La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) es la alergia alimentaria más frecuente en lactantes. Se estima que la sufren entre el dos y el cinco por ciento de los menores de un año. La Ley 27.305, sancionada hace una década, garantiza la cobertura al 100% de las leches medicamentosas necesarias para estos casos. Pero sigue habiendo dificultades para su acceso. Solo en el último año, más de mil familias reportaron problemas para disponer del alimento que necesitan sus bebés.
Durante 2025, la Asociación Leches Medicamentosas intervino en más de 800 reclamos administrativos ante obras sociales y empresas de medicina prepaga y se vio en la necesidad de recurrir a 220 acciones judiciales para que niños y niñas con expresa indicación médica pudieran acceder a las fórmulas especiales que necesitan para su adecuado crecimiento y desarrollo.
Una encuesta reveló que si bien el 80% del personal de salud conoce la normativa sobre el tema y la considera en sus prescripciones, todavía persiste un 20% que no está informado en la materia. El porcentaje muestra que ya no se trata de un tema de desconocimiento de la norma, mayoritariamente contemplada, sino de lograr que esa legislación sea cumplida por obras sociales y prepagas.
Un camino con “trámites interminables”
La APLV se aborda excluyendo de la alimentación todo aquello que contenga la proteína de leche de vaca. Tanto del bebé como de la madre, si se encuentra lactando. Si el profesional de la salud lo considera, puede indicar leches medicamentosas especialmente diseñadas para cubrir las necesidades nutricionales de estos pacientes.
Pese a la ley, la indicación médica parece no alcanzar. “Muchas veces, el camino incluye trámites interminables para acceder a un tratamiento que en realidad la legislación nacional garantiza desde hace una década, pero sobre el que los sistemas de cobertura suelen presentar trabas y demoras infundadas”, cuestionó la Asociación.
La consultora Ipsos relevó a 150 profesionales de la salud (pediatras, gastroenterólogos y alergistas) y 166 cuidadores (padres y madres) de AMBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, La Plata y otras ciudades bonaerenses. El estudio mostró que casi la mitad de las familias (47%) necesitó varias consultas médicas en pediatría y guardia hasta llegar al diagnóstico.
El informe detalla que el 34% de las familias no tiene acceso integral: un 19% porque no se los cubre su obra social o prepaga, un 10% porque recibe menos unidades que las prescriptas, un 4% accede a cobertura parcial del costo y el 1% tiene cobertura parcial para costear solo algunas de las unidades prescriptas.
La conclusión de la encuesta es que “la burocracia continúa siendo la principal barrera y llega a modificar la conducta médica” y “las familias pueden esperar hasta 30 días entre la aprobación y la entrega del tratamiento”. Al mismo tiempo, a partir de un mayor y mejor conocimiento del tema, “cada vez menos cuidadores aceptan una negativa y se presentan más reclamos formales”.
Los derechos de los bebés
«Ningún bebé debería depender de un abogado para acceder a la alimentación que necesita por indicación médica. Sin embargo, esa sigue siendo la realidad de miles de familias. La ley es clara, pero todavía hay padres y madres que deben reclamar o judicializar el derecho básico de sus hijos puedan alimentarse de acuerdo con la indicación prescripta por sus propios médicos”, expresó Leandro Desplats, abogado, fundador y secretario general de la Asociación Leches Medicamentosas, que acompaña y asesora en forma gratuita a familias que atraviesan desafíos de acceso.
“Estos datos locales demuestran que el desafío ya no pasa por convencer sobre la importancia de la ley. Hoy existe conocimiento y consenso entre profesionales de la salud y las familias. El desafío pendiente es transformar esa convicción en acceso oportuno, porque para un bebé con APLV cada día de demora tiene consecuencias, sufrimiento y potencial impacto en su crecimiento”, remarcó.
Desplats se abocó al tema luego de que en 2021 su bebé fuera diagnosticado con un trastorno digestivo funcional. Gastaba más de 100 mil pesos por mes en la leche medicamentosa especial que su hijo toleraba. Tuvo que acudir a la vía judicial para que su prepaga le garantizara la cobertura, pese a la vigencia de una ley sobre el tema. A partir de su experiencia, se dedicó a investigar y asesorar para que otras familias tengan garantizado su derecho.
