Durante una exposición en el MALBA, Javier Milei planteó: “¿Qué pasa si llega un marciano a la Argentina y quiere saber cómo va la política desde los hechos, los datos duros? Mira el Boletín Oficial y mira básicamente los números y dice ‘esta reconstrucción de este país es maravillosa’”. Para el presidente, el otro camino que tiene el alienígena es “mirar la televisión y leer los diarios” y creerá que “estamos a punto de entrar en el peor de los infiernos”.

En rigor, esta parábola es un nuevo intento de justificar el modelo, que deja de lado el eje de lo que le ocurre a la gente de a pie. Además, los datos duros, cuando se los analiza en detalle, muestran una realidad muy distinta a la que plantea el gobierno.

Según información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en febrero cerraron 257 firmas, número que llega a 24.437 en el acumulado de toda la gestión Milei, superando lo ocurrido en el peor momento de la pandemia, cuando quebraron 21.405 empresas. Esta situación es en gran parte la responsable de la pérdida de 327.813 empleos registrados desde fines de 2023.

Los salarios reales de los trabajadores registrados continúan en caída: 0,3% en marzo y 3,4% interanual. Si se considera el primer trimestre del año y se lo compara con el primero de 2023, hay una pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario formal del 11,4 por ciento.

Otro factor a considerar es la evolución de la canasta de servicios públicos, que ha subido aún más que el promedio de precios de la economía. Según los datos del Indec, la inflación de los regulados se incrementó un 482% en toda la gestión, respecto del 303,5% de la general.

Seguramente si el marciano aterrizara en los grandes centros urbanos se toparía con marchas en defensa de la universidad pública y la salud, con reclamos por los haberes de los/as jubilados/as o por la recomposición de los fondos para personas con discapacidad.

Si llegara a Vaca Muerta, el panorama sería distinto, dado que la actividad extractiva es una de las pocas que se encuentra en expansión. Habría que explicarle al extraterrestre que Vaca Muerta fue posible gracias a la renacionalización de YPF y a lo que se hizo desde el Estado en otros gobiernos para tratar de revertir el desbalance energético. Habría que decirle también que mayor producción y exportaciones no necesariamente significan que los frutos sean recogidos por la mayoría de los argentinos y las argentinas.

Nuestro país tiene petróleo, agua, tierras raras, litio, y casi todos los recursos naturales que actualmente están en el centro de las grandes disputas geopolíticas. Por lo tanto, es probable que en algún momento vengan inversiones hacia estos sectores, que luego generen producción y exportaciones. Pero con las condiciones favorables del RIGI, el beneficio para el país va a ser muy bajo, dadas las grandes ventajas en términos impositivos y la posibilidad de remitir al exterior los dólares de exportaciones que realicen, además de no ser actividades que generen muchos puestos de trabajo.

Los propios números fiscales también dan cuenta de una dinámica que está lejos de ser virtuosa. En abril los ingresos totales marcaron una merma interanual del 2,1% en términos reales, noveno mes consecutivo con caídas. Es en gran medida una consecuencia de la baja de alícuotas, de la eliminación de ciertas retenciones y otros impuestos, de la menor recaudación producto de la merma en el consumo y del cierre de empresas.

El gobierno festejó la suba del EMAE de marzo, del 3,5% con relación a febrero (en la serie sin estacionalidad) y del 5,5% interanual. Sin embargo, no es correcto sacar conclusiones a partir de datos puntuales que no reflejan las tendencias de fondo. Si en cambio se toma el primer trimestre del 2026 y se lo compara con igual período del año anterior, la suba llega al 1,7% y es explicada en gran medida por Agricultura y Ganadería (+18%); Minas y canteras (que incluye hidrocarburos, +18%) e Intermediación Financiera (+7%), mientras que la Industria manufacturera cayó (-2,3%), al igual que el Comercio mayorista y minorista (-2,4%). Una evolución que evidencia el resultado de las políticas del gobierno.

Los sectores que están creciendo son prácticamente los que menciona el FMI como estratégicos. En el comunicado de aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el organismo, su directora gerenta, Kristalina Georgieva, valoró que los “avances en la desregulación de la economía y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral han sido impresionantes” y señaló que “deben continuar los esfuerzos para crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento”. A partir de este entusiasta enfoque, el organismo acaba de liberar un desembolso de U$S 1000 millones.

Límites al ajuste y alternativas

Sin reparar en los daños productivos y sociales, el ajuste se profundiza. El presidente Milei acaba de señalar que van a seguir apretando la política monetaria hasta bajar la inflación. Cuesta calcular cuánto desempleo adicional y caída de la demanda interna hacen falta para conseguir dicho objetivo.

No hay que perder de vista que en abril la inflación mayorista se aceleró al 5,3% impulsada principalmente por el rubro de petróleo crudo y gas, que subió un 22,9% en medio de las repercusiones del conflicto en Oriente Medio, lo cual en alguna medida se trasladará luego a la inflación al consumidor. Esta evolución podría haberse evitado. Argentina es un país que se autoabastece energéticamente, y con voluntad política hubiera sido posible suavizar el traslado a precios internos de la suba de los valores internacionales.

Por su parte, ante cierto declive del superávit fiscal en abril, la reacción del gobierno fue de manual (neoliberal): ajustar los gastos del Presupuesto 2026. También se le dio media sanción en Diputados a la modificación de Zonas Frías, que busca eliminar subsidios al gas natural, lo que llevaría a un recorte de casi $ 300 mil millones. Se busca mantener la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas únicamente en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, excluyendo a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, la cual benefició a unos 3 millones de usuarios de gas natural por redes.

Los/as legisladores/as que fueron elegidos/as con un mandato determinado y no lo respetan, seguramente deberán rendirle cuentas a la ciudadanía que los votó.

En este marco, debemos aspirar a que en la próxima elección tengamos una propuesta lo suficientemente clara, amplia y plural, como para poder plantear una alternativa posible al actual modelo.

De nada sirve que por querer seducir al electorado la oposición termine cayendo en postulados básicos del actual gobierno y del modelo neoliberal. El modelo alternativo debe basarse en un Estado presente, a través de regulaciones y políticas que apunten al desarrollo del mercado interno y a sistemas de salud y educación pública fuertes. Que bregue por el fortalecimiento de los sistemas de ciencia y tecnología estatales, y por el desarrollo regional y provincial, entre otros tantos temas. Y que, en definitiva, se oriente a mejorar el bienestar de la mayoría de la ciudadanía.  «