La historia de las luchas agrarias venía de antes, pero en la década del ’70 se produjo una eclosión de la organización campesina e indígena en todo el país, en sintonía con el dinamismo que, a partir del Cordobazo y como fruto de años de resistencia, venía protagonizando el conjunto del pueblo argentino.
El 14 de noviembre de 1970 nacen en Sáenz Peña, Chaco, las Ligas Agrarias, movimiento que a poco andar se extenderá a Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos. Sus posiciones eran radicales, a tono con los horizontes emancipatorios y con la confianza en la victoria: «Nuestro movimiento no se conforma con defender a los trabajadores de la ambición de los monopolios, quiere expulsar a los monopolios», sostenían en el periódico Amanecer Agrario, del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), estructura provincial de la organización. Las Ligas se nutrieron del activismo del Movimiento Rural de Acción Católica, nacido una década antes a partir de la confluencia de jóvenes laicos, curas y familias productoras. Ese movimiento cristiano se vio influenciado por la Teología de la Liberación, pero a inicios de los años ’70 padeció la persecución de la Conferencia Episcopal Argentina, alarmada por lo que llamaron la “infiltración marxista”, que en realidad era la toma de conciencia revolucionaria de un sector de sus bases católicas. Con los años, al calor de las luchas de esa época y empujados por la represión, algunos de los dirigentes provinciales de las Ligas se integraron a la organización Montoneros y colaboraron con la guerrilla, aunque el movimiento mantuvo su independencia.
Las Ligas Agrarias habían logrado organizar a los productores de yerba mate, algodón y tabaco por fuera de las estructuras tradicionales, con una perspectiva estratégica radical. Eso puso en alerta a las entidades patronales, que vieron en el Golpe de 1976 la posibilidad de aniquilar la rebeldía campesina, preservar sus privilegios y perpetuar la explotación. En Misiones, el principal ataque al movimiento se dio a través de la detención y posterior asesinato del dirigente del MAM Pedro Peczak. En Chaco, el Ejército llevó adelante una serie de acciones para ocupar pueblos y secuestrar dirigentes campesinos, hechos conocidos como “Operativos Toba”.
En paralelo al surgimiento de las Ligas Agrarias se produjo la expansión de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), que pasó de registrar 30.000 afiliados en 1970 a cerca de 120.000 antes del Golpe del 76. En medio de ese período, los gobiernos de Cámpora y Perón favorecieron a la peonada rural imponiendo mejoras salariales y estableciendo derechos laborales históricamente vulnerados. A diferencia de lo que sucedió con las Ligas, los dirigentes de FATRE se identificaban con un peronismo más conservador, lo que provocó algún cortocircuito entre las organizaciones. Sin embargo, esa mayor distancia respecto a las luchas revolucionarias no alcanzó para preservar a la Federación de la persecución una vez consolidado el golpe: la entidad fue intervenida, su labor paralizada, y fueron especialmente perseguidos los dirigentes de las seccionales que habían establecido vínculos con otros sectores en lucha. La persecución precedió a la brutal caída de los salarios reales y la vulneración de los derechos del peón rural, objetivos en última instancia del plan criminal denominado Proceso de Reorganización Nacional.
La Federación Agraria Argentina (FAA) también acompañó, a su modo, los ímpetus de transformación social de la época. Nacida en 1912 del «Grito de Alcorta» –un movimiento de protesta de arrendatarios y pequeños chacareros contra la oligarquía terrateniente de principios del siglo XX–, la entidad había tenido sus vaivenes y derivas conservadoras, pero en los años ’70 retomó el lema “la tierra para quien la trabaja” y mostró mayor vocación por sintonizar con el resto de las luchas del sector. Durante los gobiernos peronistas de entonces, la FAA aportó a la elaboración de la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, en contra de los latifundios. Bajo el liderazgo de Humberto Volando, un chacarero querido por las bases que provenía de una familia de agricultores cordobeses, la Federación Agraria mantuvo coherencia en sus principios. Por ello padeció la persecución de la dictadura, que intervino la entidad y la condenó al ostracismo.
Por aquellos años las organizaciones rurales no incluían la reivindicación explícita de la cuestión indígena –como sí sucederá con la nueva generación de movimientos rurales del siglo XXI–, aunque en muchas provincias del país el sujeto campesino era el indio. Sin embargo, con independencia organizativa pero compartiendo demandas y luchas, también las comunidades indígenas fueron protagonistas de aquel momento histórico. En 1970 nace la Confederación Mapuche del Neuquén, con apoyo de sectores del cristianismo de liberación (fue central el rol del obispo Jaime de Nevares); sus demandas pasaban por la recuperación de tierras, el reconocimiento de su autonomía por parte del Estado y la reivindicación de las lenguas originarias. En la misma tónica, en 1972 se convoca en Fiske Menuco (General Roca, Río Negro) el Primer Parlamento Indígena con intención de abarcar a comunidades de todo el país; en 1973 nace la Federación Indígena de la Provincia de Buenos Aires (Fipba), y en el noroeste surgen las Comisiones de Comunidades Kollas. Todo ese movimiento terminará siendo acallado a fuerza de persecución por la dictadura, aunque la represión a las demandas indígenas, en particular por la tierra, era una constante en algunas provincias aun antes del golpe.
Tras la dictadura, con la recuperación de ciertas libertades democráticas a partir de 1983, comunidades campesinas e indígenas comenzarán un proceso de rearticulación y reorganización por la base, dando cuenta de los nuevos desafíos del sector, tejiendo continuidades y potenciando nuevas militancias.
El INTA y las gallinas, Wenceslao y las mujeres del campo
Entre las primeras acciones que decidió la dictadura estuvo el ataque al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El 25 de marzo fue intervenida su sede en Castelar, y un día después un pelotón de la Armada copó el predio de la Estación Experimental Agropecuaria que la entidad tenía en Pergamino. Allí mataron a 1200 gallinas “camperas” que eran parte de una investigación genética que tenía como objetivo quebrar la dependencia de los pequeños productores respecto a las multinacionales proveedoras de alimento balanceado. Según reconstrucciones posteriores, la dictadura cívico militar dejó un saldo de diez científicos vinculados al INTA asesinados, diez desaparecidos y unos 800 despidos entre técnicos, administrativos y operarios.
Un mes después, en julio de 1976, en Chilecito, La Rioja, un grupo de tareas del Ejército asaltó la casa de Wenceslao Pedernera, campesino, integrante del Movimiento Rural de Acción Católica y colaborador cercano del obispo Enrique Angelelli, y lo acribilló frente a su familia. Tres semanas más tarde, el 4 de agosto, el propio Angelelli sería asesinado en una emboscada fraguada como accidente automovilístico, crimen que la Justicia y la Iglesia sindicaron como obra de los militares.
Documentos y archivos de prensa de la época coinciden en narrar las luchas históricas del movimiento campesino en masculino. Es cierto que quienes estaban al frente de las organizaciones solían ser varones. Pero, quien se lo proponga, puede descubrir el rol de las mujeres en las luchas campesinas sin mucha dificultad. Los Encuentros de Mujeres Liguistas, al interior de las Ligas Agrarias, cuestionaban el machismo y reclamaban que las compañeras no fueran relegadas a roles como amas de casa o tareas de apoyo, sino ser reconocidas como militantes con igualdad de derechos. Ya desde la década de 1960 el INTA había impulsado los Clubes del Hogar Rural, donde al principio se abordaban capacitaciones técnicas para las mujeres, pero después eso maduraba y se transformaba en la búsqueda de mayor protagonismo en sus organizaciones. Nombres emblemáticos como los de Irma Ferreyra y Mabel Gamarra, de las Ligas chaqueñas, y Catalina “Cati” Peloso, en Corrientes, engrosan la lista de dirigentes rurales perseguidos/as y secuestrados/as por la dictadura.
Llegamos al papel
Tiempo Rural llegó al papel y lo hizo en un momento muy importante para los protagonistas de este proyecto: la Mesa Agroalimentaria Nacional y la cooperativa que edita Tiempo Argentino. Tiempo Rural se edita semanalmente en formato virtual desde hace casi dos años y en vísperas del 50° aniversario del último golpe militar, llegamos al papel con una propuesta que, en esta oportunidad, se enfoca en una experiencia ineludible: la potencia de los movimientos campesinos en la década del 70. Es el primer paso de una nueva articulación que marca los 10 años de vida de la cooperativa de trabajadores que edita este diario. Estas páginas son mucho más que un suplemento. Implican el rescate de un género muy importante del oficio, como es el periodismo rural, una práctica profesional degradada por el agronegocio y reconstruida a partir de esta articulación entre la MAA y Tiempo. Las organizaciones del campo que alimenta han podido sintetizar una apuesta narrativa que implementamos desde Tiempo Argentino para llenar ese vacío informativo que invisibiliza a uno de los sectores más importantes del país. En la página web tiempoar.com.ar nuestros lectores se encuentran todas las semanas con una mirada distinta y superadora del discurso mercantil del agronegocio, pero siempre con una perspectiva política, económica y analítica sobre la actividad. Pero siempre sin perder de vista la centralidad de sus verdaderos protagonistas. Bienvenidos a esta nueva etapa de Tiempo Rural. «Difunda esta información, sienta la satisfacción moral de un acto de libertad».
