drogas de uso paliativo y post trasplante en población que depende del sistema público. Se les suman “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles” (-45%) y “Acciones de Integración de Personas con Discapacidad” (-69%).
Victoria Ruiz, de ATE Salud, resalta que “los nombramientos de algunos funcionarios y funcionarias, sobre todo en las capas medias de la estructura, vienen lentos. Esto hace que el arranque de las políticas y acciones del Ministerio se estén demorando más de lo habitual”.
El Posadas es un ejemplo. Aún funciona con los directivos de la gestión anterior, que están esperando a que nombren al nuevo titular para dejar su cargo y que no quede a la deriva. Mirtha Jaime, delegada de CICOP del centro de salud, revela que “se barajan nombres pero en el mientras tanto solamente se vive incertidumbre. Ha habido algunos recortes, faltan insumos, en algunos casos medicaciones oncológicas para pediatría. Y esperamos que no haya despidos como hubo en la época macrista. Ahora nos están haciendo firmar una contratación cada tres meses”. En febrero, el Hospital Posadas tuvo un 51% de subejecución presupuestaria.
Sin Estado
La desregulación es otra marca de la gestión actual de Salud. Se ve con las prepagas o con la decisión publicada en el Boletín Oficial el 22 de febrero de retirar a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de su rol de intermediaria entre hospitales públicos y obras sociales en cuanto al cobro de prestaciones. Para justificarlo, apelaron a dos conceptos propios de las gestiones neoliberales: “ineficiencia y desaprovechamiento de recursos”. Esto afectó a 1063 centros de salud de todo el país. Antes, si los hospitales que se anotaban en el sistema no lograban cobrar la prestación a las obras sociales en un plazo de 90 días, el superintendente estaba autorizado a transferir compulsivamente esos fondos. Ya no.
La desregulación abarca a los medicamentos. De acuerdo al informe de mediados de febrero del Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar), los remedios aumentaron más de 110% en los últimos tres meses. Apuntan que la situación explotó “una vez finalizados los acuerdos que se venían sosteniendo entre los laboratorios y el gobierno anterior”. Las consecuencias son críticas: se dejaron de comprar más de 10 millones de unidades mensuales.
Tirado habla de “una barrera” que se está creando en el acceso al sistema sanitario: “hay personas que cuando saben que no van a poder comprar la medicación, directamente no consultan al médico. Están habiendo pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cardíacas, que están discontinuando su tratamiento diario. Eso trae graves complicaciones, tanto a ellos individualmente como al sistema que luego tendrá que atender casos agudos que se podrían haber evitado. Otra consecuencia es la resistencia antimicrobiana que ocurre cuando acortamos tratamientos. Por eso el Estado debe tener un rol activo. No ser exclusivamente regulado por el mercado”.
En ese sentido también habló el gobernador Axel Kicillof en la apertura de sesiones de la Legislatura: «La famosa libertad de precios en mercados altamente concentrados, como lo son los de los medicamentos, puso en crisis todo el sistema de salud. Nadie niega que el sistema venía atravesando dificultades y tensiones, pero las medidas del actual presidente lo arrojaron a una severa crisis. Paradójicamente, los que venían a privatizar, terminaron estatizando y sobrecargando la salud pública, como ocurre también en la esfera de la educación: no pueden pagar el privado y recurren al sistema público».
El rostro más cruel y fatal del ajuste: pacientes oncológicos sin medicación
El rostro más cruel y fatal del ajuste se puede ver en el corte del suministro de medicamentos oncológicos tanto para pacientes adultos como pediátricos, justificado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en que “eran comprados de manera irregular”. Esta semana la cartera anunció el cierre de los 59 Centros de Refencia (CDR) donde, entre otras acciones, tramitaban los pedidos de medicamentos de alto costo de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE).
El martes se conoció la primera muerte de una persona con cáncer que dejó de recibir los remedios. Se llamaba Aldo Javier Pinto y era referente barrial de Salta. Mientras tanto, hay familias en situaciones críticas pidiendo a gritos que vuelvan a mandar los medicamentos.
Está Andrea Martínez, con un cáncer de mama que se le extendió a los huesos. Le cortaron el tratamiento. Tiene 5 hijos. Está María Teresa Troiano, paciente oncológica, que no puede pagar los 17.000 dólares que cuesta su tratamiento, frenado por la DADSE en diciembre. El de Pablo Riveros (20 años, enfermedad incurable) cuesta U$S 40.000 por mes. No se vende a privados, solo lo puede comprar el Estado. Maria Celeste Quintana hace 3 meses que no recibe un tratamiento que cuesta $28.000.000. Sin eso no puede respirar. Cielo tiene 14 años, le diagnosticaron lupus y el gobierno le cortó los medicamentos que necesita para vivir. Luciano tiene 25 años y enfermedad de Crohn. Le cortaron el tratamiento. En 13 días necesita una nueva dosis o tiene riesgo de vida. Lautaro, de 13 años, padece colitis ulcerosa. La caja de Mesalazina que le suspendió la DADSE ronda los 200 mil pesos.
Pablo tiene 15 años, es de González Catán, padre y madre monotributistas sociales, y hace cuatro meses le diagnosticaron leucemia. En un primer momento la quimioterapia dio resultado. Pero al poco tiempo el cáncer recrudeció. Está a la espera de ocho ampollas de inotuzumab-ozogamicina, como paso previo a un trasplante. Cada una cuesta más de 25 millones de pesos. Nadie responda. Ni la obra social ni el Estado. Está internado en el Posadas.
Romina Gallo, vive en Córdoba, tiene cáncer de mama avanzado. Está con quimio desde octubre. En 2023 hizo tres ciclos en el hospital público provincial. “No tuve ningún problema. Para enero de 2024 tenía que cambiar mi esquema de medicación por otras drogas, entonces tanto el hospital como yo hicimos trámites para solicitar esta nueva medicación, son tres diferentes. Dos me las tenía que dar la provincia, una la Nación. En diciembre hice el trámite. La provincia de Córdoba se demoró pero me la terminó dando. Pero en Nación, la DADSE dejó de entregarla. Tuve que ir consiguiéndola por donaciones, pero me escribió un montón de gente que sigue sin recibirla. El cáncer no espera”.
Carolina Ragazzon
11 March 2024 - 11:30
delitos de funcionario público x omisión o causa. Será hora seguir el camino judicial a quienes ponen sus firmas, o quienes miran para otro lado. Que los funcionarios públicos SEAN RESPONSABLES por sus actos, o la omisión de ellos.