La Fiscalía de Perú solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión para el candidato a la Presidencia por Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, quien quedó prácticamente confirmado para disputar el balotaje de junio frente a la ultraderechista Keiko Fujimori, por varios supuestos delitos relacionados con la financiación de su campaña entre los años 2018 y 2020.

El organismo pidió también la «inhabilitación definitiva» de Sánchez como presidente de la formación política, al acusarlo de la comisión de dos delitos: «falsa declaración en procedimiento» administrativo y falsedad documental, tal y como recoge el documento difundido por el diario ‘El Comercio de Perú’.

En particular, el Ministerio Público considera que el líder de Juntos por el Perú, en su calidad de representante del partido, habría declarado datos falsos ante la la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de cara a las elecciones de 2018.

De acuerdo al organismo electoral, Juntos por el Perú declaró ingresos por valor de «cero soles», mientras que la acusación asegura que el partido recibió aportaciones por valor de más de 200.000 soles (cerca de 60.000 dólares) que se habían depositado en una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino, expresidente del Comité Nacional Electoral de JP y hermano del actual candidato a la Presidencia.

La Fiscalía considera que Sánchez también habría falseado información sobre gastos e ingresos en la gestión de la campaña para las elecciones de 2020, así como sobre la financiación general del partido ese mismo año.

El abogado de Sánchez, Carlos García Asenjo, rechazó las acusaciones contra su defendido, alegando que no es competencia de Sánchez los informes financieros de la formación, que son elaborados por el tesorero. «El Ministerio Público está confundiendo quién es el verdadero transmisor de la información económica del partido. Quien envía la información económica del partido o quien es el responsable de elaborar e informar sobre las cuentas es el tesorero.

Lo que hace el señor Roberto Sánchez es agarrar el informe, hacer una carta indicando que está adjuntando la información económica elaborada por el tesorero y presentarla ante la ONPE», señaló en declaraciones recogidas por la emisora peruana RPP.

Tras el escándalo de irregularidades en el recuento eleccionario, con el con el 99,63% del voto escrutado, la tendencia es irreversible y todo indica que Sánchez disputará la Presidencia a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio, tras obtener el 12% y superar al tercero, Rafael López Aliaga, por apenas 14.000 votos.

El exjefe de la ONPE Piero Corvetto y otros seis funcionarios están siendo investigados por supuestas irregularidades después de que unos 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaran no haber podido ejercer su derecho al voto la jornada electoral, debido a la falta de material electoral, por lo que las autoridades prorrogaron la votación hasta el lunes 13 de abril.

BB con Europa Press