En un mes y dos días comenzará el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, en Colombia, pero la futura oposición representada por el partido saliente ya empezó a trabajar en su rol. Desde la banca en el Senado que le corresponde, según la Constitución, por haber sido el segundo candidato presidencial más votado, Iván Cepeda liderará no solo el bloque mayoritario en la Cámara Alta, sino también, en conjunto con el próximo expresidente, Gustavo Petro, el movimiento de izquierda con mayor representación institucional de la historia de Colombia, una realidad que les permite paliar la decepción de la derrota por solo un punto en el balotaje y hasta considerar la posibilidad de un retorno en 2030. Tras una reunión la semana pasada entre Cepeda y Petro, para definir las líneas de acción de aquí en más, según pudo saber Tiempo, Cepeda dirigió su primer acto opositor con una demanda contundente: llamó a su electorado a ejercer la «desobediencia civil pacífica» si Abelardo de la Espriella no renuncia a su ciudadanía estadounidense y señaló que el declarado apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia De la Espriella durante el proceso electoral, «muestra la clara predisposición» del nuevo presidente de «entregar» la seguridad nacional y la soberanía jurídica del país. Por eso convocó a “no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.
Cepeda expuso que para obtener la nacionalidad estadounidense, De la Espriella contrajo «ineludiblemente compromisos y obligaciones» incompatibles con el ejercicio de su cargo como presidente de Colombia. «El juramento de ciudadanía de EE UU establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros», detalló en un comunicado publicado en sus redes sociales.
«Su posesión estará viciada, sin lugar a dudas», avanzó Cepeda, y reclamó que De la Espriella aclare si en algún momento fue colaborador de agencias estadounidenses como el FBI o la DEA, en base a su papel como abogado de Alex Saab, el supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sus conocidas relaciones con jefes paramilitares colombianos.
Cepeda llamó a los “más de 12 millones,700 mil” votantes que lo apoyaron el 21 de junio a desconocer “pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra constitución política” si no se cumple esta petición que ya recibió la crítica del vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, quien calificó como un «atentado contra la democracia» las declaraciones del excandidato. Restrepo censuró como un hecho «gravísimo» la declaración de Cepeda. Para Restrepo, la cuestión de la doble nacionalidad de De la Espriella es «una discusión bizantina y absurda que ya fue absolutamente resuelta», así como un «sofisma de distracción» que solo afecta a la democracia del país. Restrepo a la vez confirmó que no habrá reunión previa al traspaso entre de la Espriella y Petro.
La posición, sin embargo, apunta a condicionar al próximo gobierno de extrema derecha respecto de las reformas que pretende aplicar a partir de su primer día de gestión, que prometen grandes ajustes, reducción del Estado y marcha atrás de políticas progresistas impuestas en los últimos cuatro años. “Habrá una línea muy sólida de defensa de las reformas en el Congreso, liderada por Iván Cepeda desde el Senado y por Aida Quilcué desde la Cámara (de diputados), junto con los 46 congresistas del Pacto Histórico”, adelantó a Tiempo Vladimir Rodríguez, excandidato a diputado por la ciudad de Bogotá y referente de la coalición de izquierda que será oposición a partir del 7 de agosto. “Esperamos constituir con los demás partidos progresistas y demócratas, el Partido Verde y otros sectores, una mayoría que permita que los avances en la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud y otros asuntos que son de destacar del gobierno de Petro se puedan mantener”, confió. El dirigente confirmó además que el mismo 8 de agosto, un día después de la asunción, habrá “movilizaciones en diferentes partes del país para evitar que avancen con los procesos de contrarreforma que se han venido anunciando”.
En tanto Petro mantuvo el viernes una conversación telefónica con el presidente de los EE UU, Donald Trump, a quien le pidió “ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian”.
Petro reveló un curioso episodio de esa conversación cuando Trump se mostró extrañado por su enfrentamiento al presidente electo, de signo completamente opuesto. “Me extrañó que no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema”, relató. También comentó que le dio todos los datos del programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de Coca “que serán publicados par orgullo de mi gobierno y de la sociedad colombiana. Dejé financiado el programa hasta diciembre de este año 2026 y le solicité por su eficacia, que lo mantuvieran”, dijo.
La crónica de un final anunciado: Fujimori asumirá el martes 28
Pasó más de un mes, pero al final el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó el triunfo de Keiko Fujimori y la proclamó como presidenta electa del país, tras superar al candidato Roberto Sánchez en la segunda vuelta de los comicios el pasado 21 de junio, convirtiéndose en la novena jefa de Estado en apenas una década. La nueva presidenta asumirá el martes 29 de julio: el traspaso del poder será muy rápido.
La suerte de Fujimori fue bastante más favorable que la de Pedro Castillo, quien padeció una incertidumbre de casi dos meses sin que la autoridad proclamara su triunfo, debido a las denuncias por supuesto fraude que su contrincante, en ese caso la derrotada Fujimori, había presentado a la Justicia, por haber perdido por una diferencia semejante a la que le dio la victoria en estas últimas elecciones.
Fujimori presidirá la República junto a Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente para el periodo 2026-2031.
En tanto el excandidato derrotado de Perú Libre, Roberto Sánchez, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando cambios de reglas en «pleno» proceso electoral, después de que su rival lo superase por poco más de 49.600 votos.
El dirigente afirma que se impidió que en la segunda vuelta se digitalicen las actas de las votaciones en el extranjero», lo cual «viola el principio de intangibilidad normativa (que señala que no haya cambios en pleno proceso electoral)». Sánchez también critica «la forma en que fueron transportadas dichas actas hacia Perú y la demora en llegar».
