Victoria Núñez Fernández pudo, después de más de 50 días detenida en el marco de una causa armada por los incendios en la Patagonia, abrazar a sus compañeras del Lof Mapuche–Tehuelche Pillan Mahuiza. La justicia de Chubut consideró que no existe riesgo de fuga, aunque debe permanecer en la ciudad de Esquel hasta la próxima audiencia agendada para el 12 de mayo. Para la campaña colectiva que pide su absolución, «no es una libertad completa, sigue criminalizada».

Vic, como la nombran todos en su comunidad, tuvo que afrontar una audiencia ante el juez penal de Esquel, Jorge Criado, quién no permitió el ingreso a la sala ni de la prensa, ni de las organizaciones y personas autoconvocadas para pedir la absolución de la imputada. Sólo pudieron estar presentes sus padres.

La mujer, de 37 años y oriunda del oeste bonaerense, estaba detenida desde el 11 de febrero, cuando el juez Criado ordenó los 12 allanamientos simultáneos a comunidades originarias realizados con un violento operativo por cientos de efectivos policiales. Las comunidades denuncian que se trató de una “causa armada para criminalizar a las comunidades y sus aliadas”.

“Terrorista”

Victoria fue la única detenida de aquellos allanamientos en las comunidades Mapuche-Tehuelche de Chubut bajo los cargos de “coautoría de atentado en la estancia Amancay, en la localidad de Trevelin; participación en una asociación ilícita; y disturbios en la vía pública”.

La defensa de Victoria probó, gracias a la geolocalización de su camioneta, que el día del incendio en la estancia Amancay ella se encontraba en la localidad de Corcovado, es decir, a unos 80 kilómetros de distancia.

“La identidad de Vic y las fotos de su rostro fueron replicadas en todos los medios de comunicación masivos dando por confirmada una hipótesis sesgada y sin respetarse la garantía de presunción de inocencia”, denunció la campaña para su absolución.

Un día antes de los allanamientos, el gobernador de Chubut Ignacio Torres se refirió a las comunidades mapuche como “terroristas del fuego”.

Para la campaña que pide la absolución de Victoria, la declaración del gobernador estableció «un pretexto para los allanamientos y una criminalización explícita y un mensaje repudiablemente racista».