Más allá del acuerdo anunciado por el Gobierno nacional con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las cúpulas de algunos gremios, el conflicto de la educación superior parece lejos de disiparse. Especialmente por la brecha salarial entre lo que firmaron y lo que deberían recibir por la Ley de Financiamiento que llega a ser del 30% en determinados cargos.
Este martes comenzó un paro nacional que se extenderá hasta el sábado 20 de junio, liderado por los docentes agrupados en la Federación Nacional Conadu Histórica. La medida es en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que La Libertad Avanza sigue negándose a cumplir, y cuya efectivización hoy está en manos de la Corte.
El acta acuerdo suscripta entre el Gobierno, los rectores y otras federaciones docentes y no docentes ya había sido rechazada por la asamblea general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), que impulsó una marcha esta semana a la sede del ex Ministerio de Ciencia en el barrio porteño de Palermo.
El acuerdo rechazada por las bases universitarias
El acuerdo oficial implica un aumento del 21,3% en junio y un 3% en octubre. Además, a la propuesta salarial se le suma un 20% para gastos de funcionamiento, 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios y un aumento del 50% de las becas Belgrano. Quienes la rechazan denuncian que la suba es insuficiente y está muy alejada de lo establecido por la ley. Según la norma, los salarios de docentes y no docentes deberían actualizarse con un porcentaje no menor a la inflación acumulada desde diciembre de 2023 que, a mayo de 2026, alcanza el 312,1%. En el mismo período, los salarios básicos aumentaron tan solo un 155%.
Un ayudante de primera con dedicación simple (10 horas semanales) –un docente que está frente a curso– cobraba de básico $88.023 en diciembre de 2023 y este mes cobró $224.713. Con el acuerdo, cobrará $272.576 de básico. Según la Ley de Financiamiento Universitario, debería haber cobrado $362.742.
Otro caso es el de un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva (20 horas semanales), quien cobraba $210.727 en diciembre de 2023 y cobró $537.976 en mayo de 2026. Con el acuerdo, cobrará $652.726 de básico. Según la ley, debería haber cobrado $868.405.
Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, remarcó que “el acuerdo firmado por los rectores y las federaciones es insuficiente. Es un 21% que no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, por eso sigue el descontento de las bases docentes y no docentes con esta entrega”.
Esta semana, los abogados que representan al Gobierno en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario –la cual fue elevada a la Corte Suprema– presentaron como un hecho nuevo las actas suscriptas “entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas organizaciones gremiales docentes y no docentes, así como las actas paritarias docentes y no docentes suscriptas en la misma fecha”. Afirman que el acta obedece a la voluntad de atender a las necesidades planteadas por la norma en cuestión.
“Se confirma nuestra preocupación con la firma de este acuerdo por parte de los rectores y la burocracia sindical: además de no dar respuesta a las demandas docentes y no docentes, le brinda argumentos al Gobierno para intentar desarmar el reclamo judicial –subrayó Carboni–. Por eso nuestra asamblea rechazó el acta acuerdo y, junto a nuestra federación, ratificamos el paro de una semana”.
El congreso de Conadu Histórica resolvió por 64 a 36 votos rechazar la propuesta oficial, no firmar el acuerdo y ratificar el paro nacional del 16 al 20 de junio. En ese marco, y como parte de las resoluciones de una asamblea nacional autoconvocada de docentes universitarios, AGD UBA se movilizará este miércoles a las 14 horas al Polo Científico junto a ATE Conicet para rechazar los despidos de 380 becarios posdoctorales y exigir el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario.
